El Fondo Local ocupa ya a 407.390 empleos

Efe/ publico

Son más del 46% de los empleos previstos para el total del plan

Las obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local en los municipios españoles ocupan ya a 407.390 personas, un 46% más del empleo previsto para la totalidad del plan (278.446 personas).

Según un comunicado del Ministerio de Política Territorial, hasta el momento se han financiado 29.200 de los 30.772 proyectos aprobados (el 94%), con una inversión de 5.089 millones de euros.

De esta forma, de los 8.108 municipios españoles con obras del Fondo Estatal de Inversión Local, 7.736 (el 95%) ya han recibido la financiación para el inicio de los trabajos.

Más de 14.000 empresas

Más de 14.000 empresas trabajan en este plan, en su mayoría PYMES, a las que el Fondo ayuda a mantener su actividad y a crear empleo, así como a conservar los puestos de trabajo existentes, en estos momentos de dificultades económicas, añade el citado Departamento.

El libramiento de fondos aprobado esta semana en el conjunto nacional asciende a 35,71 millones de euros, correspondientes a 183 proyectos. Con esta cantidad, se han transferido hasta hoy 5.089 millones de euros a 7.736 municipios y seis mancomunidades para financiar 29.200 proyectos.

El importe transferido corresponde al 70% del presupuesto de adjudicación, ya que el 30% restante se abona al finalizar los trabajos.

Precisamente, esta semana se han abonado para 15 proyectos finalizados 164.032,65 euros del segundo pago y el importe total abonado ya en concepto de segundo pago supera los 4,1 millones de euros.

Entre el 10 de diciembre y el 24 de enero se presentaron 30.903 proyectos, correspondientes a 8.108 municipios.

Tras la comprobación de las iniciativas por las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y los servicios del propio Ministerio se aprobaron finalmente 30.772 proyectos, con un presupuesto de 7.998,84 millones de euros.

Municipios exhaustos

EL PAÍS

Las dificultades que rodearon la negociación del acuerdo de financiación autonómica han dejado en segundo plano la escasez presupuestaria a la que se enfrentan los ayuntamientos. No es un problema nuevo sino una de las más graves deficiencias que arrastra el sistema institucional español, agravada ahora por la crisis económica. La condición de cenicienta que han padecido los municipios durante las tres últimas décadas fue enmascarada a partir de 1998, fecha en la que se aprobó la ley que liberalizaba el suelo, por el maná de las recalificaciones. Los ayuntamientos hicieron virtud de la necesidad, y emplearon los recursos extraordinarios que procedían de la conversión de terreno rústico en urbano para financiar gastos corrientes y de nuevo personal. El fin de la burbuja inmobiliaria, y de unos fondos que parecían inagotables, ha supuesto el brusco despertar de una ensoñación.

Es justo reconocer que la mejora de la calidad de vida en España ha sido, en gran medida, resultado de las políticas municipales, que han asumido la construcción de infraestructuras y el establecimiento de nuevos servicios especialmente útiles a los ciudadanos por su proximidad. Pero existía otra cara de la moneda que no se quiso mirar de frente mientras duró la bonanza: las vías imaginativas para financiar las políticas municipales han estado en el origen de la multiplicación de los casos de corrupción, puesto que se convirtieron en instrumento para paliar otras deficiencias financieras además de las de los ayuntamientos, como la crónica insuficiencia de recursos que padecen los partidos políticos. En ese magma de actuaciones primero al margen de la ley, y después abiertamente ilegales y corruptas, ha prosperado una clase de intermediarios y logreros que ha cerrado el círculo que empezó a desmoronarse desde el inicio de la crisis económica.

El Gobierno ha pospuesto hasta 2011 la discusión de un acuerdo de financiación municipal, comprometiéndose a aportar hasta entonces recursos extraordinarios a través sobre todo del Fondo Municipal de Inversiones. No es la mejor solución aun tratándose, tal vez, de la única posible en estos momentos. Así como no era de recibo una competencia desleal entre autonomías, tampoco se puede aceptar una pugna semejante entre Administraciones. Los ayuntamientos son también parte del Estado, y su salud financiera es una responsabilidad que comparten con el Gobierno central y las autonomías, según establece la Constitución. El Partido Popular ha convocado una manifestación de alcaldes en Madrid para denunciar la situación que atraviesan los ayuntamientos. Una vez más, pretende resolver problemas institucionales con iniciativas fuera de las instituciones. Es mucho lo que está en juego como para frivolizar con espectáculos: si los ayuntamientos siguen siendo la cenicienta del sistema institucional, la calidad de vida de los ciudadanos sufrirá un grave deterioro. Y una de las raíces más importantes de la corrupción seguirá intacta.