¿Demasiados funcionarios?

Vincenç Navarro/ publico

Existe una visión bastante generalizada en los foros conservadores y liberales (y también en algunos foros de izquierdas) de que el sector público en España está sobredimensionado. Es decir, se considera que la Administración Pública es demasiado grande, percepción que se ha incrementado a raíz del aumento del gasto público invertido (por parte de las CCAA y de los municipios) en crear ocupación en los servicios públicos como parte de la respuesta del Estado español a la crisis actual. Así, en los últimos días, han aparecido dos artículos, uno en El País, en la edición de Cataluña (titulado “Funcionarios”, 17-06-09), y otro en El Periódico (titulado “La cifra de funcionarios se acerca a la de empresarios”, 15-06-09), que señalaban la alarma de que el número de lo que tales artículos definen como funcionarios es casi idéntico al número de empresarios y autónomos en España. Estos artículos son representativos de una percepción bastante generalizada que requiere una corrección.

Tales tesis, y la evidencia que utilizan para apoyarlas, son erróneas. En primer lugar, lo que se define en aquellos artículos como funcionarios no lo son. Las cifras que tales artículos citan corresponden al número de personas que trabajan en los servicios públicos (tanto del Gobierno central y autonómico como del municipal), incluyendo los servicios públicos del Estado del bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social) y los servicios generales (como correos, transportes públicos y servicios de seguridad, entre otros). Estos empleados tienen varios tipos de contratos, siendo el funcionarial la minoría (un 28%). Es lógico que el número de personas que trabajan en el sector público sea mayor que el número de empresarios y autónomos. Ello ocurre en todos los países de la UE-15 (el grupo de países que tiene semejante nivel de desarrollo al nuestro). En realidad, España es el país europeo donde esta relación empresarios y autónomos versus empleados del sector público favorece más al primer grupo.

Así, mientras que en España (2008) el porcentaje de personas adultas que son empresarios y autónomos es mayor (10,64%) que el promedio de la UE-15 (9,78%), el porcentaje de personas adultas que trabajan para el sector público es sólo el 9%, uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es el 16%). En los países escandinavos es el 26% para Dinamarca, el 22% para Suecia y el 19% para Finlandia, estando estos entre los países cuya economía es más eficiente y emprendedora en la OCDE, tal como señala el último informe sobre competitividad y eficiencia económica de esa organización, publicado por el prestigioso Economic Policy Institute de Washington. Una situación semejante ocurre, por cierto, en Cataluña, donde el número de empleados en el sector público es incluso menor. En contra de lo que dicen aquellos artículos, el problema que tenemos en España es el opuesto al que tales reportajes denuncian: el sector público está subdesarrollado en lugar de sobredimensionado.

La mayor causa del subdesarrollo del sector público es la falta de ingresos al Estado, consecuencia de la limitada carga fiscal, una de las más bajas de la UE. Es sorprendente que ello sea motivo de orgullo por parte de dirigentes del Gobierno socialista español. Una de las causas de esta subfinanciación del Estado español (sea central, autonómica o municipal) es el enorme fraude fiscal que, según los propios técnicos haciendistas de la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno español, alcanza la cifra de 88.617 millones de euros, fraude realizado a la Agencia Tributaria del Estado español (58.676 millones) y a la Seguridad Social (29.941 millones).

Para hacernos una idea de lo que estas cifras significan, tenemos que saber que España se gasta 58.000 millones de euros menos de lo que debiera gastarse en su Estado del bienestar, para alcanzar la cifra del gasto público social per cápita que nos merecemos por el nivel de desarrollo económico que tenemos. La mayoría de este fraude procede del mundo empresarial y financiero; según las declaraciones de la renta, los empresarios en España ingresan unos 6.000 euros menos que los asalariados. Ningún otro país de la UE se encuentra en esta situación. Por cierto, el Estado español es el que se gasta menos de la UE-15, el 0,06% del PIB, en recoger impuestos (tax collection), cinco veces menos que Suecia (0,32%).

Esta actitud está dañando la calidad de vida de las clases populares de España y de sus CCAA. Estas últimas tienen la responsabilidad de gestionar sus estados del bienestar con unos fondos que son claramente insuficientes. La cifra que el Estado ha citado para cubrir sus déficits (9.000 millones de euros) es, a todas luces, insuficiente. Mientras, continúa la filosofía de no aumentar los impuestos (excepto en tabaco e hidrocarburos). Esta situación, si continúa, es potencialmente inestable políticamente. Es bien conocida la situación de que, a mayor desigualdad, mayor criminalidad y mayor descohesión social. España, que es después de EEUU el país con mayores desigualdades de renta en la OCDE, es también el que se gasta más en policía y seguridad, siendo, después de EEUU, el país que tiene un porcentaje mayor de tal gasto (2,1% del PIB y EEUU 2,2%). En contraste, Noruega con un 0,9%; Suecia con un 1,3%; y Dinamarca con un 0,9%, son los países que tienen menos gasto en policía y seguridad, y tienen menos
desigualdades.

