Mobbing: cuando el enemigo entra en casa

Andrea de Pablo/ nodo 50/ diagonal
Madrid

Amenazas y chantajes, averías provocadas o invasiones son algunas de las tretas que los propietarios y las constructoras utilizan para deshacerse de los inquilinos más molestos, es decir, aquellos que no suponen un buen negocio. Se trata del fenómeno del mobbing o acoso inmobiliario, una practica bastante frecuente en el país de la especulación, y que afecta especialmente a inquilinos con alquileres de renta antigua que suelen pagar bastante menos de la mitad de un alquiler normal en zonas de renovado interés urbanístico. La iniciativa del Ministerio de Vivienda se ve como insuficiente por las plataformas por la vivienda.

Buena parte de los afectados por el mobbing -que según algunas estimaciones podrían superar las 10.000 familias sólo en Cataluña- son personas de avanzada edad que se encuentran en situación de desprotección y desamparo al no tener recursos económicos que les permitan afrontar una batalla legal, además de resultar bastante difícil probar el acoso o la negligencia de los propietarios. En muchas ocasiones se trata de una estrategia a medio y largo plazo, donde se unen las coacciones directas y otras artimañas, como abandonar el mantenimiento del edificio, llenarlo de basura, de agujeros en el suelo, romper la cerradura del portal o provocar averías en las cañerías y el sistema eléctrico esperando a que los inquilinos se marchen por pura desesperación, o a que la administración lo declare en ruinas y obligue a su desalojo. Es el caso de muchos inmuebles que en los últimos años han sido derruidos en el emblemático Raval de Barcelona. Pero algunos vecinos de este barrio no se han rendido y continúan su lucha. En el número 29 de la calle Robadors permanecen cuatro viviendas habitadas pese a llevar desde el año 2003 sufriendo un acoso continuo por parte de las inmobiliarias propietarias del edificio, las empresas Taravas 8086 SL y Mancia SL, que pretenden construir nuevos pisos de lujo. El pasado 28 de noviembre los inquilinos debían ser desalojados, pero una juez ha suspendido la orden de manera cautelar atendiendo a la petición de varias asociaciones que alegan que el caso se encuentra en manos del Tribunal Supremo y que éste aún no se ha pronunciado. Estas mismas entidades, entre las que se encuentran la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la Comisión de Defensa del Col.legi d’Advocats, Arquitectes sense Fronteras y el Taller contra la Violencia Inmobiliária, han presentado una querella criminal por acoso, a la que se unirá la Junta del distrito de Ciutat Vella.

No se trata de la primera acción judicial de este tipo. La admisión a trámite en los últimos años de varios casos de mobbing inmobiliario demuestra que no se trata de un hecho aislado, sino de un problema muy extendido. De hecho, la ONU sitúa a España a la cabeza en este tipo de prácticas. El año pasado Miloon Kothari, relator especial de asuntos de Vivienda de las Naciones Unidas, visitó varios de los barrios que se encuentran en pleno proceso de renovación en Madrid, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Barcelona y Zaragoza, tras lo cual concluyó que la situación es “particularmente grave y una vergüenza para el país” ya que, según sus palabras, no ha observado “casos tan graves de acoso inmobiliario en otras partes del mundo desarrollado”, e instó al Gobierno a cumplir con su deber porque tanto en la Constitución española como en diversos tratados sobre derechos humanos internacionales se establece el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna.

Pero cada vez más la vivienda es una mera mercancía, muy lejos de ser un derecho social básico. El Gobierno propuso hace más de un año un proyecto de reforma del Código Penal que planteaba el endurecimiento, entre otros, de los delitos relacionados con la violencia y corrupción inmobiliaria, pero que enmienda tras enmienda nunca ha llegado a ser aprobado, con lo que de momento ni siquiera se puede hablar de que la ley esté llena de agujeros, sino de lo contrario: es por esos agujeros por donde algunos vecinos han podido iniciar un proceso judicial.

Primer precedente

El primer precedente legal en España contra el acoso inmobiliario data tan sólo de 2003, año en que una anciana de 75 años presentó una querella tras verse obligada a abandonar la casa en la que residía desde el año 1936, y por la que pagaba una renta de 40 euros al mes, ya que el edificio estaba lleno de basura, ratas y cucarachas, aparte de encontrarse en pésimas condiciones de mantenimiento y seguridad. La denuncia fue archivada hasta que un año más tarde la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir el caso, que aún se encuentra en los tribunales.

La primera victoria legal, sin embargo, llegó desde Getxo (Vizcaya), donde un juez finalmente dio la razón a los inquilinos de la casa Tangora, que llevaban más de un año sufriendo el acoso de un empresario propietario de uno de los pisos y que pretendía hacerse con el edificio entero. Ante la negativa a vender de los vecinos, el empresario ideó un plan de ataque y le alquiló su vivienda, por un euro al mes, a una familia gitana de 30 miembros, que debían ahuyentar a los vecinos a base de amenazas, robos y de provocar desperfectos en el inmueble, como inundaciones. La sentencia, que sienta precedente en materia de mobbing inmobiliario al ser la primera en reconocer este tipo de coacciones, es un tanto insólita pues además de obligar al desalojo de los imputados, les condena a una suerte de destierro de Getxo, donde no podrán volver a residir. Sin embargo, en la mayoría de los casos las denuncias llevan años sin ser escuchadas. Ante esta situación, Carme Chacón, ministra de Vivienda, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, firmaron el pasado 3 de diciembre un acuerdo de colaboración para luchar contra el mobbing.

Se trata de establecer una línea de teléfono gratuita para recibir las denuncias, y que servirá para asesorar a los afectados y trasladar sus quejas a cada ayuntamiento. En dos meses el Ministerio de Vivienda iniciará un plan piloto en 10 ciudades. Se trata de un pequeño paso desde la administración para poner fin a una situación que requiere de soluciones legales drásticas e inmediatas. Sin embargo, como comenta Bruna, de El Refugio, “pretender que llamando a un teléfono se puede resolver la situación es no hacer nada”. El asesoramiento legal es imprescindible, pero se obvia que “la mayoría de casos de mobbing inmobiliario se producen en áreas de transformación urbanística propiciadas o promovidas por la propia administración”. Para muchos, poner en manos de los ayuntamientos la solución no es ningún avance vistos los altos índices de corrupción que se practican en temas de urbanismo y vivienda.