Un decreto de Barreda obliga a Castilla-La Mancha a comprar los pisos nuevos sin vender

CRISTINA CABALLERO, El Mundo - Su Vivienda, 07-08-2008

MADRID.- La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista José María Barreda, se convertirá en una de las mayores agencias inmobiliarias privadas de España en los próximos años, gracias a un decreto que el Gobierno autónomo aprobó el pasado sábado. La medida, que es inédita en España, obligará a la Junta a comprar las viviendas nuevas construidas por promotores privados que éstos no logren vender en el plazo de un año.

Para ello, los asesores en materia de Vivienda de la Junta han creado una nueva tipología de pisos, las Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), justificadas en el decreto por la alta demanda de casas que existe actualmente en Castilla-La Mancha (unas 50.000, según el Gobierno regional). Sin embargo, la oposición a Barreda le reprocha que esas viviendas benefician más a los promotores que a los demandantes de vivienda pública.

El primer punto que rompe drásticamente con las condiciones a que están sujetas las Viviendas de Protección Oficial es que las VIPP, definidas como "viviendas con protección pública específicas de la Comunidad", se podrán "promover y construir por promotoras privadas sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente a la promoción de viviendas de protección pública".

Es decir, los promotores podrán utilizar suelo sobrante, aunque no esté calificado específicamente para VPO, para construir pisos, siempre y cuando obtengan la autorización pertinente, que la Junta se reserva exclusivamente.

Lluvia de críticas

Pero lo que ha suscitado mayores críticas y que supondrá un alivio para muchas inmobiliarias que necesitan seguir construyendo y vendiendo en tiempos de extrema contracción del mercado inmobiliario es el artículo 14.

"Si transcurrido un año desde la declaración definitiva -como Vivienda de Iniciativa Público-Privada- existieran viviendas sin adjudicar, la promotora podrá instar a la Consejería competente en materia de vivienda a su adquisición en los términos previstos en el convenio". El sueño de cualquier promotor, construir pisos con una venta garantizada.

Además, las viviendas serán más rentables que las VPO, ya que su precio será un 10% más caro que las de mayor precio entre las de protección pública. Un piso de 70 metros (el tamaño máximo al que se podrán construir), saldrá por unos 180.000 euros, según los cálculos de EL MUNDO.

La norma sólo obliga a los promotores a vender "por sus propios medios" un 30% de las viviendas. El resto, tal y como reza el artículo, será problema del Gobierno de Castilla-La Mancha, que estará obligado a adquirir con dinero público todas esas viviendas, si no se venden, a un precio pactado de antemano con la inmobiliaria.

El decreto también incluye otro polémico artículo en la disposición adicional primera. En él, se permite que las viviendas libres de nueva construcción puedan pasar a ser calificadas como protegidas a petición del promotor.

El Pocero, gran favorecido

La medida ha suscitado las críticas de la oposición, que asegura que es un decreto "a la medida de El Pocero", el constructor que está desarrollando una macrourbanización en Seseña (Toledo), y de otros "promotores amigos" del presidente regional, para ayudarles a sacar adelante los pisos que no se venden.

"Barreda posibilitará que El Pocero, entre otros, conviertan sus viviendas libres sin vender de Seseña en VPO", denunció ayer Marcial Marín, secretario general del Grupo Popular. Según Marín, "no había ninguna necesidad de crear este tipo de viviendas, ya que se crea una nueva burbuja inmobiliaria, porque en la comunidad hay 85.000 pisos sin vender".

En la Junta, sin embargo, aseguran que ligar el decreto con El Pocero es una crítica "fácil y sin ninguna veracidad". "Las viviendas se construirán donde haya demanda, no donde quiera el promotor", explicó ayer el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrán. "Y en Seseña apenas existen demandantes de vivienda".

Al rescate de los promotores

La Comunidad de Castilla-La Mancha no es la única que ha aprobado en las últimas semanas medidas sobre vivienda. La Comunidad de Madrid firmó el pasado 30 de julio un acuerdo con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y varias entidades bancarias para abaratar los pisos.

