La era del ciberactivismo

Maite Gutiérrez/ lavanguardia

Reunir a miles de personas con un objetivo común en 150 ciudades repartidas por todo el globo cuesta tanto como reenviar un correo electrónico. El activismo social ha encontrado en internet y sus aplicaciones el aliado principal para organizarse y difundirse. El penúltimo ejemplo fue el del lunes con las protestas contra las FARC. La iniciativa de una sola persona se tradujo en una manifestación mundial.

Cualquier idea y cualquier colectivo tienen cabida dentro del ciberactivismo. Desde las caceroladas posteriores al 11-M, hasta los llamamientos para hacer macrobotellones en la primavera del 2006, las manifestaciones por una vivienda digna o la defensa de la familia tradicional. El combate social o político está cambiando, pues cambian todas las facetas de la vida debido a la nueva estructura social que plantea la red. Como describe el economista y tecnólogo David de Ugarte en su libro El poder de las redes,"un ciberactivista es alguien que utiliza internet, y sobre todo la blogosfera, para difundir un discurso y poner a disposición pública herramientas que devuelvan a las personas el poder y la visibilidad que hoy monopolizan las instituciones. Un ciberactivista es una enzima del proceso por el que la sociedad pasa de organizarse en redes jerárquicas descentralizadas a ordenarse en redes distribuidas básicamente igualitarias".

Rapidez, agilidad, capacidad organizativa, costes moderados y difusión planetaria son las ventajas que ofrece internet a estos colectivos, resume Rosa Borge, profesora de los estudios de Derecho y Ciencias Políticas de la Universitat Oberta de Catalunya. Ya no es necesario formar parte de un grupo fuerte para llegar a influir, porque el grupo se forma al mismo tiempo que se envían mensajes o que alguien entra la web creada para la ocasión.

"Las nuevas tecnologías ayudan tanto a los movimientos que ya existían como a los ciudadanos individuales", añade Borge, y recuerda el caso de un grupo de amigas que consiguió reunir a 5.000 personas en Barcelona en una contramanifestación en defensa de las uniones homosexuales el año pasado con ayuda de su correo electrónico.

El e-mail es la herramienta básica y las redes sociales el complemento para expandirse. Es el caso de la organización V de Vivienda, que cuenta con página web, grupo en YouTube, Facebook, Flickr y Last. fm. La Plataforma por una Vivienda Digna nació también en internet. "Primero vino la organización a través de la red y luego una estructura más presencial, de no existir internet nosotros tampoco existiríamos porque no teníamos medios para crear una organización tradicional", dice José Luis Carretero, portavoz de la plataforma. Con un servidor, una web y una lista de correo - y muchas horas de trabajo voluntario- han conseguido notoriedad internacional en relativamente poco tiempo.

Si en el activismo clásico era necesario llegar a los medios de comunicación, "ahora el medio - internet- preexiste a la organización", explica de Ugarte en conversación telefónica. El interesado manda directamente el mensaje y si tiene unas características determinadas, conectará con otros ciberactivistas, que son, potencialmente, todos los internautas.

La Plataforma por una Vivienda Digna dará un 'ladrillazo' a Solbes el próximo sábado

suvivienda (El Mundo)
Madrid

El Ministerio debería haber eliminado las deducciones fiscales por la compra de vivienda

La Plataforma por una Vivienda Digna convoca una concentración el próximo sábado 15 de diciembre frente al Ministerio de Economía y Hacienda entre las 12 y las 14 horas para pedir la dimisión del Vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes. La concentración consistirá en un acto simbólico en el que se hará entrega al Ministro de Economía de un ladrillo gigante.

Según esta organización, creada en 2003 para defender el derecho a la vivienda, las actuaciones del Ministerio de Economía y Hacienda durante la presente legislatura han ido en contra de los pasos dados por el Gobierno de Zapatero para favorecer el derecho de acceso a una vivienda.

En concreto, la asociación cree que el Ministerio de Economía ha incumplido su promesa electoral de eliminar las deducciones fiscales para la compra de nuevas viviendas. Según la Plataforma, el deber del Estado es garantizar el derecho a la vivienda, no el derecho a la propiedad de ésta. Critican que el Ministerio ha seguido apoyando en esta legislatura la adquisición de casas en propiedad, cuando consideran que el alquiler es una de las soluciones del problema.

Por otro lado, la recientemente aprobada Ley Hipotecaria se ha elaborado, "a juicio de la asociación, al dictado de los grandes bancos, despreciando enmiendas de corte social y vías para favorecer el acceso a la vivienda a medio y largo plazo". Entienden que la ley debería haber incluido como mínimo un límite en la duración y cuantía de los créditos hipotecarios para ayudar a contener los precios y por lo tanto a facilitar el acceso a la vivienda.

Por último, las críticas se han centrado en la negativa del Gobierno a fiscalizar los tres millones de pisos vacíos que hay en España. La salida al mercado de estas casas bajaría los precios y supondría una solución para millones de ciudadanos para la plataforma.

La concentración se celebrará frente al Ministerio de Economía y no frente al de Vivienda porque éste "no tiene competencias suficientes para, por medio de política de vivienda o urbanismo, hacer cumplir el precepto constitucional definido en el artículo 47 de la Constitución", ya que la mayoría de las competencias en materia de urbanismo y vivienda han sido asumidas por las Comunidades Autónomas a través de sus Estatutos de Autonomía.

