Alquileres más fáciles y baratos

LA RAZÓN

Nada más llegar al Gobierno, en marzo de 2004, Zapatero fijó entre sus objetivos preferentes el acceso del ciudadano a la vivienda, sobre todo de los más jóvenes. Para ello, creó un Ministerio específico. Cuatro años y tres ministras después, los resultados son raquíticos, por no decir deplorables. La mayoría de las iniciativas puestas en práctica, en especial las que perseguían fomentar el alquiler, ha fracasado, como lo demuestran estos simples datos: en España hay más de un millón de alquileres no declarado y tres millones de viviendas vacías; sin embargo, la Sociedad Pública de Alquiler apenas si ha contratado diez mil casas en toda España. Tampoco las ayudas al alquiler y las llamadas rentas de emancipación han tenido más efecto real que el propagandístico.

El Gobierno cometió varios errores de percepción, como subestimar el temor de los propietarios a alquilar sus inmuebles y creer que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria abarataría de manera automática y drásticamente el precio de la vivienda. Ni una cosa ni otra han sucedido, como ayer mismo reflejaba el informe publicado por el Ministerio de Vivienda; incluso se constata un aumento del 6,6% en el precio de la vivienda protegida. No obstante, parece que los responsables del Gobierno han comprendido al fin que el modo más práctico para que el inmenso parque de viviendas cerradas salga al mercado del alquiler es ofrecer garantías legales y facilidades operativas. A diferencia de lo que ocurre en los países europeos con larga tradición en la vivienda de alquiler, donde existen grandes empresas que copan el mercado, en España predomina el pequeño propietario, que no está dispuesto a poner en riesgo su costoso inmueble en un mercado poco fiable. El Gobierno se ha percatado de la situación y ha elaborado una reforma de tres leyes: la de Arrendamientos Urbanos, Enjuiciamiento Criminal y Propiedad Horizontal. De especial relevancia es la modificación que afecta a los juicios por desahucio. Hasta ahora, el tiempo transcurrido entre el inicio de un proceso de desahucio y la expulsión del inquilino moroso podría ser de hasta dos años. Éste es uno de los motivos por los cuales la gran mayoría de propietarios exige avales onerosos para el inquilino, lo cual bloquea en gran medida la agilidad del mercado. Con la reforma, que incluye plazos máximos para juicios verbales y aligera los trámites del litigio en caso de impago, esos dos años de espera podrán reducirse a un mes. La medida sin duda animará al propietario y frenará al moroso, con lo cual se normaliza un mercado del que se benefician arrendadores e inquilinos. Otra de las reformas permitirá al dueño recuperar su inmueble, sin necesidad de esperar cinco años, siempre y cuando lo necesiten sus hijos o padres. En cuanto a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, se facultará a las juntas de propietarios para aprobar, con una mayoría de tres quintos, las obras de mejora del edificio; hasta ahora era necesaria la unanimidad de los vecinos.

El anteproyecto del Gobierno es acertado y ha recibido el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial, que era especialmente importante en lo referente al «desahucio exprés». En un informe emitido ayer, el CGPJ considera que se aborda la cuestión «con absoluta prudencia y en términos que resultan plenamente aceptables». No obstante, volvería a equivocarse el Gobierno socialista si creyera que el problema está resuelto. Por el contrario, debería evaluar si no serán necesarias medidas complementarias, como ofrecer incentivos fiscales para que ese «alquiler sumergido» de un millón de viviendas aflore y se normalice en beneficio de todos, pues a más oferta, alquileres más baratos.