Británicos estafados que huyen en desbandada

Alfonso Daniels/ elmundo

Cuando Liz y John Browne, una pareja de jubilados escocesa, compraron hace cinco años una casa en el valle almeriense de Almanzora, pensaron que por fin cumplían su sueño de retirarse en España. «Su aire seco es ideal para la salud, es la Florida europea», les habían dicho cuando visitaron el lugar meses antes. Jamás imaginaron que se metían en un infierno al adquirir una de las 11.000 casas ilegales construidas en la zona. Como ellos, decenas de miles de extranjeros -la mayoría jubilados- se deshicieron de su pasado e invirtieron todos sus ahorros para comprar propiedades en España buscando sol y un lugar agradable donde pasar el ocaso de sus vidas. Sólo para caer víctimas de un oscuro entramado de estafas. «Estamos atrapados, no dejamos nada en Reino Unido. El constructor nos aseguró que los papeles estaban en regla, así que pagamos la mitad del valor de la casa, unos 140.000, y mira lo que tenemos», afirma John señalando una vivienda a medio construir, una cáscara de hormigón, junto a muchas otras similares a lo largo de un camino de tierra con palmeras muertas.

Llevan cinco años alquilando una casa por 600 euros al mes, esperando en vano que alguien termine su casa o se les indemnice. «Hace unos meses me detectaron cáncer. Estoy desesperado, no quiero dejar a mi esposa sin nada y renunciar a mi sueño», añade mientras me muestra la cáscara por dentro. El promotor, la firma española Classic Andalusian Homes, continúa operando bajo otro nombre y la Justicia sigue sin darles una respuesta.

Aún así, los Browne son afortunados. Fueron los únicos que pagaron la mitad por la propiedad, la decena de dueños de las demás cáscaras de la avenida de las palmeras muertas abonaron el 95%. La esposa de uno de ellos, Edith Watson, falleció el año pasado dejando a su esposo Robert solo, casi sin ahorros y teniendo que pagar facturas del agua de una casa que ni siquiera puede ocupar.

Un caso simbólico es el de los británicos Len y Helen Prior en Vera, Almería. Les derribaron la casa en 2007 sin compensación alguna, y desde entonces viven en su garaje sin agua ni electricidad (una actuación que, por cierto, después fue declarada irregular por el Tribunal Constitucional).

Des trabajaba como administrativo mientras su esposa Jenny pasó su vida en el Duty Free del aeropuerto de East Midlands. Decidieron venir a España buscando un clima cálido después de que él sufriera una aparatosa operación de espalda. Si ahora pierden todo, lo único que les quedará será una pensión de unos 1.000 euros mensuales entre los dos. «Amamos España, queremos vivir aquí pero no es justo lo que nos están haciendo», sentencia el marido. Por si fuera poco, en 2006, tras mucho insistir, el alcalde de la zona les dio permiso para construir pilones de electricidad que ahora se pueden divisar desde su pintoresco chalé blanco. Las 13 parejas pagaron 120.000 euros pero cuando sólo restaba conectarse a la red principal la empresa eléctrica se negó a hacerlo.

Una bala en la puerta

A unos 15 km de allí, en El Fas, Cantoria, un vecino decidió que ya había tenido suficiente. Bruce Hobday, de 63 años, veterano militar británico condecorado por la Reina de Inglaterra, quien sirvió en África, Malta, Chipre y Alemania, organizó en 2008 una manifestación de cientos de afectados frente al Ayuntamiento. Sus quejas iban contra el promotor holandés Daniel Poetsema de la empresa Southern Spain Consultants. Lo que consiguió fue que alguien dejara una bala frente a su puerta, amenazas de muerte y calumnias derramadas por internet.

