Las promotoras piden aplazar sus impuestos por la crisis

P. González/ publico
Madrid

Julio es el mes en el que un millón de empresas tienen que cumplir con Hacienda. Hasta el día 25, deben pagar el Impuesto sobre Sociedades de 2007, periodo en el que los beneficios todavía no se vieron afectados de forma apreciable por el frenazo económico. Este parón ha castigado especialmente al sector inmobiliario que, según las fuentes consultadas, tiene dificultades para pagar sus impuestos.

Diversos despachos de asesores fiscales aseguraron que muchas promotoras barajan pedir a Hacienda el aplazamiento del pago de Sociedades por problemas de liquidez. “Sus resultados en 2007 fueron óptimos, pese al bache del último trimestre, por lo que la cuota a pagar es elevada”, explica el responsable de un despacho. Pero, como señala el abogado Leonardo Cárdenas, de la Asociaciación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en Catalunya, “la situación de las empresas es muy complicada, pues muchas han reinvertido gran parte de los beneficios de los últimos años, lo que, unido a un importante endeudamiento, hace que se encuentren en una situación de falta de liquidez absoluta”. Además, los resultados de este año no van bien: los datos de la Agencia Tributaria revelan que los beneficios ha caído un 12% en el primer trimestre. Así, “un número no desdeñable de clientes se van a ver en la necesidad de solicitar el aplazamiento de Sociedades”, señala otro asesor.

Aval bancario

En tal situación están, sobre todo, las pymes. El sector inmobiliario está compuesto por unas 40.000 sociedades, de las que alrededor de 6.000 absorben el 90% del negocio. Fuentes del sector admiten que muchas están en dificultades, pero aseguran que no existe una posición común respecto al pago fiscal, pues se trata de una decisión individual. Según estas fuentes, la situación es tan delicada que incluso va a ser complicado lograr que los bancos les concedan el aval necesario para aplazar el pago a Hacienda.

En esta idea abunda un asesor fiscal: “El problema está en que la Agencia Tributaria exigirá garantías, como aval bancario, una hipoteca o un bien en prenda, y que son difíciles de obtener en estos momentos”. Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), opina que “las compañías que pidan el aplazamiento no serán las que puedan obtener aval, sino que serán las que ofrezcan otro tipo de garantías o las que tienen devoluciones pendientes de Hacienda, o créditos contra otras Administraciones por obra ejecutada no cobrada”.

La Agencia Tributaria asegura que va a mantener los mismos niveles de exigencia en los aplazamientos. El año pasado no hubo muchos ya que estaban en plena bonanza: se concedieron 6.800.

Los inspectores de Hacienda proponen fiscalizar a altos cargos de 141 municipios

EP/ suvivienda
Córdoba

* Proponen controlar a alcaldes y concejales de Urbanismo de grandes ayuntamientos
* Quieren que se les permita actuar de incógnito para luchar contra el fraude del IVA

Los inspectores de Hacienda del Estado proponen inspeccionar a los alcaldes y a los concejales de urbanismo de los ayuntamientos con una población superior a los 50.000 habitantes, un total de 141 municipios, y a aquellos otros representantes públicos que hayan adoptado importantes medidas urbanísticas, con el fin de evitar casos de corrupción.

Esta es una de las principales medidas de un total de 49 que propone la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado en un documento sobre 'Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España', que su presidente, José María Peláez, ha presentado en Córdoba con motivo del Congreso Nacional de la organización.

Peláez indicó que es necesario incluir en el plan de inspección que cada año elabora la Agencia Tributaria a todos estos representantes públicos, incluso llegando a las posibles ramificaciones familiares, así como llevar a cabo medidas complementarias de investigación necesarias para descubrir la posible utilización de testaferros o sociedades pantalla.

La inclusión de alcaldes y concejales en dicho plan se realizaría al finalizar cada mandato electoral de cuatro años o, en su caso, en el momento del cese. Además, los inspectores precisan que los criterios del plan han de ser públicos para evitar "suspicacias" de utilización política de la medida.

"El fraude y la corrupción no alcanza sólo al área fiscal. Es una lacra general, como últimamente han puesto de manifiesto casos de todos conocidos relacionados con el mundo financiero y político", reza el texto de los inspectores.

En la misma línea, apuestan por desarrollar con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva Ley del Suelo para evitar los casos de corrupción, así como por la reforma del Código Penal para endurecer las penas por delitos contra la ordenación del territorio.

Junto con esta medida, abogan por establecer la obligatoriedad de remitir a la Agencia Tributaria la información obrante en los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como de cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos e instituciones.

Los inspectores de Hacienda proponen también la atribución a la Agencia Tributaria de la competencia legal para el seguimiento patrimonial de aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción y que no hayan reintegrado sus bienes y dinero procedentes de los mismos. La aprobación de una Ley Anticorrupción es otra de las propuestas de este colectivo para evitar el fraude, especialmente la relacionada con el sector inmobiliario.

También en materia de paraísos fiscales apuestan por un gravamen del 24% para todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un territorio calificado como paraíso fiscal, así como por la prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios, salvo que suministren a Hacienda toda la información concerniente a las mismas.

