Británicos estafados que huyen en desbandada

Alfonso Daniels/ elmundo

Cuando Liz y John Browne, una pareja de jubilados escocesa, compraron hace cinco años una casa en el valle almeriense de Almanzora, pensaron que por fin cumplían su sueño de retirarse en España. «Su aire seco es ideal para la salud, es la Florida europea», les habían dicho cuando visitaron el lugar meses antes. Jamás imaginaron que se metían en un infierno al adquirir una de las 11.000 casas ilegales construidas en la zona. Como ellos, decenas de miles de extranjeros -la mayoría jubilados- se deshicieron de su pasado e invirtieron todos sus ahorros para comprar propiedades en España buscando sol y un lugar agradable donde pasar el ocaso de sus vidas. Sólo para caer víctimas de un oscuro entramado de estafas. «Estamos atrapados, no dejamos nada en Reino Unido. El constructor nos aseguró que los papeles estaban en regla, así que pagamos la mitad del valor de la casa, unos 140.000, y mira lo que tenemos», afirma John señalando una vivienda a medio construir, una cáscara de hormigón, junto a muchas otras similares a lo largo de un camino de tierra con palmeras muertas.

Llevan cinco años alquilando una casa por 600 euros al mes, esperando en vano que alguien termine su casa o se les indemnice. «Hace unos meses me detectaron cáncer. Estoy desesperado, no quiero dejar a mi esposa sin nada y renunciar a mi sueño», añade mientras me muestra la cáscara por dentro. El promotor, la firma española Classic Andalusian Homes, continúa operando bajo otro nombre y la Justicia sigue sin darles una respuesta.

Aún así, los Browne son afortunados. Fueron los únicos que pagaron la mitad por la propiedad, la decena de dueños de las demás cáscaras de la avenida de las palmeras muertas abonaron el 95%. La esposa de uno de ellos, Edith Watson, falleció el año pasado dejando a su esposo Robert solo, casi sin ahorros y teniendo que pagar facturas del agua de una casa que ni siquiera puede ocupar.

Un caso simbólico es el de los británicos Len y Helen Prior en Vera, Almería. Les derribaron la casa en 2007 sin compensación alguna, y desde entonces viven en su garaje sin agua ni electricidad (una actuación que, por cierto, después fue declarada irregular por el Tribunal Constitucional).

Des trabajaba como administrativo mientras su esposa Jenny pasó su vida en el Duty Free del aeropuerto de East Midlands. Decidieron venir a España buscando un clima cálido después de que él sufriera una aparatosa operación de espalda. Si ahora pierden todo, lo único que les quedará será una pensión de unos 1.000 euros mensuales entre los dos. «Amamos España, queremos vivir aquí pero no es justo lo que nos están haciendo», sentencia el marido. Por si fuera poco, en 2006, tras mucho insistir, el alcalde de la zona les dio permiso para construir pilones de electricidad que ahora se pueden divisar desde su pintoresco chalé blanco. Las 13 parejas pagaron 120.000 euros pero cuando sólo restaba conectarse a la red principal la empresa eléctrica se negó a hacerlo.

Una bala en la puerta

A unos 15 km de allí, en El Fas, Cantoria, un vecino decidió que ya había tenido suficiente. Bruce Hobday, de 63 años, veterano militar británico condecorado por la Reina de Inglaterra, quien sirvió en África, Malta, Chipre y Alemania, organizó en 2008 una manifestación de cientos de afectados frente al Ayuntamiento. Sus quejas iban contra el promotor holandés Daniel Poetsema de la empresa Southern Spain Consultants. Lo que consiguió fue que alguien dejara una bala frente a su puerta, amenazas de muerte y calumnias derramadas por internet.