España debiera corregir las excesivas desigualdades sociales mediante políticas fiscales progresivas, con incremento notable de su Estado del bienestar, escasamente desarrollado. Esto implicaría una mayor carga fiscal sobre los sectores más pudientes de la población, con corrección del enorme fraude fiscal, incrementándose así la protección social, que permitiría una reducción de la excesiva protección policial. No hay duda de que España requiere una reforma de la Administración Pública, pero no en el sentido de reducir el excesivamente bajo empleo en su sector público.

Las supuestas rigideces laborales

Vicenç Navarro/ publico

Ha sido una constante del pensamiento económico liberal atribuir el elevado desempleo en España a las supuestas rigideces del mercado de trabajo. Como consecuencia de la enorme influencia de tal pensamiento en la vida política del país, se han aprobado y desarrollado ya cinco reformas del mercado de trabajo, que lo han ido desregulando cada vez más. El desempleo, sin embargo, ha continuado siendo el más elevado de la Unión Europea de los Quince (UE-15) –el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español–, con incrementos muy notables en los momentos de recesión, como ahora.

Como era de esperar, este aumento del desempleo ha originado, una vez más, llamadas a una mayor desregulación del mercado de trabajo que tendría como consecuencia (dígase lo que se diga) el abaratamiento de los costes del despido. Entre estas llamadas está la del manifiesto “Propuesta para la reactivación laboral en España”, firmado en su mayoría por economistas de sensibilidad liberal, que ha sido promovido por el Gabinete de Estudios del Banco de España –el Vaticano del pensamiento liberal de España–, así como por las fundaciones financiadas por la banca y por las cajas de ahorro de España y, también, por la patronal (la CEOE), que ha añadido su voz a tal coro liberal. Así, el presidente de la Comisión de Política Económica de la CEOE, José Luis Feito, en el Círculo de Economía de Cataluña subrayó que el elevado desempleo en España se debía a las rigideces laborales, consecuencia del excesivo poder de los sindicatos, que, al aferrarse en la defensa de los que tienen contratos fijos, dificultan la creación de empleo, pues los empresarios son reacios a contratar más trabajadores, temerosos de que no podrán despedirlos una vez contratados.

El problema con tales teorías liberales es que los hechos no las avalan. El secretariado económico de la OCDE (el club de países más ricos del mundo) había sido en su día el mayor promotor de la desregulación de los mercados de trabajo como medida necesaria para reducir el desempleo. En su famoso informe Employment Outlook 1999, había indicado que el hecho de que el desempleo promedio de los países de la UE-15 hubiera sido mayor (durante el periodo 1980-1999) que el de EEUU se debía a que los mercados de trabajo de aquellos países eran más rígidos y regulados que los de EEUU. Tal postulado fue ampliamente criticado a los dos lados del Atlántico, pues era fácil demostrar que sus tesis eran erróneas: el desempleo promedio en los países que constituirían la UE-15 había sido menor que en EEUU durante el periodo 1960-1980, sin que hubiera habido un cambio significativo en el nivel de regulación de los mercados de trabajo.

En realidad, estos eran más desregulados y flexibles en los países de la UE-15 en el periodo 1980-2000 (cuando el desempleo creció más) que en el periodo 1960-1980 (cuando el desempleo en aquellos países fue menor que en EEUU). Las diferencias no podían explicarse, pues, por los distintos grados de flexibilidad de los mercados de trabajo, sino por las diferentes políticas macroeconómicas seguidas a los dos lados del Atlántico, siendo estas más expansivas y keynesianas en EEUU que en la UE, que a partir de los años ochenta siguió políticas restrictivas, en lugar de expansivas, resultado del establecimiento de la UE. Tal evidencia forzó a que la OCDE corrigiera su tesis, reconociendo en su último informe (en 2006) que “de nuestros análisis de la OCDE podemos afirmar que el impacto de las medidas proteccionistas de empleo (lo que los liberales llaman rigideces laborales) es estadísticamente insignificante para explicar el nivel de desempleo en un país de la OCDE” (OECD Employment Outlook 2006).

