Sobreprecios en dinero negro

Carlos Martínez Buján/ elpais

La reciente denuncia realizada por diversas familias viguesas contra la promotora Construcuatro ha motivado que el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo haya iniciado diligencias penales. Tales denuncias, avaladas por grabaciones de voz efectuadas por la policía con autorización judicial, sostienen que la citada promotora cobró sobreprecios en dinero negro en la venta de pisos de protección autonómica.

Este tipo de fraude no constituye una novedad, puesto que, al parecer, se trata de una práctica bastante extendida, incluso dentro del propio polígono vigués de Navia, en el que la Consellería de Vivenda ya sancionó este año a otra promotora con multa e inhabilitación, además de obligarla a devolver a los compradores las cantidades indebidamente percibidas. Las peculiaridades del caso de Construcuatro consisten en que entre los socios de esta promotora figura el portavoz del PP en el ayuntamiento de Pontevedra y en que, aparte de la denuncia por la vía administrativa ante la Consellería, se ha presentado además la citada denuncia por la vía penal, en la que, según la información facilitada por los abogados de los afectados, se imputa a los gestores de la sociedad un delito de estafa y un delito contra la Hacienda pública.

Dejando ahora al margen la evidente infracción administrativa y la ilicitud de los sobreprecios, con los datos que conocemos resulta muy difícil entender que además se cumplen los requisitos del delito de estafa, puesto que en la mayoría de los casos las personas que actuaban en nombre de la promotora ni siquiera ocultaban el límite máximo en el precio de venta de la viviendas; pero incluso en los supuestos en que no se explicaba el motivo por el que se exigía una cantidad en dinero negro no puede aceptarse sin más que, por esta razón, surge ya el "engaño bastante para producir error en otro", característico del delito del artículo 248 del Código Penal. La diferencia entre el fraude penal (delito de estafa) y el fraude civil reside en que en aquél deben existir unas maniobras engañosas de especial relevancia y en que la víctima no ha de tener posibilidades de autoprotegerse frente a la conducta engañosa.

En lo que atañe a los delitos contra la Hacienda pública, tampoco puede existir un delito de fraude de subvenciones en su modalidad de malversación, porque, a diferencia de los supuestos de arrendamiento, en las promociones destinadas a venta de viviendas de protección autonómica la promotora no recibe una prestación económica de la Administración que pueda ser calificada como subvención o ayuda a los efectos del artículo 308 del Código Penal.

Lo que sí podría llegar a existir, en cambio, es un delito de defraudación tributaria, en la medida en que las ganancias obtenidas en dinero negro no se hubiesen declarado a Hacienda y se hubiesen cumplido los requisitos recogidos en el artículo 305 del Código Penal. Aunque en los casos de ganancias ilícitas la aplicación de este delito haya sido materia controvertida en doctrina y jurisprudencia, en mi opinión tal aplicación no debería suscitar dudas cuando las ganancias no constituyen el fruto de un delito previo, sino el de una mera infracción administrativa, como sucede en el caso que aquí se analiza.

Por último, si el juez considera probados los testimonios de algunos compradores, no hay que descartar que en determinados casos haya podido cometerse un delito de amenazas condicionales del artículo 171.1 del Código Penal, siempre que se hubiese amenazado al comprador con causarle un mal (esto es, la no realización del contrato del piso sobre el que tenía una reserva) si éste no cumple una condición ilícita (entregar el sobreprecio indebido en dinero negro).

Y, situados en esta hipótesis, se cumpliría además el presupuesto para la posterior comisión de un delito de blanqueo de dinero definido en el artículo 301 del Código Penal, si la promotora, tras haber percibido las ganancias ilícitas, introduce el dinero en el tráfico financiero legal, dado que este dinero tendría entonces su origen en un delito previo.

Efecto dominó en Navia con más denuncias de sobreprecios

Propietarios de promociones de viviendas públicas en el polígono vigués dan los primeros pasos para sacar a la luz extorsiones ·· Afectados de ConstruCuatro dicen que les propusieron entregar facturas falsas al juzgado

M.G. / elcorreogallego.es • VIGO 29/9/2007

Efecto dominó. Las denuncias presentadas contra Vigolar y ConstruCuatro por el presunto cobro de sobreprecios de viviendas de promoción pública en el polígono de San Paio de Navia han sido determinantes para animar a propietarios de otras construcciones a desoír la ley del silencio impuesta, muy a su pesar por los vendedores, e iniciar el proceso que les conducirá con toda probabilidad a presentar demandas por ser víctimas de presiones similares para comprar un piso. Así se lo confirmaron ayer a esta redacción dos fuentes a las que han recurrido los compradores que aseguran sentirse estafados "por no haber tenido otro remedio que plegarse a la exigencia de los promotores de pagar dinero fuera de la escritura".

En el caso del edificio de ConstruCuatro, las informaciones de los últimos días han servido para animar a más de 22 propietarios del edificio a sumarse a la demanda ya presentada en diciembre de 2006 por los dos primeros denunciantes ante el Juzgado de Instrucción número dos de Vigo, que hace meses levantó el secreto del sumario. Se da la circunstancia de que parte de los propietarios no denunciarán por ser familiares directos de las personas que habrían actuado como intermediarios en el cobro del sobreprecio.