Actuaciones de incógnito

En cuanto al fraude en el IVA, los inspectores de Hacienda quieren que se les permita realizar actuaciones inspectoras sin necesidad de identificarse y de incógnito, y poder reflejar así en las diligencias los hechos que resulten de la constancia personal de los inspectores, dado el ofrecimiento tan alto que existe actualmente de servicios sin factura o sin IVA.

En materia de deslocalización dentro del territorio nacional, los inspectores de Hacienda proponen modificar la normativa de cesión de tributos a las comunidades autónomas para garantizar que, en el supuesto de cesión de los tributos estatales, la normativa reguladora sea de aplicación homogénea en todo el territorio nacional.

El presidente de los inspectores destacó que se trata de evitar casos como el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, prácticamente suprimido en algunas comunidades, lo que está motivando que haya contribuyentes que cambien de forma ficticia de residencia para eludir el pago de este tributo.

"En el momento actual, el ejercicio de las competencias normativas atribuidas a las comunidades ha sido utilizado con tal desigualdad de criterios que incitan al fraude mediante la deslocalización de las personas en otras comunidades para aprovecharse de las ventajas de los tipos impositivos menores", subraya el documento.

Las propuestas de los inspectores incluyen también un conjunto de medidas para evitar la ingeniería financiera, entre las que se encuentran la creación de una responsabilidad solidaria de los despachos de abogados o asesores fiscales que "inciten a la comisión de delitos fiscales" y tipificar como un nuevo delito en el Código Penal la conducta consistente en el ofrecimiento al mercado de servicios idóneos para el fraude tributario.

Oficina Nacional Antifradue

Finalmente, apuestan por la creación de una Oficina Nacional Antifraude que, bajo la dependencia funcional de la Agencia Tributaria, integre, otre otros, a funcionarios de la Inspección de Hacienda, del SEPLAC y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal.

Esta oficina se crearía a partir de la existente Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ampliando sus competencias y su despliegue territorial, mediante la creación de 100 unidades de investigación en todas las comunidades.

Los técnicos de Hacienda cifran en 8.600 millones el fraude inmobiliario

M. Sánchez y Y. Gómez/ abc
Córdoba/ Madrid

Los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en Gestha, calculan que la evasión fiscal en el sector inmobiliario alcanza los 8.600 millones anuales.

Aseguran que la ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, aprobada hace un año, no ha servido para atajar las dos grandes bolsas de fraude existentes en España: las operaciones de compra-venta hechas por empresas constructoras e inmobiliarias y las actividades de las profesiones liberales.

En un comunicado, en el que los técnicos hacen balance del primer año de funcionamiento de esta norma, acusan a la Agencia Tributaria de controlar «de forma masiva» los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados en lugar de centrarse en los principales focos de economía sumergida.

Respecto al fraude inmobiliario, aunque este sindicato de técnicos reconoce que las actuaciones sobre el sector se han incrementado este año, no han permitido frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo, donde el dinero negro ha encontrado un refugio rentable.

Según sus datos, Andalucía es la comunidad con más fraude fiscal en el sector, seguida de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, dio ayer una visión muy distinta de la actuación de la administración en la lucha contra el fraude. Pedroche, que inauguró en Córdoba el XVII Congreso Anual de los Inspectores de Hacienda, aseguró que las acciones de control tributario llevadas a cabo por la Agencia han permitido ingresar en las arcas públicas en lo que llevamos de 2007 unos 5.000 millones de euros, por lo que prevén cerrar el año con casi 6.000 millones, lo que supondría un 14% más de lo recaudado por estas actuaciones en 2006.

Según Pedroche, este aumento de la recaudación se está produciendo desde que se aprobó la ley de prevención del fraude a comienzos de 2005. Según Hacienda, desde ese año ya se llevan recaudados 15.000 millones de euros más de los que se obtienen por la vía ordinaria, con un aumento del 14% en 2005 y de cerca del 12% en 2006 muy por encima del crecimiento del PIB.

Por otra parte, el director de la Agencia consideró que uno de los retos más importantes que tiene el organismo es dar más participación a las comunidades autónomas, «que gestionan un 60% del gasto público del Estado pero no tienen atribuida la financiación, por lo que parece razonable que tengan interés» en participar de la gestión tributaria. Sin embargo, rechazó «la fragmentación de la gestión de impuestos, que produciría menos eficiencia y más costes para los ciudadanos». También destacó la necesidad de renovación en la Agencia Tributaria, con una alta media de edad, que provocará la jubilación de «entre 6.000 y 7.000 funcionarios» en los próximos años.

Por su parte, los inspectores de Hacienda prevén «efectos muy negativos en la lucha contra el fraude fiscal» si las agencias tributarias que creen las comunidades autónomas asumen las competencias de inspección del Estado. El presidente de Apife, José María Peláez, explicó que «no estamos en contra de que las comunidades creen su agencia tributaria para organizarse, pero sí de fragmentar el sistema tributario, en cuanto a la gestión de los impuestos, sobre todo en lo que es lucha contra el fraude».