12 imputados del 'caso Estepona' ya han vuelto a trabajar en el consistorio

Juana Viúdez/ elpais
Marbella

El riesgo de destrucción de pruebas abre una batalla en el gobierno local

La vuelta a la normalidad en el Ayuntamiento de Estepona no está siendo fácil. Al menos 12 de los imputados en la trama de corrupción siguen en sus puestos de trabajo dos semanas después de que la policía pusiera patas arriba las dependencias municipales y la juez enviara a prisión a su alcalde, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE. Los cuatro concejales del equipo de gobierno detenidos volvieron a sus puestos de trabajo casi directamente de los calabozos. Lo mismo ocurrió con los técnicos de Urbanismo implicados.

Pero la situación no se ha calmado. A finales de la semana pasada, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, al que los investigadores han tomado declaración como imputado, alertó de un posible riesgo de destrucción o eliminación de pruebas por la continuidad de cinco técnicos implicados en el caso Astapa.

El edil remitió una nota interna al concejal de Hacienda y Personal, Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, pidiéndole que los apartase para evitar que se manipulen informes técnicos. La carta ha provocado un pulso entre Zamorano, expulsado del PSOE por su imputación, y Duarte, al que el partido no ha retirado su confianza y postula como posible alcalde de la ciudad.

Zamorano contestó a Duarte ayer asegurando que no existe ningún auto que limite el acceso a dependencias municipales a los implicados. La respuesta llegó en forma de escrito, difundido previamente por los medios de comunicación.En la carta, Zamorano rehúsa adoptar cualquier medida. "Cada concejal ostenta la máxima responsabilidad (...), por lo que deberá ser usted quien eleve tanto ésta como cualquier decisión oportuna", recoge la nota. El concejal adjunta un informe jurídico en el que le explica cómo actuar en cada caso. Con los empleados de libre designación debe abrir un expediente, motivar la decisión y elevarlo a alcaldía, mientras que con los funcionarios se debe abrir un procedimiento sancionador.

El edil de Hacienda, del que dependen las contrataciones, ha sido el primero en hacer despidos tras su imputación en el caso Astapa. Así, notificó el cese a Juan Carlos Gurrea, consejero delegado de la sociedad municipal Desarrollos Municipales Estepona, alegando que había desaparecido la confianza que depositó en él cuando fue contratado en 2003. Tres días antes, Gurrea había declarado como testigo ante los investigadores.

Los técnicos de Urbanismo implicados y cuya permanencia en sus puestos de trabajo podría hacer peligrar posibles pruebas son el ingeniero Héctor Ruiz, director técnico de la Empresa Municipal de la Vivienda, y los arquitectos Tomás Álvarez y Arturo Cebrián.

Este último aparecía en el sumario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales. También continúan en su puesto el responsable de los servicios jurídicos, Andrés Flores, y el jefe de servicios técnicos, Ignacio de la Hoz, a quien trabajadores municipales supuestamente sorprendieron a finales de la semana pasada manipulando el ordenador del responsable de las tasaciones, Javier Wittmeur, en prisión preventiva.

De la Hoz, en libertad bajo fianza de 50.000 euros está acusado de fraude y malversación. Flores quedó en libertad con cargos de cohecho y blanqueo tras una larga declaración. El edil de Urbanismo entiende que ninguno de lo dos puede seguir en sus puestos como cargos de libre designación.

Dentro del área de Urbanismo también están implicados el gerente Juan Manuel Ramos y la coordinadora Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo. Para ellos no se ha pedido ninguna medida de separación. Según fuentes municipales, sus cargos tienen un carácter "eminentemente político".

El viernes pasado el concejal de Seguridad Antonio Sánchez (PSOE) envió una patrulla de Policía Local a la delegación de Urbanismo para evitar que cualquier persona ajena al edificio accediera a las oficinas sin un motivo justificado. Según fuentes municipales, el día anterior, el abogado Juan Simón, en libertad bajo fianza de 300.000 euros, acudió a las instalaciones municipales y amedrentó a varios de los empleados de Urbanismo diciéndoles que ellos también resultarían acusados de irregularidades. Ante esta peculiar visita, Rafael Duarte dio instrucciones al servicio de seguridad para que no se permitiera el acceso al abogado sin su consentimiento previo. Hasta el inicio de la operación, Simón entraba y salía a placer del edificio, en el que también se encuentra la delegación de Personal.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha ordenado a la empresa que vigila el edificio Puerto Sol de que impida el acceso a cualquier persona que no tenga autorización expresa y ha pedido a las patrullas de la Policía Local cercanas que estén alerta y puedan acudir ante cualquier incidencia. Las concejalas Asunción López (Cultura), Mariví López (Educación) y Marisa Rodríguez (Playas) son los otros cargos políticos que siguen en sus puestos, al igual que Zamorano.

