La recaudación fiscal del Govern por la vivienda disminuye el 48%

Agustín Sala/ elperiodico
Barcelona

• Los ingresos de los tributos directos acumulan un descenso del 17%
• La Conselleria de Economia reducirá su previsión de crecimiento al 2%

Los ingresos de la Generalitat vinculados a la vivienda siguen en caída libre. En el primer cuatrimestre se recaudaron por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP y AJD), 659,8 millones (-48%), prácticamente la mitad de la suma ingresada en el mismo periodo de hace un año, según los datos de ejecución presupuestaria del Ejecutivo catalán.

Las últimas cifras consolidan en las cuentas de la Administración catalana la senda bajista por el impacto de la desaceleración económica que comenzó tras el verano pasado. Mientras el conjunto de los impuestos directos se mantiene en torno a lo previsto y por encima de lo ingresado en el primer cuatrimestre del 2007, el conjunto de los procedentes de la tributación indirecta, 2.706,3 millones, registraron hasta abril una caída de casi el 17%.

El parón experimentado en la compraventa de viviendas y de vehículos de segunda mano --las principales operaciones que gravan el ITP y AJD, a las que se suman también las escrituras hipotecarias-- ha impactado de lleno en este tributo y, por tanto, también en el presupuesto catalán. El volumen total de ingresos de la Generalitat hasta abril, 7.633,9 millones, se redujo el 1%.

La Conselleria de Economia, dirigida por Antoni Castells, ya rebajó sus expectativas de ingresos del ITP y AJD para este año: previsión de 3.830,7 millones para todo el año, el 13,8% menos que en el 2007--, pero tendrá que reducirlas todavía más. De hecho, cuando ya ha transcurrido un tercio de todo el ejercicio, apenas se ha recaudado el 17,8% de lo previsto, lo que supone unos 600 millones menos de lo estimado.

De mantenerse esta tendencia, como todos los indicios apuntan, la merma recaudatoria puede superar este año de nuevo los 1.000 millones, como en el ejercicio pasado. El ITP y AJD, además, ya perdieron peso en el primer trimestre, al pasar de tercer puesto en el ranking de tributos por los ingresos generados hasta el cuarto. Hasta el 2006 fueron dos de los tributos que más crecieron, con incrementos anuales de entre el 19% y el 28%.

Revisión urgente del sistema

Castells reclamó hace semanas la inmediata revisión del sistema de financiación autonómica como consecuencia de la pérdida de 1.141 millones el año pasado por la excesiva dependencia de unos impuestos muy ligados a la actividad constructora. Desde el año pasado, la conselleria mantiene una severa política de ajuste de gastos. Esa austeridad se ha traducido y pronunciado en los últimos meses con recortes en los gastos corrientes.

La Conselleria de Economia tiene previsto rebajar sus previsiones de crecimiento para este ejercicio, desde el 3% inicial al entorno del 2%. En la misma línea se pronunció días atrás el Ejecutivo central. Esa modificación tendrá impacto en los presupuestos de la Generalitat, que tendrán que adecuarse a la nueva situación económica.

Más rigidez en el mercado hipotecario

EXPANSIÓN

A lo largo y ancho de la legislatura, el Gobierno de Zapatero ha alimentado las expectativas de los españoles con proyectos y reformas ‘estrella’ destinadas, al menos sobre el papel, a introducir sensibles mejoras en aspectos tan esenciales como la vivienda, la emancipación de los jóvenes o el cuidado de las personas que no pueden valerse por sí mismas.

Revoluciones que, a la postre, se han visto lastradas por los problemas técnicos y/o burocráticos –es decir, por la falta de previsión–, como ha sido el caso de la Ley de Dependencia, cuando no han acabado directamente en decepción por conseguir justo lo contrario de lo que pretendían.

Este es el caso de la nueva Ley Hipotecaria, que ha entrado en vigor hace menos de un mes y que, si bien introduce ciertas mejoras técnicas y novedades –mayor transparencia y control, rebaja de comisiones, incorporación de la figura de la hipoteca inversa…–, no logra, sin embargo, cumplir dos de los grandes objetivos para los que, teóricamente, fue concebida: reducir los costes que supone para el ciudadano la suscripción de una hipoteca y flexibilizar el mercado hipotecario.

El abaratamiento prometido se ha quedado poco menos que en agua de borrajas al descartarse las rebajas fiscales contempladas en un inicio, especialmente en lo que se refiere a las exenciones en el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que representa la mitad del coste que un ciudadano tiene que afrontar al contratar una hipoteca.

Tampoco se ha materializado la anunciada flexibilidad en la contratación de un crédito hipotecario, promesa que, a la postre, se ha tornado en mayor rigidez. Aunque el Gobierno insiste en que la nueva ley amplía la capacidad de elección de las familias, lo cierto es que la limita notablemente en un aspecto tan relevante como la subrogación crediticia. De hecho, en el supuesto de que un ciudadano solicite o reciba una contraoferta de otra entidad, el primer banco podrá igualarla o mejorarla e impedir así el libre traslado de la hipoteca, so pena de optar por la cancelación del préstamo y la contratación de uno nuevo, con el incremento de costes que ello implicaría.

Es innegable, y en ello coinciden los expertos, que la norma incorpora mejoras en algunos aspectos, pero se queda muy corta en su propósito inicial de beneficiar al consumidor, que puede llegar a encontrarse con más inconvenientes que ventajas. Una medida que, además, introduce más rigidez que flexibilidad en el mercado hipotecario y de la que se beneficiarán sobre todo aquellas entidades con servicios menos competitivos, que podrán blindar así sus préstamos.