Un decreto de Barreda obliga a Castilla-La Mancha a comprar los pisos nuevos sin vender

CRISTINA CABALLERO, El Mundo - Su Vivienda, 07-08-2008

MADRID.- La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista José María Barreda, se convertirá en una de las mayores agencias inmobiliarias privadas de España en los próximos años, gracias a un decreto que el Gobierno autónomo aprobó el pasado sábado. La medida, que es inédita en España, obligará a la Junta a comprar las viviendas nuevas construidas por promotores privados que éstos no logren vender en el plazo de un año.

Para ello, los asesores en materia de Vivienda de la Junta han creado una nueva tipología de pisos, las Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), justificadas en el decreto por la alta demanda de casas que existe actualmente en Castilla-La Mancha (unas 50.000, según el Gobierno regional). Sin embargo, la oposición a Barreda le reprocha que esas viviendas benefician más a los promotores que a los demandantes de vivienda pública.

El primer punto que rompe drásticamente con las condiciones a que están sujetas las Viviendas de Protección Oficial es que las VIPP, definidas como "viviendas con protección pública específicas de la Comunidad", se podrán "promover y construir por promotoras privadas sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente a la promoción de viviendas de protección pública".

Es decir, los promotores podrán utilizar suelo sobrante, aunque no esté calificado específicamente para VPO, para construir pisos, siempre y cuando obtengan la autorización pertinente, que la Junta se reserva exclusivamente.

Lluvia de críticas

Pero lo que ha suscitado mayores críticas y que supondrá un alivio para muchas inmobiliarias que necesitan seguir construyendo y vendiendo en tiempos de extrema contracción del mercado inmobiliario es el artículo 14.

"Si transcurrido un año desde la declaración definitiva -como Vivienda de Iniciativa Público-Privada- existieran viviendas sin adjudicar, la promotora podrá instar a la Consejería competente en materia de vivienda a su adquisición en los términos previstos en el convenio". El sueño de cualquier promotor, construir pisos con una venta garantizada.

Además, las viviendas serán más rentables que las VPO, ya que su precio será un 10% más caro que las de mayor precio entre las de protección pública. Un piso de 70 metros (el tamaño máximo al que se podrán construir), saldrá por unos 180.000 euros, según los cálculos de EL MUNDO.

La norma sólo obliga a los promotores a vender "por sus propios medios" un 30% de las viviendas. El resto, tal y como reza el artículo, será problema del Gobierno de Castilla-La Mancha, que estará obligado a adquirir con dinero público todas esas viviendas, si no se venden, a un precio pactado de antemano con la inmobiliaria.

El decreto también incluye otro polémico artículo en la disposición adicional primera. En él, se permite que las viviendas libres de nueva construcción puedan pasar a ser calificadas como protegidas a petición del promotor.

El Pocero, gran favorecido

La medida ha suscitado las críticas de la oposición, que asegura que es un decreto "a la medida de El Pocero", el constructor que está desarrollando una macrourbanización en Seseña (Toledo), y de otros "promotores amigos" del presidente regional, para ayudarles a sacar adelante los pisos que no se venden.

"Barreda posibilitará que El Pocero, entre otros, conviertan sus viviendas libres sin vender de Seseña en VPO", denunció ayer Marcial Marín, secretario general del Grupo Popular. Según Marín, "no había ninguna necesidad de crear este tipo de viviendas, ya que se crea una nueva burbuja inmobiliaria, porque en la comunidad hay 85.000 pisos sin vender".

En la Junta, sin embargo, aseguran que ligar el decreto con El Pocero es una crítica "fácil y sin ninguna veracidad". "Las viviendas se construirán donde haya demanda, no donde quiera el promotor", explicó ayer el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrán. "Y en Seseña apenas existen demandantes de vivienda".

Al rescate de los promotores

La Comunidad de Castilla-La Mancha no es la única que ha aprobado en las últimas semanas medidas sobre vivienda. La Comunidad de Madrid firmó el pasado 30 de julio un acuerdo con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y varias entidades bancarias para abaratar los pisos.

Las 25.000 viviendas libres que existen en la Comunidad podrán acogerse a un precio máximo fijado en función de los metros cuadrados y de la zona en la que esté ubicado cada piso. "Esta medida ha conseguido que sean los promotores privados los que rebajen el precio de las viviendas libres que no venden, sin coste alguno para las arcas del Gobierno regional, ya que no son viviendas protegidas", explicó un portavoz de la Comunidad de Madrid.

En el PP critican también otro peligroso punto de la ley de Barreda, aquel que deja en manos de la Junta la regulación del procedimiento de selección de promotoras para desarrollar las viviendas VIPP. "¿Estarán pensando en los 25 promotores que Barreda comentó que podrían llevar a cabo el proyecto?", se pregunta el diputado del PP.

