Los «okupas» del edificio propiedad de los imputados en el caso «Malaya», pendientes de su desalojo

Guillermo D. Olmo/ abc
Madrid

El edificio de la discordia está en la calle Atocha número 49. Allá por el mes de marzo, diferentes colectivos del barrio de Lavapiés decidieron «okuparlo» aprovechando el estado de abandono en el que se encontraba. Según dicen en sus comunicados, su objetivo era «revitalizar el tejido organizativo del barrio».

Pero su proyecto, como tantos otros del movimiento «okupa» antes, ha quedado truncado por una resolución judicial. El Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid decretó hace diez días el desalojo. Ahora sólo falta que la Policía haga efectivo el auto del juez.

La resolución judicial atiende a los requerimientos de la propietaria legal del edificio, la empresa Atocha 49 S. L., propiedad a su vez de Inversiones Paduana S. A. y Acume S. L. Detrás de esta maraña societaria están personas que tuvieron responsabilidad en el Ayuntamiento de Marbella en los años en que Jesús Gil estuvo al frente y que figuran como imputados en los sumarios abiertos a raíz de la «Operación Malaya».

En concreto, se trata de María Pilar Román, hija del ex teniente de alcalde marbellí en época de Gil, Pedro Román y de Javier Pérez Villena, hijo de una de las personas que figura en las actuaciones como uno de los supuestos testaferros de Juan Antonio Roca. María Pilar Román, al igual que su padre, está imputada por la comisión de delitos como cohecho o blanqueo de capitales.

ABC.es intentó ayer contactar con alguno de los representantes de este entramado empresarial en los domicilios que figuran como sus sedes sociales, pero en ninguno de ellos recibió respuesta.

A la espera de que los agentes desalojen a los «okupas», estos continúan con su programa de actividades, que comprende desde talleres de yoga hasta seminarios sobre la historia del movimiento «okupa» en Madrid. Según explicó uno de los asiduos del edificio desde que este está «okupado», «la Policía estas cosas suele hacerlas por la noche». Así las cosas, la noche menos pensada tendrán que hacer las maletas. Pero, como han advertido ya en una carta abierta a los propietarios, «no será un adiós, sino un hasta luego».

Cruzada europea contra las casas vacías

Daniel Ayllón/ público
Madrid

El Ayuntamiento de Nimega (Holanda) ofrece alquileres gratuitos de pisos privados. Y no es el único. La legislación de Holanda permite la okupación de las casas vacías cuando llevan más de un año deshabitadas y sus propietarios prefieren cederlas de forma gratuita (con la mediación de la Administración) antes que encontrarse cualquier día con un inquilino sorpresa. Cuando esto ocurre, el dueño es el que tiene que demostrar que su inmueble no llevaba más de 12 meses deshabitado si quiere echar a los intrusos.

En Suecia, la batalla contra los pisos vacíos es más contundente todavía: para evitar que aumente el parque de viviendas vacías, se potencia su alquiler y, como última opción, se derriban. El país escandinavo se apoya en la premisa de que cada vivienda privada vacía incrementa el precio del alquiler protegido, lo que provoca un mayor desembolso de las arcas públicas. Así, si se minimiza el número de viviendas vacías, se reduce el desembolso público. Además, el Estado tiene casas de propiedad compartida con los inquilinos para controlar su precio, informa Niklas Almesjö.

Con este tipo de políticas, Holanda y Suecia han logrado mantener dos de las tasas más bajas de desocupación de las Unión Europea (UE), ambas cercanas al 2%.
Más vivienda social

Pero la mano dura también es frecuente en otros países como Reino Unido, Italia, Francia, Dinamarca o Alemania. Además, excepto Italia, estos países cuentan con potentes parques de vivienda de alquiler, sobre todo de carácter social.

En Alemania, se obliga a la rehabilitación de las viviendas y, en los municipios con más del 10% de hogares desocupados, la Administración también derruye los que no se pueden alquilar.

Las leyes francesa, italiana y británica añaden un rosario de penalizaciones para los dueños de viviendas vacías. En Francia, en las ciudades de más de 200.000 habitantes con una tasa de casas desocupadas superior a la media, población en crecimiento y menos oferta que demanda, la tasa de penalización es del 10% del precio del inmueble el primer año, 12,5% el segundo y el 15% el tercero y sucesivos. "En tres años, el Gobierno te cobra casi el 40% del valor de la vivienda", dice Javier Burón, consejero de Vivienda del País Vasco.

Por último, el Gobierno de Dinamarca impone desde hace más de 50 años multas para los propietarios de viviendas que lleven más de seis semanas vacías. Apenas 45 días. Las multas llegan incluso por no informar al Ayuntamiento de que el domicilio lleva seis semanas vacío.