El crecimiento de la economía española ha dependido predominantemente, desde los años noventa, de la construcción y del turismo. El colapso de la economía del ladrillo, debido al estallido de la burbuja especulativa basada en la alianza de la banca y cajas de ahorro, por un lado, con la industria inmobiliaria y de la construcción, por el otro, y con el apoyo activo del Estado español (alianza sobre la cual el manifiesto no dice nada) ha jugado un papel clave para el crecimiento del desempleo, creando, a su vez, el problema del crédito (el más caro de la UE, sobre el que el manifiesto guarda silencio), responsable también de la ralentización económica, de la recesión y del elevado desempleo. A estas causas se añade la enorme debilidad del sector público en España, con un escaso desarrollo, no sólo del capital humano, sino del capital social (la red de servicios y transferencias públicos que aseguran la protección y cohesión social de un país), que es fundamental para crear empleo, mejorar la productividad del país y aumentar su riqueza. Tal protección y cohesión social es esencial para garantizar la seguridad de la fuerza de trabajo y su colaboración para alcanzar la deseada flexibilidad laboral. En la UE, los países que tienen mayor protección social (los países escandinavos y Holanda) son los que tienen mayor flexibilidad y también menor desempleo (el gasto promedio en protección social en aquellos países es el 30% del PIB). Es erróneo e injusto pedirle a la clase trabajadora en España (cuyo gasto en protección social es sólo del 19% del PIB, el menor en la UE-15 después de Irlanda, con el 18%) que abandone la escasa protección que tiene a través de sus convenios colectivos (con el coste del despido) para conseguir aquella deseada flexibilidad (argumentando erróneamente que ello reducirá el desempleo).

España e Irlanda, los países que están destruyendo más empleo en la UE, son también los países con menor protección social. Irlanda, por cierto, tiene un mercado de trabajo incluso más desregulado (tal como está pidiendo el manifiesto liberal) del que tiene España, y ello no ha disminuido el crecimiento de su desempleo. El mundo empresarial y financiero español, que se han opuesto a la expansión del gasto público y de la protección social, prefiere conseguir la flexibilidad laboral a lo duro, facilitando el despido del trabajador. De ahí el elevado desempleo.

La productividad española crece a la mitad de ritmo que la de la eurozona

Efe/ elmundo
Bruselas

* La tasa europea creció un 1,5% frente al 0,7% español
* El incremento de la productividad estadounidense fue del 0,9%
* Bruselas advierte que la bonanza europea es coyuntural

La productividad europea ha mejorado en los últimos años, pero España, junto a Italia, se ha quedado atrás, clasificadas las dos en los últimos puestos. Mientras el conjunto europeo alcanzó un incremento del 1,5% el pasado año, este país apenas logró aumentarlo en un 0,7%, y ni siquiera la Comisión Europea confía en que se alcance una tasa mínima del 1% en los próximos años.

La Comisión relaciona el reducido aumento de la productividad de los últimos años con la entrada masiva de inmigrantes y el fuerte aumento del empleo en sectores intensivos en mano de obra, como el tan afamado de la construcción.

Como muestra, un dato: la productividad española sólo tuvo la contribución positiva del sector manufacturero, mientras que estuvo estancada en el comercio y experimentó caídas en el mundo del 'ladrillo'.

Europa crece sin afianzarse

El rendimiento de la economía europea se ha acelerado en los últimos años, acortando la brecha que separa al 'Viejo Continente' de Estados Unidos, pero Bruselas no es muy optimista porque atribuye estas circunstancias a una coyuntura positiva y no a ningún profundo cambio estructural.

El ejecutivo comunitario destaca que desde la mitad de 2005 la evolución de la productividad ha cambiado de tendencia, al mismo tiempo que se aceleraba la creación de empleo.

La productividad aumentó en 2006 en la UE en un 1,5%, una décima más que en el conjunto de la zona euro, frente al 0,9% estadounidense. Una situación que se prevé que perdure al menos durante el próximo año.

El ejecutivo comunitario explica que el grueso de la diferencia de productividad entre la UE y EEUU tiene que ver con el sector del comercio, tanto minorista como mayorista, los servicios financieros y el negocio inmobiliario. Bruselas alude, además, a la intervención regulatoria en las entradas y salidas del mercado como uno de los problemas que lastran a Europa.

Otra de las asignaturas pendientes en Europa es, según la Comisión, la aplicación efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación y la introducción de más competencia, sobre todo en el sector servicios.