El ex-Alcalde de Estepona empleó a un jardinero y una secretaria como altos directivos

Juana Viúdez/ elpais
Málaga

Antonio Barrientos, el ex alcalde de Estepona, último municipio de la Costa del Sol sacudido por la corrupción urbanística, llegó a contratar a una secretaria y a un jardinero como "altos directivos" en el Consistorio. Ambos forman parte de los once contratados de alta dirección despedidos por el nuevo alcalde, David Valadez (PSOE), dentro de un plan de austeridad con el que el Consistorio buscaba ahorrarse los 625.000 euros anuales de sus salarios.

Al menos siete de estos once "altos directivos" han pedido la nulidad de sus despidos alegando que no hacían labores de alta dirección sino trabajos subalternos. Para demostrarlo se agarran al Real Decreto 1382/1985, que regula este tipo de contrataciones. "Para que se nos considere de alta dirección tendríamos que tener firma delegada en la sociedad municipal en la que estábamos empleados, poder comprar y vender y no tener ningún mando por encima, algo que no se cumple en la mayoría de los puestos", señala uno de los empleados despedidos.

Los casos más llamativos son los de la secretaria del edil del Partido Andalucista, Rafael Montesino, implicado en el caso Astapa; o de un encargado de jardines. En la lista de "altos cargos" se encuentran perfiles más elevados como dos subdirectores de la televisión municipal, la directora del Palacio de Congresos o un director de área de la delegación de Agricultura. "A algunos de ellos se les ofreció quedarse a la mitad del sueldo, pero la propuesta se quedó sobre la mesa", señalaron ayer fuentes municipales.

El Ayuntamiento esteponero defiende que los despidos se han hecho siguiendo los criterios de los servicios jurídicos y atendiendo a las funciones y los salarios que recibían los expulsados. En todos los casos el Ayuntamiento alegó "pérdida de confianza". Los despedidos cobraban salarios mensuales que oscilaban entre los 1.800 euros netos a los 5.000 brutos.

"Estos contratos se hacían para favorecer a los más allegados del equipo de gobierno, así recibían su recompensa los que ayudaban a pegar los carteles", señalaban ayer fuentes sindicales. "Lo normal era que cuando se acercaban las elecciones, les blindaran los contratos para que, en caso de perder la alcaldía, se quedaran como trabajadores municipales. Pero el caso Astapa les pilló desprevenidos", añadían. La diferencia entre contratos de alta dirección y de cargos de confianza es que éstos cesan cuando termina el mandato de quien los nombró.

Los trabajadores que recurrieron sus despidos acudieron el 22 y el 24 de septiembre a sendos actos de conciliación. El Ayuntamiento no concurrió. El siguiente paso será la celebración del juicio, que probablemente se fije en noviembre. En el caso de que resulten victoriosos, los trabajadores podrán optar entre una indemnización o la vuelta a su puesto de trabajo.

Pero la lucha con los altos directivos no es la única que se ha abierto en los últimos días en el Ayuntamiento de Estepona. El colectivo de bomberos, integrado por unos 40 trabajadores, se ha manifestado para denunciar la "pésima situación" de las instalaciones municipales. Detrás de la protesta subyace su temor a que Valadez transfiera a la plantilla al consorcio de bomberos de la Diputación Provincial.

El plan de austeridad también les ha tocado de lleno. Antes del verano su salario medio rondaba los 3.000 euros, pero con la reducción de horas extras del verano se han quedado en 1.500 euros. El paso de esta plantilla a la Diputación supondría ahorro considerable para las arcas municipales, que cada mes abonan las nóminas de unos 1.400 trabajadores (de los que 200 son funcionarios) y lidian con una deuda de 96 millones.

12 imputados del 'caso Estepona' ya han vuelto a trabajar en el consistorio

Juana Viúdez/ elpais
Marbella

El riesgo de destrucción de pruebas abre una batalla en el gobierno local

La vuelta a la normalidad en el Ayuntamiento de Estepona no está siendo fácil. Al menos 12 de los imputados en la trama de corrupción siguen en sus puestos de trabajo dos semanas después de que la policía pusiera patas arriba las dependencias municipales y la juez enviara a prisión a su alcalde, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE. Los cuatro concejales del equipo de gobierno detenidos volvieron a sus puestos de trabajo casi directamente de los calabozos. Lo mismo ocurrió con los técnicos de Urbanismo implicados.

