Nueva okupación en Madrid: La Alarma vuelve a sonar

kaosenlared

Puertas abiertas en Atocha 49. La asamblea de La Alarma, antiguo centro social situado junto a la glorieta de Embajadores y desalojado el verano pasado, vuelve a realizar una okupación, esta vez en el número 49 de la calle Atocha

Este edificio es una de las fincas del famoso exteniente de alcalde de la Marbella de Gil, Pedro Román Zurdo, condenado por el caso de corrupción inmobiliaria más famoso de los últimos tiempos, el "caso Malaya". Además, este edificio forma parte de la historia: el 24 de enero de 1977 fueron asesinados en Atocha 55, cinco abogados a manos de un comando ultraderechista. Atocha 49 era otro despacho del mismo colectivo de abogados, y una comisión tenía una reunión en el mismo momento en que tuvo lugar el atentado fascista.

Comunicado para la prensa y para el vecindario: Atocha 49

A simple vista este edificio parece uno de tantos que, en la ciudad de Madrid, permanecen cerrados esperando a que sus dueños consideren que se ha "revalorizado" lo suficiente como para estimar el negocio redondo. Pero resulta que es una de las fincas del famoso exteniente de alcalde de la Marbella de Gil, Pedro Román Zurdo, condenado por el caso de corrupción inmobiliaria más famoso de los últimos tiempos, el "caso Malaya", y que la primavera pasada ingresó en prisión junto con su hija María del Pilar Román Martín, la administradora sobre el papel de la empresa Atocha 49, creada para la compra y administración de esta y otras fincas.
Curiosamente, una persona ajena al "caso Malaya" que fue representante de Atocha 49 S.L. entre 2004 y 2006 figura también como representante de una de las mercantiles que participaba en el palacio de Tepa, escándalo inmobiliario sacado a la luz por oportunismo electoralista de las autonómicas del año pasado.

Desde hace años este edificio ha sido un auténtico vertedero, ha permanecido en un estado antihigiénico que lxs vecinxs han denunciado en más de una ocasión. Está demostrado que situaciones como la que vive este edificio son las causantes de que el precio de la vivienda se haya disparado tornándose inaccesible a caso cualquier persona, incluso familias trabajadoras con dos sueldos, que hipotecan sus vidas para poder tener un techo donde vivir. Mientras estos edificios en todo Madrid se mueren, las escuelas están saturadas y los ambulatorios de los barrios no dan a basto.

Estamos cansadxs de ver cómo transforman nuestros barrios a su antojo, cómo nos desplazan de nuestras viviendas cuando una zona puede ser explotada como turística o de interés comercial; estamos hartxs de la especulación, de la burbuja, del pelotazo y de las miles de tramas, testaferros, recalificaciones dudosas y telas de araña tanto "legales" como "ilegales" que nos impiden acceder a una vivienda.

Por eso hemos decidido reapropiarnos de este espacio abandonado con la intención de crear un punto de encuentro para las distintas luchas que se están generando en esta ciudad, también con la intención de empezar a organizar nuestra cultura, nuestro ocio y disfrutar de un lugar donde relacionarnos fuera de círculos de consumo.

Hemos venido para quedarnos y, si os apetece, podréis participar de la vida de este edificio que antes estaba muerto y que ahora estará abierto para que el barrio al que pertenece le de el uso que crea conveniente. Si tienes cualquier propuesta, necesitas un espacio para reunirte o te interesa luchar contra la especulación de una manera activa, pues nada vecinxs, aquí estamos para lo que sea.

Los 'okupas' del Plan de Vivienda Joven

Javier S. del Moral/ elpais
Foto: Santi Burgos
Navalcarnero

Una decena de familias invaden casas del Ivima en Navalcarnero

Las malas noticias comenzaron hace un mes para Víctor Marquina. Había resultado adjudicatario en febrero de 2006 de una vivienda de alquiler con opción a compra promovida por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). En diciembre recibió las llaves de su piso, de unos 50 metros cuadrados y ubicado a las afueras de Navalcarnero. Pero no le dio tiempo ni a hacer la mudanza.

Un día de febrero se encontró con que su vivienda estaba ocupada. Una familia había reventado la puerta y cambiado la cerradura. De pronto su piso había cambiado de manos. Acudió a los juzgados de la plaza de Castilla e interpuso una denuncia para recuperar su piso. También se presentó en el Ivima para exigir el desalojo. Ayer su casa seguía ocupada.

Su caso no es el único en las dos promociones del Plan de Vivienda Joven de Navalcarnero. Una decena de familias, la mayor parte de ellas de etnia gitana, viven como okupas desde hace semanas en otras tantas viviendas. Y no sólo eso: además han pinchado la luz de la comunidad de vecinos. "Este mes hemos pagado 1.800 euros de luz", explicaba ayer Ana, una de las vecinas del barrio. Una gran parte de los inquilinos legítimos de ambas promociones aseguran sentir "miedo" debido a las amenazas que han venido recibiendo por parte de los okupas.

Según la Comunidad de Madrid, de la decena de viviendas invadidas, sólo tres tienen adjudicatario. El resto aún no habían sido entregadas.

"El Ayuntamiento y la Comunidad nos dicen que no pueden hacer nada, que hay que esperar una orden judicial y eso va a tardar varios meses", continúa otro de los vecinos, que prefiere mantener el anonimato. Los problemas, según él, no se acaban en la ocupación de las viviendas: "se han producido robos en los garajes, destrozos de cerraduras, desperfectos en las instalaciones de la luz... No sé adónde vamos a llegar".

Mientras tanto los okupas dibujan un panorama distinto. "Esas viviendas estaban vacías. No había nadie", reclama Valeriano. En los primeros días de febrero se metió en un bajo junto con su mujer, Pilar, y sus tres hijos de 6, 12 y 14 años. "Yo estaba de guardia de las obras de estos pisos y, como no tenía dónde ir, vivía en la caseta de obra con mi familia, en ocho metros cuadrados", explica. Decidió ocupar un piso cuando vio "que otros lo hacían". Ahora, asegura, sólo quiere "legalizar la situación y pagar como todo el mundo lo que tenga que pagar". "Hemos hablado con el alcalde y nos dice que no nos va a dejar en la calle, aunque aquí no nos podemos quedar", concluye Valeriano. Para él no existe ningún problema de convivencia en los bloques.

A pocos metros de allí, una patrulla de la Policía Local vigila la zona las 24 horas del día. "Dan más seguridad, pero creemos que cuando pasen las elecciones los van a quitar de aquí", insiste otro vecino.