Zaplana, ministro de Vivienda, Bono, subsecretario

José Hervás/ estrelladigital

Tras el rotundo fracaso que ha sufrido la propuesta del Partido Popular en el Tribunal Constitucional, rechazada ayer al máximo nivel, "a limine", de plano, de tramitar las recusaciones contra tres magistrados progresistas en su recurso contra la Ley Orgánica de este tribunal, Mariano Rajoy no tiene más remedio que tomar ya la decisión de prescindir de Eduardo Zaplana.

Ha sido el portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, junto con sus próximos colaboradores, Martínez Pujalte y Fernández Díaz, quienes le han llevado a esta situación pese a los informes de los expertos de su propio Partido. Lo sorprendente de la decisión, que le supone una dura derrota en el terreno que tanto cuida Mariano Rajoy, como es la jurídica, es que haya seguido adelante con un camino que le recomendaban no siguiera lo más finos juristas del partido.

Los tres expertos juristas consultados por el PP entre lo más granado de un equipo al que le sobran este tipo de cualificados profesionales, el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, el ex jefe del Gabinete de Rodrigo Rato, hoy alto ejecutivo de Banesto, Javier Pérez Renovales y el portavoz de Justicia en el Senado, Agustín Conde, habían coincidido al manifestar en sus informes que la recusación era jurídicamente inviable.

A ellos se habían unido el secretario general del partido, Ángel Acebes y el Secretario ejecutivo de Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, letrado de las Cortes de profesión, quienes consideraban que suponía una temeridad legal presentar con tan escasos argumentos una recusación en la que incluso los miembros elegidos por propio Partido Popular les habían hecho llegar que no podrían apoyar.

Pese a la práctica unanimidad del equipo más cualificado en esta materia y tras oirles a todos, fue el propio presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy quien decidió no desautorizar a su portavoz en el Congreso, pese a que tiene desasistido al grupo y ha creado todo tipo de tensiones en la estructura del partido, sobre todo en Valencia.

No es la primera vez que los magistrados elegidos por el PP votan en el Constitucional en contra de una propuesta popular porque consideran que no se ajusta a derecho o no hay bases jurídicas que los apoyen. El caso más sonado fue el de Vicente Conde cuyo voto fue decisivo para que el Constitucional no admitiera a trámite analizar antes de que se debatiera en el Parlamento Vasco el proyecto de reforma de Estatuto de Ibarretxe.

Le costó la presidencia del Tribunal Constitucional a Conde, como el magistrado explicaría en su día a uno de sus colaboradores de los servicios jurídicos del alto tribunal. Aznar le llamó al menos en dos ocasiones a Moncloa para convencerle de que votara a favor de que sí fuera admitido y tratar de imposibilitar de forma previa su debate. Cuando aseguró al ex presidente que su conciencia no se lo permitía, Aznar le advirtió al magistrado que tendría un coste. Lo tuvo. En el momento de elegir presidente meses después, dos de sus propios compañeros le dieron la espalda.

Ante el fracaso de la propuesta avalada por Zaplana ayer trataban de quitarle importancia en el partido y bromeaban que lo del portavoz popular en el Congreso no es proponer argumentos jurídicos sino comprar barato. Sugerían que si ganan las elecciones, Rajoy le nombre ministro de Vivienda. Es el de los pocos que puede comprar un piso de 500 metros cuadrados en la Castellana, pagar sólo 1,6 millones de euros y obtener al mismo tiempo una hipoteca por 2,6 millones de Bancaja, sin incluir el marmol paquistaní que le instaló su amigo 'El pocero'.

Uno de los presentes añadió que debería llevar de subsecretario a su amigo Bono, cuyo metro de chalet, construído y financiado por su amigo Rafael Santamaría, le salió más barato que el de un metro de vivienda de protección oficial. Los populares reeditan el número especial de La Razón dedicado a tan sorprendente sistema de financiación.