Denuncias por vivienda

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martes, diciembre 08, 2009

Precaución ante los productos bancarios "tóxicos"

Algunas ofertas financieras de los bancos esconden cierto peligro para los clientes

La crisis económica, el alto índice de desempleo y el miedo a la inversión provocan que los bancos reciban menos dinero para hacer negocio. Deben atraer la atención del cliente y, para ello, no descartan utilizar técnicas de despiste. Hay que estar alerta y tener cuidado porque, en ocasiones, se ofertan productos "tóxicos" financieros, que implican unos riesgos con los que no se había contado.

Autor: Por BEATRIZ RUBIO / Comsumer Eroski 8 de diciembre de 2009

Hace tan sólo unos años, la oferta de los bancos se limitaba a las hipotecas, los créditos, los depósitos y la emisión de tarjetas. Conceptos como "swap", estructurados o hipoteca con suelo no figuraban en el vocabulario financiero. Ahora que se han detectado estafas con productos complejos y engañosos, conviene conocer los inconvenientes de cada uno para estar sobre aviso cuando el banco pretenda venderlos.

Es difícil evitar un "tóxico", porque se ofrece como un producto con plenas garantías y para un cliente especial

Depósitos estructurados: el banco ofrece al cliente un depósito referenciado a un índice complejo, que depende de la cotización en otros países. Es una inversión de alto riesgo porque su rentabilidad depende de índices exóticos. No conviene contratar productos que no estén en función de la cotización española. Si se apuesta por un mercado internacional, se desconoce al emisor final y las oficinas españolas no podrían reclamar en caso de fraude o, por lo menos, sería muy complejo. Esto mismo ha ocurrido con las inversiones de clientes españoles en Lehman Brothers. En sí, no son productos "tóxicos", pero se comercializaron en periodo de crisis, cuando el riesgo era más evidente.

Préstamos o hipotecas con cláusula suelo. El cliente particular solicita hoy menos créditos a las entidades bancarias como consecuencia del desempleo y el miedo a la inversión. Esto supone que los bancos ingresen menos capital, que sean más restrictivos en la concesión de un crédito y que impongan condiciones que les supongan mayores ingresos. Es el caso de la denominada cláusula suelo, por la que la entidad suma a los porcentajes habituales -el Euribor y los tipos de interés, en el caso de que sea una hipoteca- otro diferente que establece el mínimo a pagar. Este tipo de cláusulas consisten en que, en las escrituras de algunas hipotecas, se indica en un apartado que, aunque el índice de referencia baje de forma continuada, el tipo mínimo que se aplicará será del 2%, 3% o incluso el 4,5%.

Préstamos o hipotecas con cláusula techo. En este caso, la argucia del banco es prometer al cliente que nunca pagará más de un porcentaje muy alto. Sin embargo, el tope es una cantidad irreal, ya que es casi imposible que los intereses alcancen esas cotas.

Las diferentes versiones de permutas financieras. Son los denominados "swap", un producto financiero legal, pero de alto riesgo, y por el que miles de personas se han visto obligadas a pagar cantidades enormes de dinero en concepto de un seguro que no era tal. Todo empezó cuando, hace apenas dos años, el Gobierno solicitó a las entidades bancarias que ofrecieran a sus clientes algún producto que les respaldara en el caso de una gran subida de los intereses, de manera que se evitara el riesgo de tener que pagar cada vez más por las hipotecas o por otro tipo de préstamos. Los bancos comercializaron una especie de seguro que, en teoría, ofrecía ese respaldo a sus mejores clientes.

El reclamo era que no tenía riesgos y estaba libre de gastos. Sin embargo, tenía otros imperativos económicos, como explica José Antonio Ballesteros, abogado del consumidor y que define estas permutas financieras como "un producto de casino". A través de los "swaps", el cliente y el banco realizan una apuesta. Si suben los tipos de interés, el cliente gana, pero si bajan, pierde. Las ventajas ante una subida de los tipos están muy limitadas -en ocasiones, en torno al 0,1%-, mientras que las bajadas no tienen límites. El cliente sufre una pérdida íntegra. Otro problema añadido es que estas permutas financieras son productos independientes de la hipotecas, por lo que de nada sirve subrogarla y pasarla a otra entidad ya que el problema permanecerá. Al cliente le queda reaccionar "a posteriori" y seguir las vías de reclamación.

Bonos convertibles en acciones. Son instrumentos a largo plazo. Por lo general, su fecha de amortización alcanza los cuatro o cinco años y se caracterizan por su naturaleza híbrida. El banco ofrece un interés fijo mientras dura el bono y, al final del periodo, se canjea por acciones de la entidad. El peligro es que el ahorrador se convierte en accionista del banco y el producto que parecía una inversión con un interés a plazo fijo se convierte en otra que depende de mercados de renta variable, con riesgo de perder dinero. Además, los bonos convertibles implican otros sobresaltos para el ahorrador: algunas entidades que los ofrecen (Sabadell, Popular, según apunta la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae) rentan según el Euribor a partir del segundo año. Incluso, el banco puede amortizar el bono de manera anticipada sin previo aviso. En definitiva, es un producto cuya rentabilidad no sólo es variable, sino que tampoco está garantizada ya que depende del beneficio distribuible de cada año, de la evolución económica y financiera y de la situación de los fondos propios.

