Las promotoras piden aplazar sus impuestos por la crisis

P. González/ publico
Madrid

Julio es el mes en el que un millón de empresas tienen que cumplir con Hacienda. Hasta el día 25, deben pagar el Impuesto sobre Sociedades de 2007, periodo en el que los beneficios todavía no se vieron afectados de forma apreciable por el frenazo económico. Este parón ha castigado especialmente al sector inmobiliario que, según las fuentes consultadas, tiene dificultades para pagar sus impuestos.

Diversos despachos de asesores fiscales aseguraron que muchas promotoras barajan pedir a Hacienda el aplazamiento del pago de Sociedades por problemas de liquidez. “Sus resultados en 2007 fueron óptimos, pese al bache del último trimestre, por lo que la cuota a pagar es elevada”, explica el responsable de un despacho. Pero, como señala el abogado Leonardo Cárdenas, de la Asociaciación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en Catalunya, “la situación de las empresas es muy complicada, pues muchas han reinvertido gran parte de los beneficios de los últimos años, lo que, unido a un importante endeudamiento, hace que se encuentren en una situación de falta de liquidez absoluta”. Además, los resultados de este año no van bien: los datos de la Agencia Tributaria revelan que los beneficios ha caído un 12% en el primer trimestre. Así, “un número no desdeñable de clientes se van a ver en la necesidad de solicitar el aplazamiento de Sociedades”, señala otro asesor.

Aval bancario

En tal situación están, sobre todo, las pymes. El sector inmobiliario está compuesto por unas 40.000 sociedades, de las que alrededor de 6.000 absorben el 90% del negocio. Fuentes del sector admiten que muchas están en dificultades, pero aseguran que no existe una posición común respecto al pago fiscal, pues se trata de una decisión individual. Según estas fuentes, la situación es tan delicada que incluso va a ser complicado lograr que los bancos les concedan el aval necesario para aplazar el pago a Hacienda.

En esta idea abunda un asesor fiscal: “El problema está en que la Agencia Tributaria exigirá garantías, como aval bancario, una hipoteca o un bien en prenda, y que son difíciles de obtener en estos momentos”. Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), opina que “las compañías que pidan el aplazamiento no serán las que puedan obtener aval, sino que serán las que ofrezcan otro tipo de garantías o las que tienen devoluciones pendientes de Hacienda, o créditos contra otras Administraciones por obra ejecutada no cobrada”.

La Agencia Tributaria asegura que va a mantener los mismos niveles de exigencia en los aplazamientos. El año pasado no hubo muchos ya que estaban en plena bonanza: se concedieron 6.800.