Esto es sólo la punta del iceberg. Hay denuncias por toda la costa mediterránea, Madrid y hasta Asturias donde empresarios sin escrúpulos les estafaron. Han acudido a manifestaciones masivas en Valencia, Almería, Albox… todo para nada. «Son decenas de miles los afectados, si no más, la mayoría no españoles, es el caso más grande que he visto jamás», afirma a Crónica Margrete Auken, eurodiputada danesa de los Verdes quien presentó un informe adoptado en marzo por el Parlamento Europeo amenazando a España con congelar fondos estructurales si no resolvía este problema. Denuncia frente a la que eurodiputados del PP y PSOE han hecho causa común para evitar incluir esta resolución en el presupuesto europeo.

Los afectados han decidido pasar a la ofensiva. En noviembre, un grupo envió una petición por carta a Zapatero y al Rey Juan Carlos exigiendo justicia, incluyendo detalles de más de un millar de casos de personas que perdieron todo. Decidieron hacer esto a pesar de que, tal como señala Suzanne Wyatt, jubilada británica detrás de la iniciativa, cuando presentaron una petición similar al premier británico Gordon Brown ni siquiera les respondieron: «Señor Zapatero, le solicitamos como primer ministro de España que lea esta petición y escuche los pedidos de los ciudadanos británicos quienes le han dado ahora toda la información sobre sus experiencias», reclaman los afectados. Quieren saber por qué el Gobierno permitió esta situación durante tantos años y se quejan de la «preocupación, estrés y desesperación que enfrentan cada día. La mayoría perdió todo. En los poquísimos casos que han ganado juicios, los promotores han tenido tiempo de esconder el dinero así que no reciben nada», añade Wyatt. Esto es sólo el inicio. «Queremos organizar una protesta masiva, somos más de 100.000 en toda España y no puede ser que nadie nos haga caso», comenta Charles Svoboda, jubilado canadiense y presidente de la plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) que agrupa unas 30.000 personas en Valencia.

Ya ha habido varias manifestaciones. Ayer comenzó la vigilia de la más importante hasta ahora. Será mañana, en Almería. «Este país no puede ser sólo Nadal y fútbol, se supone que estamos en la UE. Si no solucionan esto, la imagen de España como paraíso dorado habrá muerto, para siempre».

Éxodo masivo

Las villas inglesas del Levante cada vez se parecen más a pueblos fantasmas. El éxodo masivo de británicos es una realidad imparable. Brigette y Sam Smith son octogenarios. En los años 80 se mudaron a España con ilusión. Ahora emprenden el camino de vuelta, con muchísima tristeza. Las cajas se acumulan en el suelo de su chalé en Lliber, en la comarca de la Marina Alta, Alicante. Regresan a Escocia. Los ingresos de los Smith, por ejemplo, son de menos de mil euros. Sin hijos ni familia en España no pueden subsistir con esos ingresos. En 2007, la libra llegó a alcanzar los 1,571 euros al cambio. Actualmente la paridad con el euro no es lejana. Su poder adquisitivo ha disminuido, en menos de dos años, en 50%.

Su casa se pondrá a la venta y con el dinero que recojan pretenden pasar el resto de sus vidas en un país que abandonaron hace dos décadas para vivir mejor aquí.

Los empleados de la empresa de mudanza Home to home se llevan las últimas 20 cajas. Esta firma de Benitatxell trasladará sus pertenencias desde Alicante hasta Gran Bretaña. Negocios como ese son los más beneficiados con la vuelta a casa de los ingleses. En apenas seis meses ha duplicado sus beneficios respecto al mismo ejercicio que el año anterior. Es el boom de las empresas de mudanza. Son varias las compañías que operan desde la provincia hasta Londres. Lo único negativo para estas empresas es que más del 70% de sus clientes son gente que se va. Así la mayoría de los camiones regresan vacíos.

También aumenta la frecuencia de los vuelos desde el aeropuerto de El Altet, Elche, al Reino Unido. Y ha crecido el número de rastrillos. Suelen vender así la mayoría de sus objetos de valor antes de partir. Cada día hay un mercado de este tipo en la provincia de Alicante.

Pocas cosas quedan por recoger. Sam empaqueta una guitarra flamenca. Echa un vistazo a su casa vacía y dice: «España ya no es lo que era para nosotros».