La policía desaloja a 40 personas de nacionalidad rumana que okupaban un cortijo en Granada

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Una veintena de personas protestó anoche frente al Ayuntamiento de Granada tras ser desalojada por unos 60 agentes de la policía nacional y local del cortijo de las Angustias. Las mujeres y los niños de siete familias ya habían abandonado el cortijo la noche anterior y ayer una decena de hombres sacaba sus enseres cabizbajos entre una multitud de agentes, periodistas, cámaras y maquinaria pesada para iniciar el derribo de parte del antiguo cortijo.

"Nos vamos a la calle mi mujer embarazada y yo porque nadie nos ha querido alquilar", se lamentaba Jorik. Una orden judicial permitió al ayuntamiento proceder al desalojo para iniciar la reforma que convertirá al cortijo en la sede del Parque Tecnológico. Durante el desalojo los agentes identificaron a 42 personas. Poco después, la Policía detuvo en un cortijo cercano a cuatro personas que vivían en el cortijo, ya que, los andaban buscando desde hace tiempo para expulsarlos, dando así muestras de la hospitalidad de las fuerzas del orden.

El Ayuntamiento reubicó por la tarde a dos familias en un "piso de emergencia", pero otras cinco quedaron expuestas en la calle a las bajas temperaturas, ya que ningún hostal les admitió como huéspedes, pese a que una de las madres tiene un bebé de sólo 35 días. La concejal de Bienestar Social, Ana López, se lava las manos con la explicación de que los servicios sociales del ayuntamiento buscan sitio en los distintos albergues de la ciudad como solución temporal.

La plataforma creada en defensa de las familias criticó ayer que la Junta y el ayuntamiento no hayan alcanzado un acuerdo global para reubicarles. "Me parece inaudito que no haya casa para alquilarles en toda la provincia de Granada... me pregunto si eso no es racismo", protestaba una miembro de la plataforma. "Al resto de las familias les han dicho literalmente que se busquen la vida, e incluso que si están en la calle les quitarán los niños", denunció Natalia García, miembro de la plataforma.

Las familias se plantean ahora okupar un nuevo inmueble debido al intenso frío. "He venido a España en busca de una vida mejor porque en Rumanía tenía que andar hasta cinco kilómetros para comprar comida a mis hijos", aclaró una mujer desalojada.

Recordemos que la pasada semana la policía desalojó en Puente Genil a 100 personas rumanas, que ocupaban 3 viviendas deshabitadas de la localidad cordobesa.

Los sindicatos policiales exigen que se atajen los brotes radicales en la Cañada Real

Carlos Hidalgo/ abc
Madrid

Los tres principales sindicatos policiales manifestaron ayer su preocupación por que en la Cañada Real Galiana pueda estar surgiendo un germen radical a raíz de los derribos de viviendas ilegales ocupadas por árabes durante el pasado mes de octubre.

La Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) expresaron su deseo de que se investigue qué puede haber detrás de las acciones violentas contra los agentes por parte de grupos de árabes residentes en el poblado.

Rodrigo Gavilán, de la CEP, al hilo de la información publicada ayer por ABC, en la que se daba cuenta de que la Policía investiga a un imán de la Cañada por si está instigando a menores a agredir a los agentes de cara a nuevos derribos, se manifestaba así: «Ya cuando se produjeron los primeros desalojos en la zona árabe dijimos que podía haber un trasfondo de tipo religioso. Lo del día 18 fue una emboscada, provocada a raíz de lo ocurrido el día 9».

Gavilán exigió que se trabaje ya para acabar con la inmigración ilegal en la Cañada. Tras los primeros derribos, en pleno Ramadán, la CEP considera que «un sector radical interpretó que era un ataque a su religión y comenzó a alentar a la población para repeler las actuaciones policiales».

«No entramos en el poblado»

«Nosotros, los policías -añadió Gavilán-, no estamos entrando en el poblado porque no hemos recibido la orden de la Delegación del Gobierno. Si se utilizaran los recursos de la ley, se acababa con esos brotes en apenas unos días, porque el 50% de la población está de manera ilegal en España». Por ello, pidió a todas las Administraciones que se pongan a trabajar para erradicar el problema. «Si se probara que existen personas que enseñan a menores a hacer cócteles molotov, hay sectores radicales en esta zona que están siendo atraídos por el radicalismo yihadista», indicó.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Felipe Brihuega indicó que «si se está investigando en ese sentido, habrá que dejar a la Policía que siga con su trabajo». «Si las sospechas se confirman -dijo-, estaríamos ante un tema muy grave. Pasaríamos de una cuestión social a algo peor».