Seis detenidos por corrupción urbanística en Totana

EP/ adn

La Guardia Civil investiga la recalificación de más de 2 millones de hectáreas de suelo rústico en urbanizable en la localidad murciana

Agentes de la Guardia Civil han detenido hoy a al menos seis personas por su presunta relación con un delito urbanístico cometido en la localidad murciana de Totana, informaron fuentes próximas a la investigación. La operación está relacionada con la recalificación de más de 2 millones de hectáreas de suelo rústico en urbanizable para que una empresa gallega construyese miles de viviendas.

Entre los detenidos se encuentran el director de la empresa gallega y uno de sus ayudantes, habiéndose producido ambos arrestos en Nigrán (Pontevedra). Asimismo, ha sido detenido en Totana el dueño de una empresa de productos agrícolas con sede en esa localidad, acusado de actuar de intermediador entre la empresa y las personas que podrían haber recibido sobornos para recalificar el terreno.

La nómina de detenidos se completa con otros dos arrestos en Murcia capital y otro en Madrid. Las investigaciones corren a cargo del Grupo de Delitos Urbanísticos creado este mismo año en el seno de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los tentáculos de ‘Guateque’ se extienden a 14 de los 21 distritos de la capital

D. F./20min
Foto: Agencias

* La Guardia Civil efectuará registros en más juntas municipales
* Otro imputado ingresó ayer en prisión, y ya van seis
* Se investiga a 35 personas

La Guardia Civil, que dirige la Operación Guateque, tiene previsto realizar registros en otras diez juntas de distrito durante los próximos días (ya se han efectuado en cuatro: Chamberí, San Blas, Centro y Tetuán), según han explicado a 20 minutos fuentes de la Benemérita, por lo que en total serán registradas 14 de las 21 juntas.

También es probable que se produzcan nuevas detenciones. Ayer mismo, el juez ordenó el ingreso en prisión de otro nuevo implicado. Se trata de Carmelo García, ya jubilado y que fue acusado en 1995 de cobrar dinero por agilizar las aperturas de varias saunas gays de la capital. Fue absuelto. En total, la Operación Guateque se ha saldado de momento con seis detenidos y 29 imputados, de los que diez declararon ayer.

Los agentes que están llevando el caso ampliarán los registros a más juntas de distrito, ya que los 187 expedientes bajo sospecha se han tramitado en estas 14 juntas. Entre los negocios que el juez está investigando, para ver si pagaron o no a los funcionarios corruptos para agilizar sus licencias, estarían la guardería infantil Jesusito de mi Vida, un local de la clínica Ruber, el cine California, diversos establecimientos de los restaurantes Rodilla y La Máquina, así como otros bares y cafeterías, talleres, carpinterías y gimnasios.

Victoriano y Carmen

Dentro de esta trama de corrupción, la Benemérita califica de "peces gordos" a dos de los seis detenidos. Son Victoriano Ceballos, cuñado de un ex edil socialista y jefe de la división de impacto ambiental, y Carmen Eulalia Ibáñez, de origen brasileño y asesora técnica de evaluación de Medio Ambiente.

El primero aparece en muchas de las conversaciones pinchadas por la Guardia Civil repartiéndose las comisiones ilegales con los intermediarios que ponían en contacto a los empresarios y a los funcionarios corruptos. La segunda estaría implicada en al menos 134 de los 187 expedientes que supuestamente fueron tramitados de manera rápida y sospechosa.

La trama irá al pleno del día 28

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido que el pleno extraordinario que tratará la Operación Guateque se celebrará el próximo miércoles día 28. Los socialistas criticaron ayer la elección de esta fecha y calificaron de "flagrante atentado" la decisión de Gallardón, que ha hecho coincidir el pleno sobre "una trama de suficiente envergadura", con el Pleno de noviembre y el de presupuestos.

El PSOE también ha pedido al alcalde que explique su relación con dos de los imputados, cargos de su confianza.

Fe de errores

Ángel Megal Cifuentes, otro de los imputados dentro de la Operación Guateque, nunca ha estado en prisión por esta investigación, como publicamos ayer por error. Sólo declaró ante la Guardia Civil y fue puesto en libertad sin fianza.