Esto es sólo la punta del iceberg. Hay denuncias por toda la costa mediterránea, Madrid y hasta Asturias donde empresarios sin escrúpulos les estafaron. Han acudido a manifestaciones masivas en Valencia, Almería, Albox… todo para nada. «Son decenas de miles los afectados, si no más, la mayoría no españoles, es el caso más grande que he visto jamás», afirma a Crónica Margrete Auken, eurodiputada danesa de los Verdes quien presentó un informe adoptado en marzo por el Parlamento Europeo amenazando a España con congelar fondos estructurales si no resolvía este problema. Denuncia frente a la que eurodiputados del PP y PSOE han hecho causa común para evitar incluir esta resolución en el presupuesto europeo.

Los afectados han decidido pasar a la ofensiva. En noviembre, un grupo envió una petición por carta a Zapatero y al Rey Juan Carlos exigiendo justicia, incluyendo detalles de más de un millar de casos de personas que perdieron todo. Decidieron hacer esto a pesar de que, tal como señala Suzanne Wyatt, jubilada británica detrás de la iniciativa, cuando presentaron una petición similar al premier británico Gordon Brown ni siquiera les respondieron: «Señor Zapatero, le solicitamos como primer ministro de España que lea esta petición y escuche los pedidos de los ciudadanos británicos quienes le han dado ahora toda la información sobre sus experiencias», reclaman los afectados. Quieren saber por qué el Gobierno permitió esta situación durante tantos años y se quejan de la «preocupación, estrés y desesperación que enfrentan cada día. La mayoría perdió todo. En los poquísimos casos que han ganado juicios, los promotores han tenido tiempo de esconder el dinero así que no reciben nada», añade Wyatt. Esto es sólo el inicio. «Queremos organizar una protesta masiva, somos más de 100.000 en toda España y no puede ser que nadie nos haga caso», comenta Charles Svoboda, jubilado canadiense y presidente de la plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) que agrupa unas 30.000 personas en Valencia.

Ya ha habido varias manifestaciones. Ayer comenzó la vigilia de la más importante hasta ahora. Será mañana, en Almería. «Este país no puede ser sólo Nadal y fútbol, se supone que estamos en la UE. Si no solucionan esto, la imagen de España como paraíso dorado habrá muerto, para siempre».

Éxodo masivo

Las villas inglesas del Levante cada vez se parecen más a pueblos fantasmas. El éxodo masivo de británicos es una realidad imparable. Brigette y Sam Smith son octogenarios. En los años 80 se mudaron a España con ilusión. Ahora emprenden el camino de vuelta, con muchísima tristeza. Las cajas se acumulan en el suelo de su chalé en Lliber, en la comarca de la Marina Alta, Alicante. Regresan a Escocia. Los ingresos de los Smith, por ejemplo, son de menos de mil euros. Sin hijos ni familia en España no pueden subsistir con esos ingresos. En 2007, la libra llegó a alcanzar los 1,571 euros al cambio. Actualmente la paridad con el euro no es lejana. Su poder adquisitivo ha disminuido, en menos de dos años, en 50%.

Su casa se pondrá a la venta y con el dinero que recojan pretenden pasar el resto de sus vidas en un país que abandonaron hace dos décadas para vivir mejor aquí.

Los empleados de la empresa de mudanza Home to home se llevan las últimas 20 cajas. Esta firma de Benitatxell trasladará sus pertenencias desde Alicante hasta Gran Bretaña. Negocios como ese son los más beneficiados con la vuelta a casa de los ingleses. En apenas seis meses ha duplicado sus beneficios respecto al mismo ejercicio que el año anterior. Es el boom de las empresas de mudanza. Son varias las compañías que operan desde la provincia hasta Londres. Lo único negativo para estas empresas es que más del 70% de sus clientes son gente que se va. Así la mayoría de los camiones regresan vacíos.

También aumenta la frecuencia de los vuelos desde el aeropuerto de El Altet, Elche, al Reino Unido. Y ha crecido el número de rastrillos. Suelen vender así la mayoría de sus objetos de valor antes de partir. Cada día hay un mercado de este tipo en la provincia de Alicante.

Pocas cosas quedan por recoger. Sam empaqueta una guitarra flamenca. Echa un vistazo a su casa vacía y dice: «España ya no es lo que era para nosotros».