El último riesgo se detecta en el momento del canje de las acciones. Desde que vence el bono y la entidad entrega las acciones al inversor, pueden pasar semanas. Un tiempo en el que es muy probable que se desvaloricen, sobre todo porque, finalizado el periodo del bono, entrarán al mercado millones de acciones de cada entidad al mismo tiempo, por lo que su precio bajará.

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jueves, julio 17, 2008

Martinsa-Fadesa arrastra a seis filiales y los afectados se preparan para el concurso

Efe/ invertia
Madrid


Martinsa-Fadesa ha arrastrado al concurso voluntario de acreedores a seis de sus filiales, una situación que el Gobierno considera que no tiene por qué contagiarse al resto del sector, mientras acreedores, clientes y trabajadores de la inmobiliaria se preparan para defenderse en el proceso concursal.

Después de que la sociedad matriz solicitara anteayer la suspensión de pagos, seis de sus filiales (Jafemafe, Inmobiliaria Mar Plus, Fecler, Inomar, Town Planning Consultores y Construcciones Pórtico) han hecho hoy lo mismo para evitar el embargo por parte de los bancos acreedores.

Estas seis filiales fueron puestas como garantía del préstamo de 4.000 millones de euros que en su origen sirvió para pagar la compra de Fadesa por parte de Martinsa, que posteriormente fue refinanciado y cuya devolución anticipada podría haber sido solicitada por los bancos de no haberse solicitado el concurso voluntario de acreedores.

Desde la compañía descartaron que esta situación pueda afectar a alguna de las filiales a través de las que Martinsa-Fadesa está presente en Portugal, Marruecos, Rumanía, Polonia, Francia, Bulgaria, México, República Dominicana, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Reino Unido, Irlanda y Alemania.

En alguno de estos países los clientes de la inmobiliaria han manifestado su preocupación por la situación de la compañía en España, como le ha ocurrido a una de sus principales filiales, Fadesa Maroc, participada a partes iguales por Martinsa-Fadesa y por una sociedad vinculada a la familia real marroquí.

Esta situación es contemplada con distancia por el Gobierno, que se muestra contrario a una intervención, ya que -según dijo el vicepresidente económico, Pedro Solbes- resulta "muy difícil de justificar" el uso del dinero de los impuestos para ayudar a empresas con "mala suerte".

No obstante, Solbes reconoció que desde el Ejecutivo se ha intentado "echar una mano" a la inmobiliaria a través de un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), algo que no fue posible porque Martinsa-Fadesa no tenía ninguna inversión que justificara la ayuda de este organismo.

En esta línea, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, dijo que el Gobierno estudia la posibilidad de comprar suelo a promotoras e inmobiliarias para construir vivienda de protección oficial y de paso dotar de algo de liquidez a las compañías del sector.

Asimismo, Corredor mostró su preocupación por la situación de los 825 trabajadores de Martinsa-Fadesa no sólo por la tramitación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 234 personas, sino también por la posibilidad de que el juez inicie el procedimiento concursal, lo que podría tener un impacto mayor sobre la plantilla.

Los sindicatos no aceptan el ERE de Martinsa-Fadesa

Los sindicatos con representación en Martinsa-Fadesa (CCOO, UGT y CIG), que el lunes continuarán negociando el ERE, de momento han rechazado la indemnización de 25 días por año trabajado que ofrece la empresa y temen que en breve toda la plantilla pueda dejar de cobrar sus salarios ante la falta de liquidez de la compañía.

Además, los representantes de los trabajadores están preocupados por las consecuencias que puedan derivarse de la declaración del concurso de acreedores, razón por la que UGT ha anunciado que se personará en el proceso para poder contar con toda la información y tratar de influir en las decisiones que se puedan tomar.

También la firma Iure Abogados, especializada en procedimientos concursales, ha anunciado que se personará en el concurso en representación de los afectados por la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, tanto proveedores como compradores de vivienda.

Este despacho de abogados considera que los compradores que tienen señalizada una casa (12.578 clientes a 31 de marzo, según las cuentas de la compañía) pueden optar por resolver el contrato y solicitar la devolución de la cantidad entregada o continuar con la compra, exigiendo la entrega en plazo.

Asociaciones de consumidores, consejos

Por su parte, la Asociación General de Consumidores (Asgeco) les ha recomendado que continúen con los pagos que tengan pendientes, porque en caso contrario es el comprador quien incumple el contrato.

Entre los afectados también se encuentra del Ayamonte Club de Fútbol, equipo onubense de tercera división al que Martinsa-Fadesa debe 150.000 euros por el patrocinio de temporadas pasadas, lo que supone una buena parte de su presupuesto actual.

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