Oskar Lafontaine: "La Izquierda quiere construir el puente hacia la era de la energía solar"

Stefan Reinecke/ Tageszeitung
Rebelion (traducción Ángel Ferrero)

Taz: ¿Qué tiene Ud. contra Los Verdes, Sr. Lafontaine?

Oskar Lafontaine: En su día Los Verdes fueron un partido pacifista. Hoy están a favor de la guerra en Afganistán. La guerra es la peor forma de destrucción del medio ambiente, con bombas de racimo y de uranio empobrecido. Ecología y guerra no son cosas para mí que vayan la una con la otra.

Me refiero a la campaña que lleva a cabo en el Sarre contra Los Verdes y que allí experimentan como una “campaña de destrucción”...

Los Verdes del Sarre nos han lanzado el guantelete, desafiándonos. Aún no han explicado a nadie por qué no me votarían como presidente del Sarre si obtuviese más votos que el SPD. Aquí tampoco se aclara [Renate] Künast, presidenta de los Verdes. Por nuestra “personalidad” como partido no puede el Verde Ramelow votarme presidente. Probablemente tendríamos que dejarnos caer por una de las sesiones de “entrenamiento de la personalidad” de la señora Künast.

Las encuestas apenas dan los suficientes votos para una coalición roji-roja (SPD-La Izquierda). ¿No es por lo tanto poco sabio atacar tan duramente a los Verdes?

Los Verdes nos necesitan tanto como el SPD. Sin una Izquierda fuerte, ni el SPD ni Los Verdes tienen ninguna oportunidad de entrar en el gobierno del Sarre. Por eso nos sorprende el desdén de Los Verdes. De hecho, hemos estado esperando a diario a que pusieran una vela por nosotros en la repisa de su ventana, invitándonos a entrar.

En el Sarre el SPD, Los Verdes y el partido de La Izquierda tienen posiciones parecidas, menos en lo que se refiere a la cuestión de la minería. El partido de La Izquierda quiere prolongar la vida de las minas, mientras que Los Verdes quieren ponerle fin. ¿Hasta qué punto es firme su propuesta de alargar las explotaciones mineras?

Queremos construir el puente hacia la era de la energía solar. Por eso estamos firmemente en contra de la energía atómica y buscamos alternativas a los combustibles fósiles como el carbón, el gas o el petróleo. En el Sarre queremos como mínimo evitar el desplazamiento forzoso de 1.700 mineros hacia Ibbenbüren, en Renania del Norte-Westfalia.

¿Debería continuar la minería en el Sarre?

Sí. Esperamos que la Deutsche Steinkohle, por presión del gobierno de Müller, no emprenda una política de hechos consumados.

¿Y si lo hace?

Podremos hacer un pronóstico de la posible continuación de la minería cuando tengamos datos fiables sobre la mesa. Y eso sólo será posible cuando estemos en el gobierno.

¿Puede una coalición rojo-rojo-verde estrellarse en la cuestión minera?

No tenemos aún ninguna experiencia electoral. Aparte de eso, yo no soy ningún profeta.

Permítame preguntarlo de otra manera: ¿No fuerzan acaso los políticos las similitudes entre ellos para una coalición rojo-rojo-verde?

Se dan numerosas coincidencias en la política educativa, por ejemplo. Nosotros queremos una educación más extensiva, la retirada del bachillerato exprés (Turboabiturs G8) y suprimir las tasas que han de pagar los estudiantes. Lo mismo ocurre con el apoyo a las energías renovables. El partido de La Izquierda quiere además la remunicipalización de la fuentes energéticas.

¿Y qué ocurrirá si se aprueba un presupuesto de austeridad? El secretario del SPD para el Sarre Heiko Maas no confía en que el partido de La Izquierda apoye medidas espinosas para él. ¿Sería el partido de La Izquierda un socio de coalición más fiable?

No sólo seríamos un socio de coalición más fiable, sino también uno con más experiencia. Además, no sé de ninguna propuesta presupuestaria de austeridad por parte del SPD o Los Verdes.

¿Puede el partido de La Izquierda adoptar un presupuesto de austeridad?