La eurodiputada Margrete Auken pide respuetas al gobierno español

Efe/ eldiariomontañés
Estrasburgo

La eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken, responsable del informe con el que el Parlamento Europeo censuró el pasado año los excesos del urbanismo español, ha pedido hoy al Gobierno respuestas a las cuestiones que se planteaban en aquel documento.

"Hasta ahora, el Gobierno español no ha respondido a todas nuestras preocupaciones", ha denunciado ante el pleno Auken, que ha pedido al presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek, que traslade su petición a Madrid.

Precisamente, este miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estará en Estrasburgo (Francia) para presentar a los eurodiputados sus planes para el semestre de España al frente de la Unión Europea.

El conocido como informe Auken amenazó en marzo de 2009 a España con impulsar una congelación de algunos de los fondos europeos que recibe si la situación del urbanismo no mejora.

En el texto, los eurodiputados utilizaban un lenguaje muy duro y consideraban que en el país se "ha generado una forma endémica de corrupción".

Por ello, pedían toda una serie de medidas para frenar la especulación y la revisión de todos los planes urbanísticos que pudiesen plantear problemas.

En paralelo a la petición de la parlamentaria danesa, el eurodiputado español de Izquierda Unida Willy Meyer se ha dirigido hoy por escrito a las instituciones europeas para que informen sobre qué medidas han emprendido para que las autoridades españolas pongan en práctica las recomendaciones del Informe Auken, y las ha instado a pronunciarse sobre si pretenden adoptar alguna medida.

Meyer también ha trasladado a Bruselas el caso concreto del valle del Almanzora (Almería), donde se concentran numerosas viviendas construidas en suelo no urbanizable y que en algunos casos están amenazadas de demolición.

El gran saqueo

Rafael Argullol/ elpais

Como comprenderán fácilmente, no tengo la costumbre de leer informes del Parlamento Europeo ni de ningún otro Parlamento; sin embargo, a instancias de un amigo jurista, he leído un documento que les recomiendo si les gusta la literatura de terror: se trata del informe elaborado por la diputada danesa Marguete Auken sobre "el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario". Es un texto de 30 páginas que se puede leer tanto como un relato espeluznante cuanto como un pequeño tratado acerca de las peores conductas en materia política y moral.

De hecho, yo introduciría el informe de la señora Auken como lectura obligatoria en escuelas y universidades, y además, exigiría su conocimiento detallado previo a todo candidato a ocupar un cargo público. Ustedes se preguntarán por qué muestro tanto entusiasmo por ese documento redactado con la falta de gracia que caracteriza a este tipo de escritos, y la respuesta es que puede considerarse un espejo contundente que refleja, sin florituras ni hipocresías, la abyección incrustada sórdidamente en nuestra vida pública.

Lo que de entrada llama más poderosamente la atención es la conspiración del silencio que rodea al asunto y que se explica por la vergonzosa alianza de los eurodiputados socialistas y populares españoles en el momento de rechazar el informe de Auken que, no obstante, fue aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo a finales del pasado mes de marzo por 349 votos contra 110, con 114 abstenciones. Una arrolladora mayoría a la que se opusieron hasta el final populares y socialistas, tan lamentablemente estos últimos que, según informaron los periódicos al día siguiente de la votación, Michael Cashman, socialista también él y autor de un informe previo sobre el tema, acabó votando a favor de la resolución.

Leído el escrito no extraña en absoluto aquella conspiración de silencio, pues son tantos quienes quedan retratados que apenas es comprensible que un escándalo de tales dimensiones haya podido oscurecerse con permanente disimulo durante décadas. Fíjense, además, que, condenada España severamente por la impunidad que ha rodeado a la corrupción, tampoco con posterioridad nuestros foros parlamentarios se han hecho eco de la resolución europea y, cómplices entre sí los diversos partidos, ha continuado la alegre política de poner la cabeza bajo el ala.

