Derribos GIL

Justo Navarro/ elpais

Decía Jesús Gil que sus ídolos eran Jesús, Franco y el Che Guevara, y no sé a qué Jesús se refería, aunque también dijo: "Con la popularidad que tengo, yo podría ser Dios". Lo votaron muchos en la Costa del Sol, en el Campo de Gibraltar, en Ceuta y Melilla. Fue promotor inmobiliario, presidente y máximo accionista de un equipo de fútbol, político, fundador del Grupo Liberal Independiente (GIL). Estrella de la televisión, presentó un programa desde una bañera. Hablaba ante las cámaras con un caballo, como un emperador romano loco. Cuantos más indicios había de que podía ser un delincuente, más votos ganaba en tres elecciones sucesivas. Duplicaba y duplicaba a la larga el número de concejales a su mando: de 19 a 43, de 43 a 93. En 1995 el GIL incluso presidía Ceuta.

Quería más: ser presidente del Gobierno para limpiar España. Juró limpiar Marbella, y en 1991 conquistó el Ayuntamiento con una demoledora mayoría absoluta. Era un político contra la política, un caso puro de populismo antipolítico. Constructor, tenía problemas con el gobierno municipal. En 1986 pagaba cantidades millonarias al PSOE para que el Ayuntamiento y la Junta le aumentaran el volumen de edificabilidad de una urbanización. Denunció los hechos ante el fiscal en 1996, cuando el posible delito ya había prescrito. En 1991 quiso ser alcalde. Era el primer candidato que no presumía de estar por encima de sus intereses privados para servir a la comunidad. Confesaba servir a la comunidad en beneficio propio: para ahorrarse los sobornos a los políticos profesionales o sobornarse a sí mismo. Se ponía al servicio de Marbella por sus intereses de constructor. Para hacer y vender más casas. Para ganar más.

Practicaba una especie de capitalismo crudo, fundamentalista, sin vergüenza. No disimulaba las relaciones de la política democrática con el egoísmo empresarial. Creía que la mayoría absoluta de los votos liquidaba todas las reglas de la democracia. El pueblo votante era la única ley: los votos eran los jueces que absolvían de cualquier delito que el gobernante pudiera cometer. Los políticos profesionales le parecían parásitos. Había que barrerlos, como a las putas. "Voy a echar a todas las putas", dijo. Limpió Marbella de mendigos, de extranjeros pobres. Su policía alcanzó una fama brutal. Gobernar era usar y saquear sistemáticamente los bienes públicos en beneficio privado. Los ayuntamientos del GIL ni siquiera eran amigos de pagar a la Seguridad Social, ni a Hacienda.

Estaban construyendo el paraíso, de Tarifa a Melilla. Había dinero líquido en las calles, internacional, de todos los colores. Gil dirigía un partido que era una empresa inmobiliaria y de servicios múltiples, y que fundía su Club Financiero Inmobiliario con los ayuntamientos conquistados. El proyecto Gil se convirtió en el modelo para la construcción de la región. La vía hacia la riqueza general era simple: transformar el patrimonio público en propiedad privada. Había trabajo, felicidad, fiesta, y Gil tenía ese estilo que llamaríamos fascistoide, matón, aunque muchos lo entienden como valentía: el don de la palabra insultante y atropelladora. Sonoro como una campana, era llano, natural, primitivo, excesivo, exagerado, uno más del pueblo. Insultaba a los árbitros, a los futbolistas millonarios cuando perdían. Pegaba un guantazo en una reunión de presidentes de fútbol.

Los políticos eran muertos de hambre, corruptos. "Yo soy rico y puedo permitirme ser honrado", decía. Anunció milagros: "Voy a resucitar Marbella". Se difundió su modelo para resucitar la economía. Nacieron cien pequeñas Marbellas de convenios urbanísticos tramposos y privatización masiva de suelo público. Los ayuntamientos se transformaban en oficinas de blanqueo de capitales delincuentes. Ahora la economía resucitada es un zombi.

Roca, el arte del escaqueo

José Manuel Atencia/ elpais

Menuda crisis que tenemos encima. La situación económica es tan mal que hasta Juan Antonio Roca ha perdido su trabajo. Y eso que era funcionario. Se ha quedado sin su plaza en los Servicios Operativos de Marbella, donde ganaba 9.066 euros brutos al mes, la mitad por gratificaciones e incentivos. Igual para Roca se trataba de una minucia, sobre todo si el hombre compara la nómina que tenía con los extras que llegó a conseguir como responsable del área de Urbanismo y urdidor de la trama del caso Malaya. A pesar de todo, no deja de ser una faena. No está el patio como para perder un empleo con esa remuneración. Y encima de funcionario. De los de por vida.