En los últimos años ya se han dado demasiados recortes a nivel social y personal. Nosotros no nos dejamos llevar por los cantos de sirena. Por eso proponemos aumentar las ganancias del estado aumentando, por ejemplo, los impuestos sobre las rentas más elevadas. Si tuviéramos un impuesto sobre las rentas más elevadas, uno como el que existe en el Reino Unido, tendríamos anualmente 90 billones de euros de ingresos adicionales. Para consolidar los presupuestos de los estados federados necesitamos de ganancias y de un verdadero crecimiento económico.

Sr. Lafontaine, a nivel federal el SPD busca desesperadamente un éxito en el Sarre, como una señal para las próximas elecciones al Bundestag. Éste se produciría si también el partido de La Izquierda fuese lo suficientemente fuerte. El SPD, a nivel federal, depende pues de manera indirecta del éxito del partido de La Izquierda. ¿Se alegra de ello?

La Izquierda se fundó para superar la economía neoliberal. Y siempre tuvo muy claro que no podía hacer esto por ella misma, sino con otros partidos amigos. Por eso nos alegramos cuando el SPD poco a poco se retracta de sus temores irracionales a mantener contactos con nosotros, que los partidos conservadores y conglomerados mediáticos les han metido en la cabeza. Espero que el SPD y Los Verdes acepten pronto el sistema de cinco partidos y reconozcan por fin con quién pueden realmente llevar a cabo reformas democráticas, ecológicas y sociales.

El Roto: "Pagar impuestos es..."

El País

SICAV: una reforma necesaria

Francisco de la Torre Díaz/ publico


El Gobierno acaba de anunciar su intención de incrementar la tributación de las rentas de capital en el IRPF. Actualmente, los rendimientos de capital, intereses, dividendos… tributan al 18%, frente a la tributación de las demás rentas, fundamentalmente rendimientos del trabajo, que tributan a un escala progresiva del 24 al 43%. Con independencia del efecto recaudatorio, imposible de calcular, pues no se sabe cuánto subirá esta tributación, a algunos les ha parecido un avance en la justicia fiscal. Otros, en cambio, han considerado que supone un agravamiento de la brecha entre el ciudadano de a pie, que paga un 18% por sus rendimientos de capital, y las grandes fortunas que tributan al 1% mediante el instrumento de las SICAV.

Para tener una opinión fundada sobre este tema es imprescindible conocer qué es teóricamente una SICAV, para qué se utiliza en la práctica y qué importancia económica tiene. Una SICAV, sociedad de inversión de capital variable, es –o mejor dicho, debería ser– una Institución de Inversión Colectiva, cuya finalidad es la inversión en los mercados financieros. Tiene requisitos mínimos de capital y, sobre todo, debe contar con 100 inversores como mínimo (por eso debería ser colectiva). Por esa razón, goza del régimen de instituciones de inversión colectiva: tributación al 1% y después al 18% sobre los dividendos o ganancias de capital cuando el inversor retira el dinero. Este es el mismo régimen fiscal que cualquier fondo de inversión, y muy similar a invertir de forma individual en bolsa, por ejemplo. El fundamento de que cualquier institución de inversión colectiva tribute al 1% es que es un vehículo neutro de inversión, en el que el inversor pierde el control de su dinero hasta que desinvierte o recibe un dividendo y, en ese momento, tributa como si hubiese vendido los productos financieros que adquirió a través del fondo. Sin embargo, si un solo inversor tiene el control total del fondo, este ya no es una institución de inversión colectiva, y el inversor nunca pierde el control sobre su dinero. Hasta aquí la teoría. En la práctica, las SICAV se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios. En este momento hay cerca de 3.369 SICAV, con un patrimonio bajo gestión de más de 27.000 millones de euros (casi 4,5 billones de pesetas).

