"Que me pague en 'b', que me hace mucha falta"

Fernando J. Pérez/ elpais
Foto: García Santos
Málaga

Cuando se habla de corrupción urbanística en la provincia de Málaga, enseguida viene a la mente el enladrillamiento salvaje de la Costa del Sol, con Marbella o Estepona como ejemplos de un sofisticado saqueo en el que los delincuentes se rodean de lujo y su botín queda a buen recaudo en paraísos fiscales. Sin embargo, algunos pueblos del interior rural, como Alcaucín, han padecido también su ración de depravación política. Las formas son más toscas -160.800 euros bajo el colchón del alcalde, no en las Islas Caimán-, pero el daño al territorio, en forma de cientos de viviendas ilegales desgraciando un paisaje privilegiado, es también palpable.

El sumario del caso Arcos, sobre la corrupción en Alcaucín, localidad de 2.500 habitantes en la comarca de la Axarquía, revela cómo el ex alcalde socialista José Manuel Martín Alba, más conocido por su apodo de cantaor, Pepe Calayo, cometió supuestamente una miríada de trapicheos urbanísticos. Con la ayuda de José Chiqui Mora, jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña, el regidor certificó que en distintas parcelas del municipio había ruinas -que no existían en la realidad- para permitir la construcción de chalés sobre los falsos restos, única forma de que la construcción fuera legal. También falsificó la fecha de expedientes para legalizar casas irregulares o trató de modificar burdamente la normativa urbanística del pueblo para convertir en urbanizables terrenos rústicos.

Los favores no eran gratis. En una conversación grabada por la Guardia Civil, Chiqui Mora y el alcalde hablan de certificar como reforma de unas ruinas lo que en realidad era una vivienda de nueva planta. En un momento, Chiqui dice: "Pero Pepe, si esa casa no existía (...) que [los promotores] paguen lo que tengan que pagar (...) 1.000, 2.000 euros, págalos, que te has hecho una casa por la cara, coño". El regidor contesta: "Para poderse empadronar, a esa casa, que no estaba ahí antes hay que darle un número legal". Y el arquitecto Mora zanja: "¡Que lo pague y a tomar por culo! Que me pague en b, que me hace mucha falta".

Mora es un personaje central de la trama axárquica. Desde su despacho de la Diputación, realizaba, previo pago, informes con contenido falso para que el alcalde pudiera otorgar licencias con apariencia de legalidad. En el auto por el que la juez Irene Urbón le mandó a prisión el 3 de marzo de 2009, se lee que el promotor Francisco Llamas reconoció haberle pagado "al menos en una ocasión" 3.000 euros por un permiso para construir 61 apartamentos. En su despacho, la Guardia Civil halló plantillas para falsificar licencias de obra del Ayuntamiento de Alcaucín.

En los cinco mandatos que Pepe Calayo fue alcalde, con mayorías cada vez más absolutas, en Alcaucín se construyeron 1.064 viviendas ilegales, según la contabilidad de los ecologistas basada en fotos por satélite. El regidor hacía (y en ocasiones cobraba) pequeños favores que permitían a los promotores hacer grandes negocios. El promotor José Manuel Rico adquirió por 180.300 euros en 1999 un olivar. Cinco años más tarde, lo vendió por 6,77 millones a un grupo de empresas, pese a que la finca seguía siendo no urbanizable. Según la juez instructora, el empresario "por su amistad con el alcalde contaba con información privilegiada" y sabía que en el siguiente Plan General de Ordenación Urbana el olivar iba a ser reclasificado como suelo urbanizable. Alrededor de estos suelos se hicieron negocios por 27 millones de euros, según los investigadores. De momento, Pepe Calayo ha dicho que los 209.300 euros que se le han intervenido, la mayoría debajo de un colchón, son fruto de su trabajo "como alcalde, albañil y artista".