Vencido el miedo a denunciar la situación, los afectados aseguran haber sido llamados este verano, después de haber cerrado y pagado la compra de la vivienda, tanto por los máximos responsables de ConstruCuatro como por los intermediarios para proponerles presentar facturas falsas en el caso de ser llamados por el juzgado para justificar el pago de dinero "extra" diciendo que se trataba por obras de mejoras. Esta propuesta recibió la negativa del comprador que a su vez le proponía que le devolvieran la cantidad entregada, que según las últimas informaciones habría alcanzado la cifra de 40.000 euros. La respuesta de la constructora fue que "ConstruCuatro no negocia" y que en ningún caso iban a recuperar el dinero aportado fuera de la escritura.

Todos los propietarios entrevistados por esta redacción aseguran, sin haberse puesto de acuerdo, que días después de someterse a la extorsión acudieron, sin resultados, a la Consellería de Vivenda en Vigo, Pontevedra y Santiago.

Impotencia y desesperación. Impotencia porque Pedro Brites asegura que no le quedó más remedio que pagar los 30.000 euros que le exigieron para acceder a la casa que llevaba dos años tramitando. Desesperación porque en ConstruCuatro, donde pagó directamente un dinero que para él era "A" porque salió de sus ahorros y de su trabajo, de su cuenta corriente, aunque inmediatamente se convirtió en "negro", no sólo jugaron con su dinero sino con sus ilusiones.
"Si no era San Paio de Navia no podía comprar nada en Vigo porque con un precio de 138.000 euros es el único piso cuya hipoteca podía asumir, porque se trataba de pagar 1.000 euros o 400", explica Brites para dar luz a la razón por la que accedió a la demanda de la constructora de pagar 30.000 euros a más de lo oficial y de reunir el dinero en tan sólo tres días. "Tuve que recurrir a lo que había ahorrado para amueblar la casa", asegura para apelar a la consellería de Vivienda y pedirle que actúe de forma más contundente que hasta ahora "ante este trauma humano en que nos encontramos todos los propietarios del edificio.

"Tenemos las casas vacías e hipotecas mucho más altas de lo que habíamos previsto porque tuvimos que afrontar el pago con la amenaza de quedarnos sin piso y con la convicción de que no íbamos a encontrar nada igual por el mismo precio y lo único a lo que podíamos acceder era a un estudio", indica Pedro Brites. Explica que cuando denunció la situación en la Delegación de Vivenda en Pontevedra le dijeron "que ConstruCuatro estaba harta de torear en esas plazas y que íbamos a perder si nos enfrentábamos a ellos".

T.G, profesora de un instituto de Vigo, asegura que pagar los 21.000 euros que le exigió una intermediaria unos días antes de firmar el contrato de reserva, le hicieron sentirse "robada y estafada, como todos".

Asegura que acudió a la Delegación de Vivenda en Vigo donde el delegado le habría prometido, como a otros vecinos, que en el plazo de 4 o 5 meses se les iba a devolver el dinero. "La decepción ha llegado cuando el jefe jurídico de la Consellería", Javier Constela, "nos ha dicho esta misma semana que las cosas no son así y que va a ser muy difícil y que no tengamos esperanzas de recuperar lo aportado fuera de escritura porque se trata de una palabra contra otra".
A T.G. la intermediaria también le propuso darle facturas sobre mejoras del piso para justificarse en el juzgado.

LOS DATOS

Querella Los 22 vecinos que se suman a la demanda presentada por los dos primeros denunciantes en diciembre de 2006 inciden en la presunta comisión de un delito fiscal, de coacciones y de estafa inmobiliaria contra ConstruCuatro.
Pisos Aunque la ley exige que tres meses después de firmar las escrituras las viviendas de promoción pública deben estar ocupadas, en el edificio de ConstruCuatro hay inmuebles sin ocupar.
Calidad Técnicos contratados por los afectados se encuentran contrastando el proyecto de ejecución de las viviendas porque no coincide con la memoria de calidad y con las promesas de equipamientos por parte de la constructora. El parqué sería de menor calidad, faltan las persianas de los salones, los rodapiés son de cartón prensado y en las cocinas no se instalaron las piletas y las encimeras.
Precio Se cuestiona la decisión de calificar las viviendas como de precio concertado, por asegurar que "no se dan las características" de estos pisos, provocando que los compradores no pudieran acceder a las distintas ayudas de la Administración autonómica. Los afectados indican que al ser una vivienda de precio concertado sólo contaron con la ayuda de 600 euros para las escrituras mientras que los constructores recibieron subvenciones para edificar.
Alquiler En el edificio de ConstruCuatro los vecinos han constatado que están alquiladas plazas de garaje a pesar de que la ley tampoco lo permite.
Justicia En fase de instrucción desde hace casi un año, los denunciantes esperan que con los últimos acontecimientos se acelere la investigación de la presunta estafa.
Concentración La primera movilización de los afectados por la presunta estafa está programada para las doce de la mañana con una concentración delante del edificio donde desplegarán pancartas en denuncia de las presuntas prácticas de la constructora.
Apoyo La asociación de cooperativas de Vigo, Progacovi, ha sido la primera en expresar su solidaridad tanto con los propietarios de los pisos levantados por la firma ConstruCuatro como con todos los de "otras promociones que también se sienten estafados".

EL DATO

Desinterés Los afectados se quejan amargamente de que los partidos utilicen su situación para la batalla política sin que nadie se haya interesado por ellos para ofrecerles su colaboración .