DENUNCIAS POR VIVIENDAEl nombramiento por el ministerio de Vivienda de una nueva directora general de Vivienda, Anunciación Romero, ex-concejal de urbanismo del ayuntamiento de Alcorcón, ha sido justificado por el precedente de la política de vivienda que ofrece el municipio, y, más concretamente, por el desarrollo urbanístico del Ensache Sur. La política de vivienda pública pucherera ha sido, sin embargo, errática; tanto por el cambio de la administración socialista a popular y, de nuevo, a socialista; como por su apoyo en una promotora pública, Emgiasa, que desde el principio optó por el método populachero del sorteo de viviendas de protección oficial para asignar a los adjudicatarios. Este tipo de elección, justificada oficialmente por la universalidad de los solicitantes, conlleva la sombra del nepotismo y la asignación a dedo, al margen del poso milagrero que marca al agraciado de una hipoteca barata sobre un precio inflado. De remate, la vivienda de protección pasa al mercado libre en un cupo de años fijo (5, 8 o 10). Por si fueran pocas dudas, este modelo convive, como pasa en muchos otros municipios de la Comunidad de Madrid, con otro tipo híbrido -VPO en alquiler con opción a compra-, edificada sobre suelo de propiedad municipal, pero construída y gestionada por promotoras privadas -FCC, Sacyr, Fadesa, etc- con la autorización del gobierno regional.
Que el ministerio de Vivienda tiene unas competencias limitadas para poder ejercer sus funciones, es bien sabido. Tanto las diferentes comunidades autónomas, que tienen la obligación -no siempre bien digerida- de aplicar leyes generales (Ley Hipotecaria, Plan Estatal de Vivienda), así como de legislar sus propias medidas (por ejemplo, Ley del suelo de la CAM o las competencias a los agentes forestales sobre vivienda), como los gobiernos municipales (al final quienes trazan y autorizan los planes generales (PGOU)) necesitan una coordinación para que la dirección en la que se tira sea positiva, y no fuerzas que se anulen entre sí. Ahora bien, más allá de la maraña administrativa, lo que no se ha discutido públicamente es el papel y el modelo que debe cumplir una verdadera vivienda pública. Esto es, aquella que no sea un mero segundo circuito para todos/as aquellos/as que no pueden acceder a los precios prohibitivos (los precios burbujiles) de la vivienda libre en alquiler o comprada, optando así al precio de
un piso para pobres. Mientras tanto, los necesitados de verdad de una vivienda social, como los desalojados o quienes viven en infraviviendas o familias desestructuradas, duermen entre los muros de una parroquia por caridad o se buscan la vida al raso en solares entre cartones.
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María Ovelar/ elpais