El Psoe plantea una gestora en Carratraca si no hay alcalde

F. J. P./ elpais
Málaga

Los partidos van tomando posiciones en Carratraca (Málaga, 923 habitantes) tras la dimisión del alcalde, Óscar Román, de IU, y el vacío de poder creado en el municipio al no querer ninguno de los siete concejales de la corporación ocupar el puesto. El secretario de organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, recordó ayer que si no se cubre el puesto de alcalde, se tendrá que aplicar la ley y probablemente se tendrá que hacer cargo del Ayuntamiento una gestora para que siga funcionando, informa Efe.

Román, alcalde desde 1999, dimitió el pasado martes para no aplicar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y tener que sancionar las cerca de 100 construcciones ilegales que hay en el término municipal. Con él dejó el cargo el hasta ayer teniente de alcalde, Francisco Duque, aunque ambos permanecen en el consistorio como concejales rasos. Al desaparecer las figuras de alcalde y teniente de alcalde, de obligada existencia en un municipio junto al pleno, el consistorio queda totalmente paralizado: ni el policía local recibe órdenes, ni se pueden expedir certificados, ni nadie se encarga de los servicios y obras municipales.

Candidatos

Sin embargo, esta situación, inédita en España, no parece que vaya a prolongarse más allá del 27 de enero, fecha en la que el pleno -formado por tres ediles de IU, dos del PP y dos del PSOE- celebrará una sesión para nombrar un nuevo alcalde. Los socialistas no descartan presentar un candidato si finalmente los concejales de IU mantienen su decisión de no aceptar la alcaldía, según fuentes municipales. Esta actitud contrasta con la mantenida ayer por los concejales socialistas, que rechazaban asumir el cargo. Los ediles del PP, la segunda fuerza más votada, sí se mostraron proclives a presentarse, aunque el secretario provincial de los populares, Francisco Salado, afirmó que, para hacerlo, reclamarían al resto de partidos "un compromiso de gobernabilidad".

Mientras tanto, Izquierda Unida no descarta convencer a alguno de sus tres concejales para que reconsidere su postura y acepte la alcaldía. El coordinador provincial de la coalición, José Antonio Castro, afirmó que la posibilidad de nombrar una gestora para hacerse cargo del municipio es "el último extremo".

El Supremo reconoce a Almuñécar el derecho a celebrar un referéndum sobre el PGOU

Efe/ elmundo
Granada

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado nulo el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se denegó al Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) la autorización para la celebración de una consulta popular sobre la aprobación inicial del PGOU del municipio, y le reconoce la convocatoria del referendo.

En el fallo, dado hoy a conocer en rueda de prensa, el Supremo estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su día por el Ayuntamiento y argumenta la declaración de nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de septiembre de 2006 en que no es "conforme a derecho".

Según el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), y el letrado que ha llevado el proceso, Antonio Tastet, la sentencia marca "un hito histórico" al ser la primera dictada sobre una consulta popular relacionada con el urbanismo municipal.

El Consejo de Ministros argumentó su negativa a la celebración del referendo en que no concurría uno de los requisitos exigidos por el artículo 71 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local.

Competencia municipal

En concreto, que el objeto de la consulta popular fuera un asunto de la competencia propia municipal, toda vez que por ser el PGOU un instrumento de planeamiento, la competencia para su formulación y aprobación correspondería a los ayuntamientos y a la Administración autonómica, de modo que habría de entenderse que su ejercicio se desarrolla de forma concurrente por el consistorio y la comunidad.

Sin embargo, el Supremo, que apela a la doctrina del Constitucional y otras normas, considera que el acuerdo del Consejo de Ministros se funda en una interpretación "contra legem" del artículo 71 de esa ley.

Según el Alto Tribunal, el Gobierno identifica "indebidamente" el concepto de "asuntos de la competencia propia municipal", a la que alude esa disposición legal, con "asuntos de la competencia exclusiva del municipio".