El derecho a la vivienda golpea la puerta de Europa

Cyrille Poy, periodista de L'Humanité /International Alliance of Inhabitants
Bruselas

Lo que Bernard Birsinger, difunto alcalde comunista de Bobigny, había soñado, lo han hecho realidad sus amigos. Durante los días 5 y 6 de noviembre de 2007, más de 130 representantes de organizaciones dedicadas a la defensa de los mal alojados y de los sin techo, las ONGs, las asociaciones de habitantes y arrendatarios, así como los electos locales, diputados europeos, o incluso la CECODHAS –encargada de coordinar a nivel europeo los gestores de viviendas sociales- se encontraron en el seno del Parlamento Europeo en Bruselas para celebrar los primeros Estados Generales Europeos sobre el Derecho a la Vivienda (EGEDAV).

Coordinado por la Alianza Internacional de Habitantes (AIH), la Asociación Nacional de los electos comunistas y republicamos (ANECR), la Plataforma por una Vivienda Digna (España) y la Red de electos y de autoridades locales progresistas de Europa (REALPE); dicho acontecimiento es la consecuencia lógica de los Estados generales por el derecho a la vivienda iniciados en Francia. Pero las raíces más antiguas podrán ser localizadas en la Carta Europea para el derecho a la Vivienda y la Lucha contra la Exclusión Social, nacida a inicios de los años 90 tras los primeros encuentros informales de los ministros europeos de la vivienda. Se trata de un hilo conductor, recogido durante un seminario organizado en el FSE en Atenas en el 2006, lo que reactivó la dinámica a nivel continental.

Los numerosos testimonios desgranados durante estos dos días han permitido redactar las condiciones de los lugares inquietantes del mal o del no alojamiento en una docena de países del viejo continente. Las situaciones difieren enormemente según los países, todos los participantes denunciaron enérgicamente el abandono por parte de los Estados del sector de la vivienda. Eva-Britt Stevenson, diputada europea sueca (GUE/NGL), explicó cómo, bajo la presión de la Unión Europea y las decisiones políticas tomadas por un gobierno de mayoría de centro derecha, su país -que consideraba hasta entonces la vivienda como un derecho, cualquiera que sean sus ingresos domésticos- se dirigían actualmente hacia una "privatización servil", reduciendo las dotaciones para las ayudas a la vivienda y preparándose a poner en venta 860.000 alojamientos públicos. Análisis compartido también por la eurodiputada socialista Marie-Noëlle Lienemann, antigua ministra francesa de la vivienda.

En Rusia, son las reformas ultra liberales del Gobierno de Vladimir Putin las que debilitan el acceso a la vivienda. Según Carine Clément, quien fue obligada a enviar un mensaje escrito ya que las autoridades rusas le impidieron salir de Moscú, estas reformas tuvieron como consecuencia la de lanzar a la calle a millares de familias en favor de promotores deshonestos, bajo la bendición de poderes públicos locales corruptos. Los participantes mencionaron en numerosas ocasiones el caso de los Rumanos, estigmatizados y discriminados. Según Miroslav Prokes, concejal de Praga (República Checa), éstos representan un 90% de las personas que viven en los cerca de 300 barrios de chabolas que cuenta el país. En Italia, es el nuevo decreto relativo a los Rumanos que viene a añadirse a la política de destrucción de los barrios de chabolas sin ningún realojamiento, o incluso a la no aprobación de un decreto de protección de los arrendatarios expulsados, que son denunciados junto por Cesare Ottolini, coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes, y Paolo Gangemi de Rifondazione comunista.

Heinrich Niemann, comprometido con la LHASA, asociación de reestructuración urbana en Berlín considera “necesario que la Unión Europea se tome en serio el problema del derecho a la vivienda". No obstante, previno a Pedro Mansat, adjunto al alcalde de París, "los mercados financieros son los que deciden hoy en día cómo se erige la ciudad". Gracias a sus fuerzas de asalto, los fondos de inversión están en capacidad de desestabilizar las políticas públicas. "Fue el caso en Berlín donde, en diez años, los fondos de inversión pudieron entregar 1,8 millón de viviendas públicas", precisó Barbara Litke, representante, en Bruselas, de la Unión Internacional de los Inquilinos.

¿No habrán sido estos EGEDAV una constatación de impotencia? “No - responde Cesare Ottolini -Estos Estados generales son una etapa fundadora hacia la constitución de un movimiento europeo de resistencia y alternativa". En efecto, decenas de participantes, desde Jean-Pierre Giacomo de la CNL francesa a Paul Trigalet de Solidaridades Nuevas (Bélgica), desde Joseph Jones, de la asociación Thames Valley Gypsy (Reino Unido) a Daniele Porretta de la Plataforma por una Vivienda Digna, desde Knut Unger de la Unión de los Inquilinos de Witten (Alemania) a Annie Pourre del No-Vox; todos ellos han presentado una gran riqueza no sólo de análisis, sino también de propuestas y luchas.

En la declaración final, los participantes se comprometieron a organizar los Estados Generales en sus países y a actuar para pedir "el desarrollo de un verdadero servicio público de la vivienda y de la ciudad", para que el derecho a la vivienda sea reconocido a nivel nacional de cada país y a nivel europeo. Mientras esto no ocurre, los miembros de las EGEDAV estarán presentes en el Foro Social Europeo (que se celebrará en Malmö, del 18 al 27 de septiembre de 2008) y también en el encuentro europeo de los ministros de la vivienda, programada en París para el próximo mes de octubre de 2008 bajo la presidencia francesa de la UE.