La justificación que dan en la Junta para haber aprobado este polémico decreto es que hay que dar "garantía a los promotores de que tendrán comprador en unos momentos difíciles". Según el consejero de Territorio, "si no se venden los pisos se incorporarán al patrimonio público de la Comunidad". Y luego, ¿qué hará la Junta con ellos?.

Las viviendas subvencionadas para ‘mileuristas’ de Castilla-La Mancha son más caras que las libres

Fátima Martín/ cotizalia

El Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha firmado el pasado lunes por la Junta que preside José María Barreda, la ministra del ramo, Beatriz Corredor, sindicatos y empresarios de la región es superado por la realidad del mercado. Sucede que las viviendas público-privadas (VIPP) que el pacto propone para que los jóvenes mileuristas accedan a una vivienda digna son más caras que las libres. ¿Supone este plan una socialización encubierta de las pérdidas para ladrilleros y sus financiadores?

El precio del metro cuadrado de cada vivienda VIPP oscila entre los 1.857 y los 2.142 euros. Precio sensiblemente superior a los 1.447,5 euros por metro cuadrado que costaba de media en la región la vivienda libre en el primer trimestre de 2008, según el propio Ministerio de Vivienda que dirige Corredor, firmante del pacto propuesto por Barreda. Los datos oficiales muestran cómo el metro cuadrado de vivienda libre en Guadalajara y Cuenca ya es más barato este año que en el trimestre anterior. El propio texto original, que pueden consultar aquí, sitúa el precio medio de la vivienda libre en Castilla-La Mancha en 1.519 euros por metro cuadrado.

Como quiera que las estadísticas del Ministerio de Vivienda son frecuentemente cuestionadas por los expertos, este diario ha comparado los precios de las viviendas subvencionadas de Barreda con los precios a la venta de viviendas de obra nueva en las localidades más pobladas de Castilla La Mancha en portales inmobiliarios. El resultado es que se pueden encontrar viviendas nuevas en Toledo capital por 1.063 euros por metro cuadrado, incluso en el casco histórico por 2.050 euros, menos aún que la parte alta de la horquilla de precios propuesta por Barreda. Lo mismo ocurre en Guadalajara, donde no es difícil hallar obra nueva a 1.617 euros por metro cuadrado. La media baja considerablemente a medida que las promociones se alejan de los centros de las capitales. Por ejemplo, el precio medio de la zona de La Sagra, área cercana a Madrid donde se levanta el Residencial Francisco Hernando de El Pocero en Seseña, está fijado en 1.769 euros por metro cuadrado.

PP: "No pueden ser los jóvenes los que paguen las pérdidas del ladrillo"

El Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha repite a lo largo de sus 21 folios el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna garantizado en el artículo 47 de la Constitución. Sin embargo, desde que se ha conocido el contenido del texto, las críticas han arreciado.

Especialmente virulenta ha sido la reacción del PP. El secretario general del Grupo Popular de las Cortes autonómicas, Marcial Marín, ha acusado a Barreda de contribuir a una escalada de precios "sin precedente" y de firmar la "pena de muerte" para la vivienda de protección oficial. En su opinión, los jóvenes de Castilla-La Mancha no pueden hipotecar el 87% de su sueldo durante cincuenta años. "No pueden ser ellos los que paguen las pérdidas del ladrillo. Barreda se burla de esta manera de todos ellos y de su escaso poder adquisitivo, máxime cuando se compara con su sueldo VIP, que es más de cien veces superior al de un joven castellano-manchego", ha afirmado.

Asimismo, ha estimado que si el Gobierno autonómico encargase construir viviendas VIPP para cada demandante registrado, tendría que presupuestar la cifra de 7.176 millones de euros adicionales para garantizar su venta a los promotores, el 81% del presupuesto regional. Marín ha puntualizado además que en la región existen 26.945 empresas que se dedican a la construcción y tienen el derecho de participar en este plan de construcción, "aunque el presidente autonómico se empeñe en que sólo unos 25 serán los promotores".

Para el PP, Barreda, con este plan, va contra la autonomía y la financiación de los ayuntamientos, puesto que promoverá mediante concurso público, de carácter supramunicipal o de interés regional, transferencias y reclasificación de suelo desde la propia Junta, "quitando la financiación a los propios municipios. Creemos que financiar viviendas de promoción privada en suelo privado no es la labor de un gobierno", ha señalado. Finalmente, ha destacado que es un plan "inexplicable" que oculta algunos intereses "que no nos quieren confesar".