El acuerdo no atiende, según agrega el fallo, a otro de los artículos de esa ley que establece que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en la materia de ordenación urbanística.

El Supremo considera además que la decisión del Ejecutivo tampoco contempla el artículo de la ley del Parlamento de Andalucía que establece que corresponde a los municipios la formulación de proyectos de instrumentos de planeamiento de ámbito municipal, incluyendo su aprobación inicial -objeto de lo que pretende someterse a consulta- y definitiva de las innovaciones del PGOU que no afecten a su ordenación estructural.

El Supremo, que precisa por tanto que la aprobación inicial del PGOU es una competencia propia municipal, reconoce al Ayuntamiento el derecho a convocar el referendo "al no cuestionarse que el asunto objeto de la consulta menoscabe las facultades de decisión" que corresponden a los órganos municipales ni las potestades urbanísticas atribuidas a la comunidad autónoma.

Contra el fallo, dictado por la sección tercera de la sala contencioso-administrativo del Supremo, presidida por el ex ministro socialista Fernando Ledesma, cabe la interposición de un recurso de unificación de doctrina en el plazo de 30 días.

No obstante, el letrado ha advertido de la "dificultad" de que la Abogacía del Estado pueda interponerlo porque tendría que argumentarlo con una sentencia de iguales características, pero con un pronunciamiento contrario, y, según mantiene, no existe.

Tastet considera que este pronunciamiento del Supremo no es comparable a la consulta sobre el futuro del País Vasco propuesta el 'lehendakari' Ibarretxe porque el caso planteado por el Ayuntamiento de Almuñécar es exclusivamente de ámbito municipal.

El Ayuntamiento, que recurrió al Consejo de Ministros después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía rechazara la convocatoria, convocará la consulta popular "lo antes posible".

El nuevo Plan General recalifica el 79% del municipio de Parla

ecologistas en acción

El Ayuntamiento de Parla está tramitando un nuevo Plan General que de ser aprobado transformaría en urbano el 79% del término municipal. Sólo se libran de la transformación urbanística y para infraestructuras, un escaso 11%. Una proporción inferior, incluso, al municipio de Madrid que cuenta con un 35% de suelo protegido. Ecologistas en Acción considera un error saturar la práctica totalidad del municipio.

El nuevo Plan General de Parla que se encuentra en fase de aprobación inicial satura la práctica totalidad del municipio. De las 2.500 hectáreas con que cuenta el término, el 79% (1.979 ha) se destina a suelo urbano y urbanizable, el 9,5% (327 ha) a reserva para nuevas infraestructuras (M-410, M-419, servicios para la R-4, etc) y, tan sólo, un 11% se clasifica como no urbanizable protegido. Esta superficie es, incluso, inferior a la del municipio de Madrid que cuenta con un 35% de superficie protegida y una densidad de población 1,3 veces superior a la de Parla.

El nuevo planeamiento prevé la construcción de 20.734 nuevas viviendas, todo ello a pesar de que el propio Plan General admite que, en el último periodo, ha crecido más rápidamente la construcción de vivienda que la población y afirma que existe un elevado porcentaje de vivienda vacía. En concreto un 14%, un porcentaje superior al de la zona que se sitúa en un 11% y al de la Comunidad de Madrid que es de un 12,4%.

Además, está en construcción el ámbito conocido como Parla Este, una ambiciosa actuación urbanística con capacidad para 11.200 viviendas. Por todo ello, Ecologistas en Acción considera injustificado e innecesario reclasificar la práctica totalidad del municipio y eliminar las escasas zonas naturales o seminaturales que se conservan.

El nuevo Plan General, plantea reclasificar los terrenos situados al oeste de la A-42 y todos los terrenos al sur del arroyo Humanejos. La mayor parte del territorio afectado es suelo agrícola formado por mosaicos de cultivos cerealistas, olivares y viñedos. En estas zonas se encuentran los únicos cursos de agua del municipio que, a excepción del arroyo Humanejos, serán engullidos por la transformación urbana.