La pregunta que inmediatamente le surgirá al lector es cómo se transforma una institución de inversión colectiva en gestión individual de carteras. La respuesta es sencilla: introduciendo 100 inversores, que realmente no invierten; teniendo el control absoluto una sola persona o, como mucho, un grupo familiar. En el argot financiero, a estos inversores ficticios se les conoce como mariachis. Se les llama así, parafraseando la ranchera: “Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley…”. Ante esta situación generalizada, la Inspección de Hacienda inició en 2005 un plan de control de estas entidades. En la casi totalidad de los casos, la Inspección consideró que la mayor parte de los inversores eran ficticios, y levantó acta, exigiendo la diferencia entre el 35% al que tributaban entonces las sociedades y el 1% que habían aplicado indebidamente.

El resultado de las inspecciones no pudo ser más desalentador: las Cortes Generales le quitaron la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda, trasladándosela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Posteriormente, el Tribunal Económico Administrativo Central fijó doctrina, considerando esa modificación retroactiva y anulando, en consecuencia, todas las Inspecciones. Desde ese momento, la CNMV nunca ha considerado que una SICAV no cumpla los requisitos. En nuestra opinión, y con la perspectiva que da el paso del tiempo, lo más grave no es la tributación al 1%, sino los medios por los que se consigue. No es de recibo que en un Estado de Derecho los beneficios tributarios se consigan contratando mariachis, es decir, inversores ficticios, lo que en otros ámbitos se denomina testaferros. En segundo lugar, no se puede compartir que el único beneficio fiscal que no fiscalice la Inspección sea precisamente el tipo del 1% de las SICAV. Ante esta situación, la revisión del sistema de tributación de las SICAV debería formar parte de lo que la vicepresidenta ha denominado “revisión global del sistema tributario”. En este tema hay que conjugar dos intereses. En primer lugar, no se puede volver a dar eficacia retroactiva a una modificación, ya que podría tener un efecto negativo en la localización de los capitales inversores en España. En segundo lugar, es necesario dar un mínimo de legitimidad al sistema, estableciendo una tributación que, aunque sea beneficiosa, no sea puramente simbólica y, en consecuencia, absolutamente escandalosa.

En este tema hay que tener presente que, aunque el gran capital sea volátil, la localización de SICAV en España no garantiza que inviertan sus recursos en España. Las SICAV invierten en diversos mercados, ya que hay libertad de circulación de capitales. Si lo que conocen las grandes fortunas es el mercado español, seguirán invirtiendo aquí, aunque sea desde otras plataformas. Además, deslocalizar no es fácil no es barato y, en cualquier caso, no está exento de riesgos. Además, aunque alguna se deslocalice, no se perderá una gran recaudación.

En conclusión, dar un tratamiento fiscal más razonable a las SICAV no permitirá obtener una recaudación ingente que pueda solucionar la situación fiscal, pero sí permitirá que exista una mayor conciencia tributaria de los ciudadanos, lo que es imprescindible para luchar contra un elemento que parece estar detrás de la gran caída recaudatoria: el fraude fiscal.

Fontdevila: "Fíjese: con esta casilla..."

Público

Rebajas fiscales a gogó

Juan Francisco Martín Seco
publico (14/XII/07)

El peor mal que hoy aflige a la política –política en sentido amplio– es su hipocresía. Casi nadie se cree lo que dice y todos, absolutamente todos, sean cuales sean sus intereses e ideología, disfrazan su discurso de altruista y filántropo. En este “todos” no se encuentran solos los políticos en sentido estricto, los profesionales de la política, sino cualquiera que desde distintas plataformas pretenda indicar las normas y principios sobre los que se debe asentar la sociedad.

Que haya personas, partidos, asociaciones o gobiernos que aboguen por la reducción de impuestos no tiene nada de extraño, lo insultante es que pretendan convencernos de que esa medida beneficia a todos los ciudadanos o que puede realizarse sin coste alguno. Nada tiene de sorprendente que el Partido Popular propugne rebajas fiscales, otra cosa es que también lo haga el partido socialista y que encima intente persuadirnos de que es una postura progresista.

Con la imposición se produce un cierto espejismo social; se considera que las bajadas de tributos son gratuitas. A nadie ciertamente le complace pagar impuestos, pero estos, al igual que los gastos públicos, no pueden juzgarse aisladamente abstrayendo de las otras partidas presupuestarias.

