Denuncias por vivienda

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miércoles, junio 18, 2008

'Estepona sigue los pasos de Marbella'

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

La detención de Antonio Barrientos (PSOE), alcalde de Estepona (Málaga), y una veintena de personas, entre ellas varios concejales y funcionarios, el arquitecto municipal, técnicos y empresarios, presuntamente implicados en una trama de corrupción urbanística, pone una vez más de manifiesto las debilidades de un sistema en el cual la falta de control de la gestión local y la excesiva discrecionalidad de que disfrutan los cargos electos permiten medrar a quienes están dispuestos a enriquecerse a toda costa. Las imputaciones de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de dinero a que deben responder los acusados delimitan el terreno de juego típico de estos casos --recalificación de terrenos, comisiones, interferencia privada en los asuntos públicos--, y recuerda como una gota de agua a otra el escándalo que zarandeó al Ayuntamiento de Marbella.

La inmediata decisión del PSOE de expulsar a Barrientos y la exigencia de José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso, de que se vaya "hasta el fondo" tienen un valor limitado. Basta con repasar la biografía política de Barrientos para toparse con la sombra del GIL, un partido ad personam que ha contaminado hasta la fecha cuanto ha tocado. La importancia del PSOE en la Administración local es demasiado importante para comprometerla con alianzas y componendas en las que participen el GIL o sus secuelas, santo y seña de la opacidad, el clientelismo, el populismo y la demagogia.

Con Barrientos, suman nueve los alcaldes --seis del PP, uno del PA, otro del GIL y un tercero del PSOE-- detenidos en los dos últimos años como resultado de causas judiciales abiertas por corrupción urbanística. Los grandes partidos deberían someter a la consideración de sus estados mayores hasta qué punto son capaces o no de desactivar la mezcla explosiva de turismo, urbanismo y falta de escrúpulos para conjurar las sombras de sospecha que se abaten sobre la política local. Los gestores honrados de la inmensa mayoría de ayuntamientos merecen esta reflexión y, con ella, el análisis de hasta qué punto administraciones de rango superior a la local pueden mejorar los mecanismos de control sobre esta. Apelar a la autonomía municipal para no afrontar este debate no es de recibo: los ciudadanos tienen derecho a que la tutela sobre el trabajo de los concejales cuyos sueldos pagan sea tan exigente como la presión fiscal que soportan.

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