A Roca le ha pasado como en su día a Al Capone, que lo que no ha conseguido todavía la justicia lo han logrado los procesos administrativos. Él no ha sido despedido porque desde su despacho montara la mayor red de corrupción municipal descubierta en España. Esos hechos están todavía por juzgar. Este funcionario ha perdido su empleo porque el día que lo detuvo la policía se le olvidó entregar en el Ayuntamiento un escrito pidiendo unos cuantos años de asuntos propios. Desde que ingresó en la cárcel, en marzo de 2006, no ha acudido ni un solo día a su despacho, lo que ha llevado al ayuntamiento marbellí a la rescisión de su contrato por "faltas repetidas e injustificadas a su puesto de trabajo".

Y es que el ex gerente de Urbanismo, durante más de mil días en prisión, no llamó ni una sola vez al ayuntamiento para decir que se encontraba indispuesto. Tampoco entregó en el área de personal ni un mísero parte médico por un catarro ni una mínima baja por depresión ni un pequeño certificado por la operación de un familiar. Nada de nada. Él se ha limitado a estar más de tres años metido en su celda sin darle un palo al agua, en la confianza de que su abogado lograse su salida de la prisión preventiva para poder reincorporarse a su trabajo en el ayuntamiento, al igual que han hecho otros imputados en la causa.

El PSOE de Marbella cree, y parece que con razón, que hubiera sido más ágil y fructífero fundamentar el despido de Roca en los dos sentencias firmes que ya acumula este personaje, una de ellas por el denominado caso Belmonsa y por la que ha sido condenado a nueve meses de prisión por dos delitos de tráfico de influencias. Aunque es cierto que el equipo de gobierno del PP ha utilizado estas sentencias para justificar la medida, al final han decidido mantener como argumento principal "la repetida e injustificada ausencia a su puesto de trabajo".

La legislación laboral impide despedir a un trabajador en prisión preventiva, ya que el contrato queda en suspenso hasta que haya sentencia firme. A ello se agarró el abogado de Roca para pedir el archivo del expediente. Y eso esgrimieron los jueces que declararon nulos los despidos que tramitó la Comisión Gestora que gobernó el ayuntamiento de Marbella tras la disolución de la corporación y que afectaron en su día a otros imputados en el caso Malaya y a cargos de confianza de los mandatarios encarcelados.

Habrá que ver si el anunciado recurso de Roca contra su despido no se encuentra por el camino con un juez que sólo se fije en los titulares. La causa para justificar la rescisión del contrato es tan curiosa que, a simple vista, provoca hilaridad. De momento, nos quedamos con la única alegría de los datos del paro del pasado mes de agosto y que alcanza más de 800.000 personas sin empleo en Andalucía. Si el expediente de Roca tiene fecha del día 24 del pasado mes, se supone que entre los nuevos parados se encuentra el ex gerente de Urbanismo de Marbella. Y tal y como está la situación económica, al menos hay un desempleado menos del que preocuparse. Se supone que Roca va a seguir bastante tiempo escaqueado en la cárcel. Y las sentencias contra él, además de ser firmes, se ejecutarán.

Marbella planea sus primeras viviendas protegidas en 18 años

Juana Viúdez/ elpais
Marbella

El municipio desbloquea cinco fincas en las que pretende levantar 195 VPO

Las viviendas de protección oficial vuelven a ser una posibilidad en Marbella (Málaga) después de 18 años sin que se haya puesto un solo ladrillo bajo esta denominación en todo el término municipal. La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), anunció ayer el desbloqueo de cinco parcelas en las que prevén construir 195 viviendas públicas. Los precios oscilarán entre los 80.000 euros, por una vivienda de unos 70 metros cuadrados, y los 130.000 euros, para los pisos de mayor tamaño.

La cantidad es casi un espejismo si se tiene en cuenta de que se levantarán en uno de los suelos más caros de la Costa del Sol. "Se trata de dar una oportunidad a los jóvenes menores de 35 años, que normalmente tienen más dificultades para independizarse", explicó la alcaldesa.

Las parcelas desbloqueadas están en los núcleos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. "Su liberación ha sido un proceso complejo, debido a la mala gestión del Ayuntamiento en los últimos años, a la que hay que sumar la costumbre de anteriores gobiernos de vender y enajenar patrimonio municipal", subrayó la regidora.

Para llevar a cabo este proyecto, el equipo de gobierno acordó ayer crear una nueva unidad administrativa de promoción de la vivienda y el aparcamiento. Esta unidad dependerá orgánicamente de la Delegación de Obras Públicas.

El Ayuntamiento marbellí pretende estudiar los planes de vivienda puestos en marcha por diferentes administraciones, como la Junta de Andalucía o la Diputación malagueña, y pretende decantarse por el que ofrezca "mejores condiciones".

El pasado 4 de abril, la Comisión Gestora hizo pública la firma de un convenio con la Empresa Provincial de la Vivienda de Málaga para construir 120 viviendas protegidas, aunque el proyecto, que también tenía las parcelas asignadas, no llegó a materializarse.