Se da la circunstancia de que el Plan General en vigor protegió estos terrenos por sus valores agrícolas y por suponer hábitats importantes para especies muy escasas como la avutarda, el aguilucho cenizo o el cernícalo primilla.

Además, en un entorno fuertemente humanizado y urbanizado, estos paisajes y entornos seminaturales adquieren más valor. Los espacios libres y poco transformados garantizan una mejor calidad de vida, especialmente, en un municipio muy castigado por la excesiva concentración de infraestructuras (A-42, R-4, AVE Madrid-Sevilla, futuras M-410 y M-419) que han fragmentado el territorio y propician situaciones de elevada contaminación atmosférica y acústica.

.Por todo, ello Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones solicitando que se reduzcan las expectativas de un crecimiento que se muestra excesivo e innecesario. Esta organización desea que se recupere la racionalidad en el urbanismo de Parla y en el del resto de la Región.

VPO en Alcorcón. Pleno (1)

Nuevas construcciones ilegales en terrenos forestales protegidos

nodo50
Ecologistas en Acción
Puerto de Santa María (Cádiz)

Parece que hay personas que no quieren entender las graves consecuencias de promover constructores ilegales; quizás porque esas graves consecuencias, que no se ven por ningún lado. Según la normativa urbanística la administraciones públicas, en este caso los Ayuntamientos, tienen la obligación de paralizar cualquier construcción ilegal y ordenar su demolición, imponiendo mensualmente multas coercitivas del 10% del valor de lo ilegalmente construido hasta que se proceda a su demolición.

Pues bien, a pesar de las manifestaciones de los máximos responsables municipales de que no se tolerarán más construcciones ilegales, éstas siguen proliferando por todo el término municipal. La última es un chalet en el Pinar del Obispo, suelo declarado en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo no urbanizable de especial protección por su interés forestal. El PGMO prescribe (art. 12.4.49) que al estar esta parcelación poco consolidada “en un zona de elevado valor natural, se considera conveniente plantear una recuperación del medio natural original”.

El Plan determina que “Se procederá a la demolición del total de las edificaciones, cercas y vallados, y a la destrucción de viarios internos de la parcelación con el fin de regenerar el medio original”. Para ello era preceptivo la redacción y aprobación de un “Plan Especial de Regeneración del Medio Físico”.

Pues bien, el Ayuntamiento no ha redactado, ni tramitado ni aprobado dicho Plan Especial, ni ha iniciado expediente alguno de demolición de edificaciones, ni de destrucción de vallado y viarios. Muy al contrario, en las últimos años se han seguido construyendo chalets de lujo en este bosque protegido sin que la anterior corporación ni paralizara las obras, no las sancionara ni demoliera absolutamente nada.

En abril de 2005 Ecologistas en Acción denunció estos hechos al entonces alcalde Hernán Díaz, interponiendo “ACCION PUBLICA URBANISTICA para la protección de la legalidad urbanística por la ejecución de obras consistente en PARCELACIONES Y CONSTRUCCIONES que se han realizado en el paraje denominado PINAR DEL OBISPO”. Hasta le fecha, ni se nos contestó. Por ello, en octubre del año pasado incluimos estas parcelaciones y construcciones ilegales en la macrodenuncia que presentamos en la Fiscalía, que posteriormente la Fiscalía apoyó y la remitió al Juzgado nº 3 de El Puerto, que actualmente instruye diligencias por estos hechos, que están tipificados en el Código Penal como delito contra la ordenación del territorio.

Ecologistas en Acción exige la inmediata paralización de estas obras, la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores y de protección de la legalidad que conlleve a la demolición de todos los chalets construidos en este bosque protegido. Así mismo, pondremos en conocimiento del Juzgado estos hechos para ampliar la denuncia contra los constructores ilegales y contra los responsables municipales que han amparado esta urbanización ilegal.