Pero la situación no se ha calmado. A finales de la semana pasada, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, al que los investigadores han tomado declaración como imputado, alertó de un posible riesgo de destrucción o eliminación de pruebas por la continuidad de cinco técnicos implicados en el caso Astapa.

El edil remitió una nota interna al concejal de Hacienda y Personal, Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, pidiéndole que los apartase para evitar que se manipulen informes técnicos. La carta ha provocado un pulso entre Zamorano, expulsado del PSOE por su imputación, y Duarte, al que el partido no ha retirado su confianza y postula como posible alcalde de la ciudad.

Zamorano contestó a Duarte ayer asegurando que no existe ningún auto que limite el acceso a dependencias municipales a los implicados. La respuesta llegó en forma de escrito, difundido previamente por los medios de comunicación.En la carta, Zamorano rehúsa adoptar cualquier medida. "Cada concejal ostenta la máxima responsabilidad (...), por lo que deberá ser usted quien eleve tanto ésta como cualquier decisión oportuna", recoge la nota. El concejal adjunta un informe jurídico en el que le explica cómo actuar en cada caso. Con los empleados de libre designación debe abrir un expediente, motivar la decisión y elevarlo a alcaldía, mientras que con los funcionarios se debe abrir un procedimiento sancionador.

El edil de Hacienda, del que dependen las contrataciones, ha sido el primero en hacer despidos tras su imputación en el caso Astapa. Así, notificó el cese a Juan Carlos Gurrea, consejero delegado de la sociedad municipal Desarrollos Municipales Estepona, alegando que había desaparecido la confianza que depositó en él cuando fue contratado en 2003. Tres días antes, Gurrea había declarado como testigo ante los investigadores.

Los técnicos de Urbanismo implicados y cuya permanencia en sus puestos de trabajo podría hacer peligrar posibles pruebas son el ingeniero Héctor Ruiz, director técnico de la Empresa Municipal de la Vivienda, y los arquitectos Tomás Álvarez y Arturo Cebrián.

Este último aparecía en el sumario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales. También continúan en su puesto el responsable de los servicios jurídicos, Andrés Flores, y el jefe de servicios técnicos, Ignacio de la Hoz, a quien trabajadores municipales supuestamente sorprendieron a finales de la semana pasada manipulando el ordenador del responsable de las tasaciones, Javier Wittmeur, en prisión preventiva.

De la Hoz, en libertad bajo fianza de 50.000 euros está acusado de fraude y malversación. Flores quedó en libertad con cargos de cohecho y blanqueo tras una larga declaración. El edil de Urbanismo entiende que ninguno de lo dos puede seguir en sus puestos como cargos de libre designación.

Dentro del área de Urbanismo también están implicados el gerente Juan Manuel Ramos y la coordinadora Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo. Para ellos no se ha pedido ninguna medida de separación. Según fuentes municipales, sus cargos tienen un carácter "eminentemente político".

El viernes pasado el concejal de Seguridad Antonio Sánchez (PSOE) envió una patrulla de Policía Local a la delegación de Urbanismo para evitar que cualquier persona ajena al edificio accediera a las oficinas sin un motivo justificado. Según fuentes municipales, el día anterior, el abogado Juan Simón, en libertad bajo fianza de 300.000 euros, acudió a las instalaciones municipales y amedrentó a varios de los empleados de Urbanismo diciéndoles que ellos también resultarían acusados de irregularidades. Ante esta peculiar visita, Rafael Duarte dio instrucciones al servicio de seguridad para que no se permitiera el acceso al abogado sin su consentimiento previo. Hasta el inicio de la operación, Simón entraba y salía a placer del edificio, en el que también se encuentra la delegación de Personal.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha ordenado a la empresa que vigila el edificio Puerto Sol de que impida el acceso a cualquier persona que no tenga autorización expresa y ha pedido a las patrullas de la Policía Local cercanas que estén alerta y puedan acudir ante cualquier incidencia. Las concejalas Asunción López (Cultura), Mariví López (Educación) y Marisa Rodríguez (Playas) son los otros cargos políticos que siguen en sus puestos, al igual que Zamorano.