Podría ser, indicó Brihuega, «un caldo de cultivo yihadista». Eso sí, desde el SUP se aboga, en primer término, por «atajar la problemática social cuanto antes, por parte de las Administraciones, tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid».

«Hay que ser muy prudentes, pero no es raro pensar que se deben de estar organizando para repeler algún nuevo desalojo. No es un tema menor, sino algo gravísimo», afirmó. Para el SUP, «hay que tener en cuenta la imagen que tienen esos jovencitos: se quedan con la imagen de la excavadora, de que se les ha tirado la chabola, de que se les ha echado de allí... Ese desencanto puede ser utilizado como caldo de cultivo yihadista, que se esté utilizando a esas personas a raíz del enquistamiento de la situación».

«Lo que está claro -añade el SUP- es que hay que actuar, en primer término, por la vía social», para evitar que el asentamiento siga creciendo -en la actualidad mide 15 kilómetros-, y se repitan situaciones como las vividas en las últimas semanas.

Mientras, desde la mezquita de Vicálvaro -que no es la que está siendo investigada, pero también se encuentra en la Cañada Real- se especulaba con que la Policía Nacional podría haber confundido la tinta de realización artesanal que se almacena en botellas en el interior de la de Valdemingómez con cócteles molotov, informa Ep. Las mencionadas fuentes apuntaron que esa tinta, conocida como «smaj», se fabrica con lana de oveja cocida y se utiliza para escribir en las clases coránicas.

Guetos dentro de un gueto

Alfredo Perdiguero, de la UFP, indicó: «Todos tenemos miedo de lo que pueda ocurrir en la Cañada. Al igual que en la otra ocasión, si quieren hacer algo más, nadie sabe por dónde pueden salir los tiros. Si se volvieran a organizar... Miedo daría».

Avisa de que ya se han cavado zanjas por la Cañada para evitar el paso de los coches policiales, por lo que se está reclamando la presencia en todoterrenos. «Además, las diferentes nacionalidades o grupos dentro de la Cañada están convirtiendo aquello en guetos dentro de un gueto», explicó la UFP. «Que se ataje esta situación o esto va a ir a mucho más. Lo que hay que hacer es poner trabas legales para que deje de extenderse», dijo Perdiguero.

Precisamente ayer por la mañana, la Policía acudió a la zona de Vicálvaro a desalojar una vivienda ilegal. El propietario, que ya había sido advertido, no hizo otra cosa que quemar la casa antes de que llegaran los agentes. Por ello, no hubo más que precintarla, puesto que fue deshabitada antes de que llegaran. El dueño afirmó que «había comprado esa casa a otro gitano».

Un colegio y una piscina de Rivas ocupan terrenos de la Cañada Real

C. Hidalgo/ abc

Tienen la Cañada Real Galiana (sus construcciones ilegales) a un puñado de metros de sus casas, de un colegio público y de las piscinas de la cooperativa. Así viven los vecinos del barrio de Covibar, en el término municipal de Rivas Vaciamadrid.

Lo explicaba el propio Félix Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de la Cañada Real, en una entrevista que, junto con el arquitecto de la organización, Ángel García, ofrecía a Efe. «El Colegio Público El Olivar tiene metido un 70%-80% del patio, que incluye un edificio polideportivo. Además, en el año 75, cuando Rivas Urbanizaciones comenzó a desarrollarse, se construyeron dos torres de 10 o 12 plantas en terrenos de la Cañada», afirmaba Rodríguez.

El arquitecto apostillaba: «Yo he hecho un plano basado en fotos aéreas y el Ayuntamiento de Rivas tiene dentro de la Cañada unos 25.000 metros cuadrados».

Sobre los futuros desalojos, proponen a las administraciones comprar los terrenos sobre los que se asientan sus casas y valoran de forma positiva la futura vigilancia de los agentes forestales.