El 65% de los trabajadores de la región cobran menos de mil euros

Desde Izquierda Unida no pueden comprender cómo "los mismos sindicatos que aseguran que el 65% de los trabajadores de la región cobran menos de mil euros al mes son capaces de firmar este Pacto por la Vivienda". Según los datos que maneja esta formación política, "en Castilla La Mancha hay 84.000 viviendas sin vender y 48.000 personas que no las pueden pagar. Evidentemente, hay un desajuste que este pacto no soluciona", aseguran.

Incluso una patronal que agrupa a empresarios del sector como APCE se ha mostrado crítica con la iniciativa de Barreda. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, aseguraba tras conocer el pacto que el modelo de Viviendas Público-Privadas (VIPP) propuestas por el Gobierno de Barreda no sirve para solucionar el problema real de los constructores. Mientras, al sector constructor regional, que será, en teoría, el mayor beneficiado por el Pacto de la Vivienda, le preocupa el stock de la que ya está construida y no se vende.

Así lo expresó el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Toledo (Aprointo), Aurelio Vázquez, quien manifestó sus reticencias al Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha porque, a su entender, ofrece soluciones a largo plazo pero no corrige la problemática actual. Según Vázquez, la iniciativa del Gobierno regional no da solución al stock de vivienda ya construida. Aseguró que de los 47.800 demandantes de vivienda en la región, según el Gobierno regional, "ninguno está pensando en obtener una vivienda dentro de cinco o seis años, sino ya, y esas viviendas existen".

Corredor: 'Construir viviendas por encima de las necesidades es un desperdicio de recursos'

suvivienda
Foto: Efe
Madrid

* Afirma que las soluciones a la construcción 'no deben distraer' los recursos públicos
* Castilla La Mancha construirá 50.000 viviendas VIPP, con comprador garantizado

El acto protocolario de firma del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha ha servido de escenario a Beatriz Corredor para dictar doctrina y marcar las líneas básicas de actuación de la cartera que dirige: "Construir viviendas por encima de las necesidades de la población supone un desperdicio de recursos económicos y es insostenible medioambientalmente".

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, manifestó que "las soluciones para el sector de la construcción no deben distraer los siempre limitados recursos públicos de la que debe ser la prioridad de la política de vivienda del Gobierno, que es facilitar el acceso a ella a los que más dificultades tienen".

Además, la ministra invita a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a trazar una "hoja de ruta" común que culmine en el Pacto Estatal por la Vivienda. Recordó que el propósito del Gobierno "es no impedir artificialmente el ajuste del sector", tal como ya anunció el vicepresidente, Pedro Solbes, en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

La ministra recalcó que su "objetivo prioritario" es "atender a una necesidad básica para el proyecto vital de cualquier ciudadano, como es el acceso a una vivienda digna". Señaló que si a esto se le añaden otras metas como la de conducir al sector de la construcción hacia un equilibrio que permita diversificar el crecimiento económico del país, "estaremos optimizando esfuerzos y recursos, es decir, estaremos ganando en eficacia".

No obstante, puntualizó que en el desarrollo de estas políticas se deberán tener en cuenta dos restricciones fundamentales: Las cuentas públicas y la disponibilidad de suelo.

Viviendas VIPP en Castilla-La Mancha

El Pacto por la Vivienda la Junta de Castilla-La Mancha propone la construcción de las llamadas VIPP, 'viviendas de promoción público-privada', una "solución imaginativa", según la ministra Corredor, de las que se prevé construir 50.000 unidades en un plazo hasta 2015.

Este nuevo tipo de Viviendas de Iniciativa Público- Privada (VIPP) se construirán por iniciativa privada pero con una doble garantía por parte del Gobierno: que haya comprador desde el día del inicio de obra y garantía de financiación para su construcción.

A estas medidas, que incluye dicho pacto, hay que añadir un paquete de reformas legales que tendrán la finalidad de agilizar los procesos de gestión de suelo y que están dirigidas principalmente a facilitar la construcción de las viviendas.

El prototipo de VIPP es una vivienda de 70 metros cuadrados útiles cuyo precio estará en el entorno de los 130.000 a 150.000 euros. El objetivo es dotar de vivienda a los 47.883 demandantes registrados actualmente, de los que el 75% son jóvenes.

Caras y pequeñas, según la oposición

"Barreda será el mayor agente inmobiliario de España y obligará a los jóvenes a comprar las viviendas más caras que en el propio mercado", señala el Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz, Leandro Esteban consideró que el Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha proporcionará a los ciudadanos viviendas "caras y pequeñas", con un precio superior a la media del mercado libre.

Según indicó, el PP no tiene datos "fiables" de lo que supondrá este plan, y sólo conoce los pocos datos que han sido publicados en los medios de comunicación. "Queremos que los ciudadanos sepan que se nos ha negado la información de este plan, a pesar de haberlo pedido en sede parlamentaria y a través de la prensa", exclamó Esteban.