Cuando en época electoral un partido promete determinados gastos sociales, inmediatamente se le exige que calcule su coste y que diga de qué manera piensa financiarlo, bien mediante la reducción de otros gastos, bien mediante el aumento de impuestos, bien a través de incrementar el déficit público. Tal demanda parece lógica y consistente. No se entiende, sin embargo, que no se plantee la misma pregunta cuando se trata de rebajar impuestos. También entonces habría que cuestionarse cómo se va a financiar la rebaja prometida. A qué gastos se va a renunciar o qué otros gravámenes piensan elevarse, o si más bien se va a permitir que se incremente el déficit público. En realidad, el tema podría plantearse de otro modo: ¿a qué destinos alternativos podrían orientarse los recursos empleados en la rebaja impositiva? Es lo que los economistas solemos llamar coste de oportunidad.

El Partido Popular va a proponer en su programa electoral otra rebaja impositiva. La propuesta es aún tan ambigua e indefinida que resulta imposible su análisis. No obstante, lo que desde ahora se puede calificar de inadmisible es esa pretensión de negar lo evidente: el que la recaudación será menor. Es un latiguillo usado con profusión ya en las anteriores reformas. Con tal finalidad se barajan dos pseudoargumentos, el de la reactivación de la economía y el de la disminución del fraude.

Se acepta como axioma que la reducción de los impuestos producirá una reactivación económica que a su vez incrementará la recaudación (curva de Laffer). Y es que tratándose de impuestos, los neoliberales se vuelven todos keynesianos, pero keynesianos chapuzas e incoherentes. Según Keynes, para practicar una política expansiva no es suficiente reducir los impuestos o incrementar los gastos. Se precisa, además, que tales medidas no se compensen con otras de signo contrario, lo que implica incrementar el déficit público y que su financiación se lleve a cabo mediante la ampliación de la masa monetaria. Siempre que exista capacidad económica ociosa, tal política no tiene por qué traducirse en una mayor inflación, sino en crecimiento económico y en creación de empleo.

Se puede estar o no de acuerdo con estos planteamientos, pero lo que no parece de recibo es cercenarlos y asumir exclusivamente una parte –la que nos interesa–, porque lo único que se consigue con ello es acabar defendiendo posiciones absurdas. La razón del error se encuentra en no considerar el coste de oportunidad de reducir los tributos, como si los recursos orientados a tal fin descendiesen del cielo. Porque si no se quiere aumentar el déficit público, es evidente que los fondos destinados a la rebaja impositiva no pueden asignarse a otras finalidades como pensiones, desempleo, obra pública, etcétera, con lo que el efecto expansivo o contractivo dependerá tan solo de cuál sea la mayor o menor virtualidad de estas partidas a la hora de expandir la actividad económica. No parece que el recorte de impuestos a los empresarios y a las clases altas sea la medida que disfrute de ventaja en esta comparación, tanto más cuando se supone que evitar o no la recesión va a depender del comportamiento del consumo. Habría que preguntarles por qué no proponen estimular la actividad económica incrementando la cobertura y cuantía del seguro de desempleo, aumentando el importe de las pensiones públicas, dedicando más dinero a la sanidad o realizando más obra pública.

En cuanto a la explicación de que se reduce el fraude, resulta bastante ridícula y difícil de creer. Mientras el nivel de los impuestos sea considerable, y no puede ser de otra forma en una sociedad moderna, siempre existirá incentivo para defraudar y se defraudará si la conciencia fiscal de la sociedad y la administración tributaria no lo impiden. El argumento sería similar al de propugnar la abolición del Código Penal con el fin de acabar con la delincuencia.

Por supuesto que en ese tartufismo político y económico nadie confesará que la finalidad de rebajar los impuestos es favorecer a los colectivos de ingresos elevados. Todos asegurarán que quieren beneficiar a las clases bajas y medias, pero lo cierto es que los impuestos que se reducen o se pretenden eliminar son los progresivos y los que afectan a las rentas de capital y a los empresarios: IRPF, impuesto de sociedades, de patrimonio, de sucesiones. Es significativo que todas estas reformas conciten el aplauso de las fuerzas económicas y empresariales. Hay que ver cuántos benefactores de los pobres existen.