La distancia existente entre el colegio, la piscina y las torres de pisos es mínima. Es más, sirve de atajo para entrar en esa zona de la Cañada, sin tener que pasar por su acceso desde la carretera de Valencia (A-3). Por la zona puede verse el trasiego de vecinos del asentamiento ilegal que acuden a la zona de Covibar, por ejemplo, a comprar el pan. Hay, incluso, una plaza, colindante con las infraviviendas, que se llama de la Cañada Real. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid es uno de los afectados por el trazado de esta Cañada, tan polémica y tan en boga siempre, pero especialmente desde el pasado 18 de octubre. Aquella mañana, una veintena de agentes de la Policía Nacional y de la Municipal resultaron heridos en una batalla campal con los vecinos de la Cañada que se encuentran en terreno del distrito madrileño de Vicálvaro y de la zona de Rivas en cuestión.

Esta situación ha levantado una polvareda sin precedentes. Además de las previsibles críticas entre las distintas administraciones madrileñas, el Gobierno de Marruecos, al calor de la polémica por la visita de hoy de Sus Majestades los Reyes a Ceuta y Melilla, enarboló los hechos ocurridos en la Cañada como un nuevo «agravio» de España hacia el país norteafricano.

Explicaciones a Moratinos

Ayer, el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pidió al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que rectificara las acusaciones contra el PP sobre este asunto. González instó a Moratinos a aclarar los términos de la conversación que mantuvo con el titular de la diplomacia marroquí, Tayeb Fassi Fihri. Según publicaban varios medios de comunicación, el político marroquí dijo en el Parlamento de Rabat que el ministro de Zapatero le confesó que los acontecimientos ocurridos en la Cañada Real son culpa de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

«Confío en que estas manifestaciones sean producto de un malentendido, ya que el ministro sabe perfectamente que los hechos que se han producido son consecuencia de una resolución judicial y que las competencias policiales son de su Gobierno, no de la Comunidad de Madrid», explicó el «número dos» de la Comunidad

Presión policial en la Cañada Real

M. C. Belaza y Á. Corcuera
elpais

Más de 50 agentes controlan el acceso a la zona de la casa derribada el jueves

"Sólo les falta pegarme un tiro. Ya no me queda nada, ni casa ni furgoneta". Abdul Ghailan, de 30 años, perdió el pasado jueves su vivienda de la Cañada Real Galiana, que fue derribada por una grúa municipal. Ayer, un control policial le arrebató también su medio de vida, una furgoneta que utiliza para llevar material de construcción. No tenía la documentación, perdida, según asegura, entre los escombros de su casa. Enseñó el seguro, a su nombre, pero no fue suficiente.

La policía no deja de vigilar la zona de la Cañada en la que vivía Abdul, la parte norte del poblado. Por la mañana, la Policía Nacional paró y cacheó a los vecinos. Algunos aseguran que hubo cuatro detenidos, extremo que la policía no confirma. Por la tarde, 20 vehículos de policía nacional antidisturbios, municipal y guardia civil llegaron sobre las seis a uno de los accesos, parando a los conductores y registrando los coches de todos los que regresaban de trabajar a sus casas. "Sólo es un control rutinario", indicó un agente.

La noticia de la llegada de los furgones corrió como la pólvora por la Cañada. Los vecinos decidieron meterse en sus casas ante el temor de una carga policial. "¡Vienen a por nosotros!", gritaba una mujer, muy nerviosa. "Luego dicen que les provocamos, pero llevamos toda la tarde aquí tranquilos y mira..." Por la rendija de la puerta de una casa se veían los ojos de una niña marroquí muy asustada.

En la Cañada Real viven, según cálculos policiales, unas 40.000 personas en viviendas ilegales que se han ido asentando en la zona desde los años 70. Los vecinos saben que no tienen derecho a estar allí y que en cualquier momento el Ayuntamiento podía decidir tirar abajo sus casas. Pero no entienden por qué ahora ni por qué se ha derribado sólo la casa de un marroquí, aunque haya una orden judicial. "Creo que es un error político muy grande lo que ha ocurrido", razonaba ayer Kamal Rahmouni, presidente de Atime, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España. "Y en el contexto de islamofobia que vivimos esto no ayuda nada. Las administraciones tienen que ponerse de acuerdo y plantear ya una solución para todos estos vecinos, españoles, marroquíes y de otras nacionalidades, que llevan muchos años viviendo aquí con sus hijos. No se les puede echar a la calle sin más cuando ellos han permitido que esto crezca sin límite durante más de 30 años", añade.