Los técnicos de Hacienda cifran en 8.600 millones el fraude inmobiliario

M. Sánchez y Y. Gómez/ abc
Córdoba/ Madrid

Los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en Gestha, calculan que la evasión fiscal en el sector inmobiliario alcanza los 8.600 millones anuales.

Aseguran que la ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, aprobada hace un año, no ha servido para atajar las dos grandes bolsas de fraude existentes en España: las operaciones de compra-venta hechas por empresas constructoras e inmobiliarias y las actividades de las profesiones liberales.

En un comunicado, en el que los técnicos hacen balance del primer año de funcionamiento de esta norma, acusan a la Agencia Tributaria de controlar «de forma masiva» los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados en lugar de centrarse en los principales focos de economía sumergida.

Respecto al fraude inmobiliario, aunque este sindicato de técnicos reconoce que las actuaciones sobre el sector se han incrementado este año, no han permitido frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo, donde el dinero negro ha encontrado un refugio rentable.

Según sus datos, Andalucía es la comunidad con más fraude fiscal en el sector, seguida de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, dio ayer una visión muy distinta de la actuación de la administración en la lucha contra el fraude. Pedroche, que inauguró en Córdoba el XVII Congreso Anual de los Inspectores de Hacienda, aseguró que las acciones de control tributario llevadas a cabo por la Agencia han permitido ingresar en las arcas públicas en lo que llevamos de 2007 unos 5.000 millones de euros, por lo que prevén cerrar el año con casi 6.000 millones, lo que supondría un 14% más de lo recaudado por estas actuaciones en 2006.

Según Pedroche, este aumento de la recaudación se está produciendo desde que se aprobó la ley de prevención del fraude a comienzos de 2005. Según Hacienda, desde ese año ya se llevan recaudados 15.000 millones de euros más de los que se obtienen por la vía ordinaria, con un aumento del 14% en 2005 y de cerca del 12% en 2006 muy por encima del crecimiento del PIB.

Por otra parte, el director de la Agencia consideró que uno de los retos más importantes que tiene el organismo es dar más participación a las comunidades autónomas, «que gestionan un 60% del gasto público del Estado pero no tienen atribuida la financiación, por lo que parece razonable que tengan interés» en participar de la gestión tributaria. Sin embargo, rechazó «la fragmentación de la gestión de impuestos, que produciría menos eficiencia y más costes para los ciudadanos». También destacó la necesidad de renovación en la Agencia Tributaria, con una alta media de edad, que provocará la jubilación de «entre 6.000 y 7.000 funcionarios» en los próximos años.

Por su parte, los inspectores de Hacienda prevén «efectos muy negativos en la lucha contra el fraude fiscal» si las agencias tributarias que creen las comunidades autónomas asumen las competencias de inspección del Estado. El presidente de Apife, José María Peláez, explicó que «no estamos en contra de que las comunidades creen su agencia tributaria para organizarse, pero sí de fragmentar el sistema tributario, en cuanto a la gestión de los impuestos, sobre todo en lo que es lucha contra el fraude».