Personalmente, la sensación más desagradable que me ha quedado tras la lectura del informe Auken es que el gran saqueo, la devastación sistemática del litoral español, y no sólo del litoral -una devastación que afectará a varias generaciones, las cuales señalarán a la nuestra como culpable-, es algo acaecido durante la democracia y no antes, en el franquismo. Los destrozos heredados de éste se han multiplicado, en las décadas democráticas, hasta límites insoportables. La conclusión no es difícil: nuestra democracia ha sido tan débil y tan poco vigilante que ha aupado una auténtica antidemocracia que pone en cuestión, como actualmente se está comprobando, muchos de nuestros supuestos avances.

Esta idea inquietante se desarrolla exhaustivamente en el informe con una relación minuciosa de hechos igualmente inquietantes cuyos protagonistas tienen en común la codicia, una concepción mafiosa de la política y un sentimiento de impunidad que resulta tanto más irritante por el descaro con que se manifiesta. De hacer caso a Auken, y al Pleno del Parlamento Europeo, la responsabilidad del desastre se propaga por todos los círculos del Estado español, desde el más general al más local. En este peculiar relato de terror se cita con la misma dureza a la Generalitat valenciana en manos de los populares que a la socialista Junta de Andalucía, tuteladora de diversos pillajes en Almería y sustentadora, por acción u omisión, de esa peculiar joya de la corona de la corrupción que ha sido Marbella. Al igual que sucede con todo buen relato de terror hay también en el texto pasajes cómicos, como las trampas que diversos funcionarios tienden a las comisiones de investigación enviadas desde Bruselas o las aireadas protestas de castizos alcaldes quejosos con la intromisión de las narices nórdicas en las suculentas recalificaciones de los terrones mediterráneos.

A estas alturas, y con murallas de hormigón por todos lados, sabemos perfectamente que sólo a la sombra de políticos ventajistas ha podido tejerse la telaraña de especulación y codicia de la que ahora parecemos lamentarnos. Sin embargo, lo grave es que ya lo sabíamos. Estos años de destrucción del territorio del patrimonio han transcurrido a la vista de todos. Bastaba coger el Euromed para comprobar lo que ocurría en la costa castellonense o alicantina; bastaba atender al vértigo de los precios de las viviendas, presentado a menudo como signo de nuestro progreso colectivo, para percibir que algo nauseabundo se cocinaba a nuestro alrededor.

¿A nuestro alrededor? Con su crudeza estilística Marguete Auken pone el dedo en la llaga al describir la corresponsabilidad de los ciudadanos en la callada aceptación del delito. Es cierto que a la cabeza del cortejo de la corrupción han marchado políticos vendidos, especuladores o avariciosos y prestamistas fraudulentos, pero ¿y tras ellos? Conchabados promotores inmobiliarios, concejales e instituciones financieras, ¿qué hacían los jueces? Según Auken, poco, y lo poco que hacían lo hacían tan lentamente que es como si no hicieran nada. La policía iba en consonancia con los jueces. Pero tampoco los otros estamentos ciudadanos ofrecieron resistencia. Los medios de comunicación han reaccionado tarde y los ciudadanos han acabado horrorizándose como consumidores más que como ciudadanos.

Hasta aquí el relato de terror con que la señora Auken ha descrito vivamente, con ingenuidad nórdica y con toda la razón del mundo, el gran saqueo de lo que pertenecía al futuro por parte de nuestros modernos depredadores. Casi nada más se puede añadir al cuadro trazado que, en buena medida, explica las dramáticas percepciones sobre la actual crisis económica.

Aunque bien pensado, quizá sí se puede añadir algo: el gran saqueo material de todos esos años, generador de enormes fortunas y de daños irreparables, no habría sido posible si, paralelamente, no hubiéramos incurrido en el gran saqueo de las conciencias al que ahora denominamos "falta de valores", "novorriquismo" y cosas semejantes, pero que en los años opulentos, o que creíamos opulentos, estableció una férrea cadena de complicidades entre estafadores y futuros estafados, vinculados unos con otros por el sueño del dinero -sueño, luego, pesadilla para las víctimas- y por la confusión entre bienestar y beneficio. Gracias, señora Auken.