La experiencia americana

Fuera de la UE hay otras ciudades como Altanta (EEUU) en la que los inquilinos no sólo no pagan, sino que cobran por vivir en casas ajenas. En algunos de sus barrios más degradados, los especuladores dan cobijo pagado a personas sin hogar para evitar las sanciones por tener casas vacías, según informa el semanario británico The Economist. Además, en Cleveland y Baltimore (como en Alemania y Suecia) también se derriban casas desocupadas. Son las medidas más severas para un problema global.

Francia: ambigüedad en la aplicación de las leyes

Andrés Pérez/ público
París

Las familias y activistas que okuparon, en mayo pasado, un prestigioso inmueble del corazón de París para transformarlo en viviendas podrían ser considerados squatters en muchos lugares del mundo. No en Francia, donde varias leyes autorizan la requisa de viviendas desocupadas.

El derecho a la vivienda está en el centro de la vida política francesa desde hace seis décadas por razones históricas, relacionadas con la reconstrucción de viviendas públicas tras la Segunda Guerra Mundial.

Desde hace cuatro años, el problema se ha visto relanzado de forma especialmente acuciante, y ha dado materia a una nueva legislación, el Derecho Vinculante a la Vivienda, la ley Dalo. Ese texto, que entró en vigor el 1 de enero pasado, permite teóricamente a cualquier sin techo llevar a los tribunales a la autoridad que no es capaz de brindárselo.

La alta proporción de inquilinos, el elevado precio de los alquileres y el constante descenso, desde 2001, en la construcción de vivienda social ha provocado un fuerte incremento de las expulsiones en Francia. Es decir, que pese al impresionante arsenal legislativo del derecho a la vivienda, la gente que se queda sin techo, o que tiene que malvivir aumenta.

Hoy, según la Fundación Abbé Pierre, hay en Francia 100.000 personas sin hogar, 970.000 personas albergadas, pero sin domicilio, y 2,2 millones de chabolistas. Y ello pese a que en este país, desde hace 60 años, existe una legislación que permite a un simple alcalde requisar cualquier vivienda desocupada para poder dársela a una familia sin techo.

Rara vez se aplica esa posibilidad contemplada por la ley. Y, al mismo tiempo, el actual Gobierno reduce créditos de vivienda social y suprime leyes, como la llamada ley SRU, que obligaba a los municipios ricos a mostrarse algo solidarios en vivienda.

Además, la Policía es movilizada cada vez que Los Hijos de Don Quijote (asociación a favor de los sin techo) intenta reinstalar tiendas de campaña para los sin hogar en París. Entre tanto, asociaciones como el DAL (Derecho a la Vivienda), son partidarias de la aplicación directa, por las familias, del derecho de requisición. Algo facilitado por la existencia de un impuesto específico sobre las Viviendas Desocupadas, que permite contabilizarlas.

Reino Unido: control municipal a los seis meses de estar deshabitada

Lourdes Gómez/ publico
Londres

La guerra contra las casas desocupadas en Inglaterra y Gales cobró fuerza legal, en 2006, al entrar en vigor las Órdenes de Gestión de Viviendas Vacías (EDMO). Sólo en Inglaterra había entonces cerca de 700.000 residencias sin inquilinos, el 85% de las mismas, de propiedad privada. Algunos estudios sugieren que un hogar vacío devalúa el precio de las casas de sus vecinos en un 18%.

Las EDMO permiten a las autoridades locales hacerse cargo de una vivienda privada que lleva vacía más de seis meses sin una justificación aceptable, y una vez que el propietario ha rechazado subvenciones públicas para rehabilitarla.

Quedan exentos de la medida legal los pisos de militares destinados en otras ciudades, las viviendas de vacaciones, las desocupadas para atender a una tercera persona o las desalojadas por defunción y con los trámites de herencia sin resolver. Hay dos tipos de EDMO: a corto y largo plazo. La primera es de carácter provisional: el ayuntamiento que obtiene la orden judicial no puede alquilar la vivienda durante un año sin el consentimiento de su dueño. Es el margen de tiempo que el propietario tiene para tomar las medidas adecuadas y recuperar el pleno uso de su inmueble.

La segunda EDMO, por un periodo de 7 años renovable, cede a la autoridad municipal el control de la gestión del piso o la casa. El propietario firma un contrato con el ayuntamiento y recibe un porcentaje de la renta. Un sistema similar existe en relación con las viviendas municipales desocupadas desde 1980.

Hay una larga tradición de okupar inmuebles vacíos en Reino Unido, además de una competente red de agencias que asesoran e informan al okupa. Entre ellas destaca el Advisory Service for Squatters, que ofrece información práctica y legal desde 1975. La primera lección: no es ilegal vivir en un piso o una casa, privada o pública, sin inquilinos en su interior.

Una vez dentro, y con un cambio de cerradura, ni el propietario ni la policía puede desalojar a nadie por la fuerza. El dueño ha de recurrir a los tribunales. Los centros de Okupas tienen listados actualizados de las viviendas desocupadas. Es una realidad que pasó a dominio público con la apertura, en Londres, de la inmobiliaria Squatters Estate Agents.