Las 25.000 viviendas libres que existen en la Comunidad podrán acogerse a un precio máximo fijado en función de los metros cuadrados y de la zona en la que esté ubicado cada piso. "Esta medida ha conseguido que sean los promotores privados los que rebajen el precio de las viviendas libres que no venden, sin coste alguno para las arcas del Gobierno regional, ya que no son viviendas protegidas", explicó un portavoz de la Comunidad de Madrid.

En el PP critican también otro peligroso punto de la ley de Barreda, aquel que deja en manos de la Junta la regulación del procedimiento de selección de promotoras para desarrollar las viviendas VIPP. "¿Estarán pensando en los 25 promotores que Barreda comentó que podrían llevar a cabo el proyecto?", se pregunta el diputado del PP.

La justificación que dan en la Junta para haber aprobado este polémico decreto es que hay que dar "garantía a los promotores de que tendrán comprador en unos momentos difíciles". Según el consejero de Territorio, "si no se venden los pisos se incorporarán al patrimonio público de la Comunidad". Y luego, ¿qué hará la Junta con ellos?.

El Gobierno subvencionará la compra de casas de hasta 316.540 euros

Francisco J. de Palacio/ elperiodico
Madrid

• La reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 fija nuevas ayudas que alcanzan a las clases medias
• Los ingresos máximos para conseguir los apoyos públicos se sitúan en 3.354 euros mensuales

Bien está dar ayudas a los jóvenes, impulsar la vivienda en alquiler o construir casas para las rentas más bajas, pero faltaban medidas destinadas a las clases medias que ni pueden acceder a la protección oficial ni comprar un piso a precio de mercado. Por eso, el ministerio reformará el Plan de Vivienda 2005-2008 para subvencionar la compra de casas de precio concertado de hasta 316.540 euros a las que podrán acceder personas con ingresos no superiores a 3.354 euros mensuales.

Los promotores que tienen dificultades para colocar viviendas en estoc están de enhorabuena. Tendrán que rebajar sus pretensiones, pero se aseguran la venta.

La ministra Carme Chacón discutirá el miércoles con las autonomías el decreto que modifica el Plan de Vivienda 2005-2008 y cuyo borrador ya les ha sido entregado. Su intención es que el Consejo de Ministros del viernes apruebe la reforma.

La principal novedad del texto son las facilidades que se ofrece a los promotores con pisos sin vender --se habla de 300.000 casas "embalsadas"-- para convertirlos en viviendas de precio concertado y sacarlas a un mercado que, según los expertos, se las quitarían de las manos. Eso sí, teniendo en cuenta que se deben amoldar a ciertos requisitos.

Precios máximos

Por un lado, el Gobierno eleva los precios máximos de venta para las viviendas protegidas de nueva construcción y las de precio concertado en porcentajes que oscilan entre el 15% y el 120%.

Esto quiere decir que en una ciudad como Barcelona, perteneciente al ámbito territorial más caro, el grupo A, una vivienda que cumpla los requisitos de no superar los 90 metros cuadrados, con un garaje de 25 metros y un trastero de ocho, podrá venderse a precio concertado de hasta 316.540,22 euros. Ahora no podía superar los 273.375,65 euros.

Esta medida ofrece una salida a los promotores que no encuentran compradores para sus viviendas y quieren recuperar la inversión.

El precio básico de referencia, que ahora se sitúa en 728 euros el metro cuadrado, será revisado este año y subirá en torno al IPC real.

El nuevo plan también establece que un promotor podrá pedir la calificación de vivienda de precio concertado un año después de ponerla a la venta. Hasta ahora, el plazo establecido eran dos años, lo que dificultaba que muchos pisos en estoc pudieran salir al mercado transformándose en vivienda protegida.

Ingresos máximos

Las familias que quieran acceder a una casa a precio concertado no podrán ingresar más de 6,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) que este año se situará en 516 euros, o sea 3.354 euros mensuales. Disfrutarán de un préstamo sin gastos ni comisiones con un tipo que hasta ahora era del 4,37% y que en el 2008 será del 5,07%.

En el caso de que el comprador opte por una vivienda libre usada (más de dos años), el límite de ingresos está en 5,5 veces el Iprem (2.838 euros) aunque si solo llega a 3,3 veces el indicador, podrá obtener una ayuda de hasta 12.000 euros para la entrada y una prestación mensual de 240 euros durante un plazo máximo de 10 años.