Alemania: ‘Okupas’ ante un problema con una solución difícil

Guillem Sans Mora/ publico
Berlín

La primera okupación de una casa vacía en Alemania la llevaron a cabo estudiantes, familias sin techo y trabajadores extranjeros en otoño de 1970, en Fráncfort. A finales de esa década y en la siguiente, el movimiento vivió su auge en el país. La ciudad dividida de Berlín fue un campo de experimentación ideal para los okupas.

La caída del Muro provocó un vacío legal: la policía del Este ya no existía, y la del Oeste aún no tenía autorización para actuar. Hoy son muy pocas las casas que siguen okupadas. La mayoría han sido legalizadas con algún tipo de contrato de tolerancia de los okupas bajo ciertas condiciones, alquileres baratos o contratos de utilización del espacio.

En Berlín Occidental, a partir de 1964 las autoridades iniciaron una política urbanística consistente en demoler a gran escala áreas urbanas de casas antiguas en mal estado, para construir nuevos edificios. Pero este plan se llevó a cabo de forma asincrónica, de modo que la demanda de pisos llegó a ser mayor que la oferta.

En 1981 había unas 160 casas okupadas en Berlín. El entonces alcalde, Hans-Jochen Vogel, aprobó un decreto conocido como Línea berlinesa, que establecía que las casas debían desalojarse 24 horas después de conocerse su okupación ilegal. Eso sólo afectaba a las viviendas ya okupadas, si el propietario presentaba una denuncia y se comprometía a iniciar en breve obras de remodelación.

Hoy, Alemania no tiene una ley que regule qué se puede hacer con los pisos vacíos en todo el país, sino que cada uno de los 16 länder (regiones) tiene su propia regulación. Los pisos vacíos son un problema, sobre todo, en los seis estados federados de la antigua Alemania Oriental, donde ha habido un retroceso de población del 10% desde la reunificación alemana en 1990.

El Gobierno Federal inició en 2002 un programa que subvenciona a las inmobiliarias para demoler mini viviendas en la periferia de las ciudades. En el Este, continúa habiendo un millón de pisos vacíos, según denuncia la Asociación Federal de Inmobiliarias Alemanas (GdW). A muchos propietarios, la dificultad de encontrar inquilinos les sale cara, ya que muchas veces deben asumir una serie de costes de mantenimiento.

'Okupación' en el 'caso Malaya'

Íñigo García/ elpais
Foto: Luis Sevillano
Madrid

"Somos unos 40. Vamos a transformar este edificio en un centro social para el barrio y, de momento, vamos a quedarnos a dormir aquí".

A gritos y desde un balcón de la primera planta -pues mantienen la puerta bloqueada en previsión de que la policía venga a desalojarlos- explicaban ayer los okupas de Atocha, 49, la nueva situación del edificio hasta ayer deshabitado. "Todavía no hemos decidido si queremos hablar con los medios, tenemos que debatirlo en asamblea. Además, contamos con nuestros propios medios de comunicación alternativos", señalaban, mientras apuntaban en un papel las diferentes webs que utilizan.

Mientras, desde el interior del inmueble -de tres alturas y áticos, con al menos 10 apartamentos y dos patios interiores- comenzaban a salir nubes de polvo, pues los okupas habían comenzado a barrer y limpiar la casa que, según las fotos mostradas por ellos mismos, se encuentra en un estado deplorable tras años de abandono.

De los balcones cuelgan tres pancartas, en las que los jóvenes abogan por la "expropiación popular de las casas abandonadas" como solución al problema de la vivienda y señalan al que, efectivamente, es el propietario del edificio, Pedro Román Zurdo, ex teniente de alcalde de Marbella durante el mandato de Jesús Gil, imputado en el caso Malaya y el caso Atlético y encarcelado por delitos de fraude, blanqueo de capitales y cohecho. Su hija, María Pilar Román Martín, detenida también durante la Operación Malaya, figura como administradora de la empresa Atocha, 49. El propio Román Zurdo compró en 2003 el palacio de Tepa, en la cercana calle de San Sebastián, que también fue intervenido y que hoy está siendo transformado en hotel.

Buena parte de los jóvenes que desde ayer ocupan el edificio pertenece al colectivo La Alarma, que ya ocupó en 2006 otro edificio en la calle de Sebastián Herrera, en Embajadores y en Mesón de Paredes, de los que fueron desalojados. Según explicaban ayer, cuentan con varios proyectos para Atocha, 49, entre ellos asambleas vecinales, talleres educativos y zonas de ocio, y esperan poder abrirlo al público en los próximos días.

En el edificio ocupado desde ayer estaba situado uno de los despachos de los abogados laboralistas que en 1977 fueron asesinados por miembros de la ultraderecha en la misma calle, concretamente en el número 55. También en Atocha, 49, murió, en 1984 y en la indigencia, Antonio Calvache, uno de los primeros directores de cine de España y fotógrafo del Madrid de los años veinte.