Caja Castilla-La Mancha tiene invertidos 63 de cada 100 euros de su Corporación en el sector inmobiliario

C. Hernanz/ C. Ribagorda/ cotizalia
Foto: Efe

Nervios a flor de piel en la Caja de Ahorros Castilla-La Mancha a cuenta de la crisis que afecta al sector inmobiliario español. La caja presidida por Juan Pedro Hernández Moltó (en la imagen) celebró ayer la reunión de su Comisión Ejecutiva, previa al Consejo de Administración –también ayer miércoles- de la propia Caja y de su Corporación, encuentros que se han presentado rodeados de gran expectación y nerviosismo.

De acuerdo con fuentes cercanas al organismo “hay tensiones evidentes dentro del Consejo, porque algunos de sus miembros –caso de presidente de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha (CECAM), Jesús Bárcenas- se muestran muy críticos con la política de inversión en el inmobiliario llevada a cabo, y además, se quejan de la falta de transparencia e información sobre el alcance real para la Caja de la crisis del sector”.

En los días de oro del ladrillo, la Caja castellano-manchega decidió optar por la creación de una Corporación –figura utilizada también por otras cajas- para participar en el negocio, entrando de lleno en operaciones inmobiliarias bien directamente o bien a través de la financiación a destacados inversores o empresarios locales, lo que supuso la toma de posiciones de riesgo en muchos proyectos.

La apuesta salió bien en Metrovacesa (por no hablar de las plusvalías existentes en Iberdrola), pero ha terminado en quebradero de cabeza en casos como Astroc, Colonial y Nozar, por citar los casos más notorios donde existe una elevada exposición directa o indirecta. Una de estas personas es el empresario de Ciudad Real Domingo Díaz de Mera, propietario de un 11% en Colonial, a quien la Caja ha ejecutado acciones pignoradas cuando lo ha permitido el precio de la acción.

El resultado de esta política es que 63 de cada 100 euros invertidos a través de la Corporación han ido destinados al sector inmobiliario. Estas cifras fueron desmentidas ayer a este diario por un portavoz de la caja: “Jamás hablaremos de un cliente ni de las garantías que pueda tener con la caja”, explicaron desde la sede de Toledo, en referencia a Díaz de Mera. “El próximo lunes día 4, el presidente y el director general presentarán los resultados y darán cuenta de las operaciones de CCM”.

División también en la línea ejecutiva

Mientras tanto, la entidad ha tenido que hacer frente a un episodio de pánico desatado días atrás –un bulo infundado- que cuestionaba la solvencia de la institución. El incidente fue cortado días atrás por el propio Moltó, que tiene previsto presentar unos beneficios después de impuestos para el ejercicio 2007 superiores a los 220 millones de euros. “Las dificultades pueden aflorar en el primer trimestre de este año, en el caso de tener que provisionar algunos de los riesgos contraídos”, aseguran las fuentes consultadas.

El Banco de España sigue muy de cerca la crisis de CCM y de otras cajas que están fuertemente apalancadas en el inmobiliario, particularmente aquellas enganchadas en refinanciación de suelo, activos que se han visto afectados por la nueva Ley que obliga a tasar los terrenos a su valor real actual y no a valor de expectativas futuras. De acuerdo con las fuentes, las inspecciones del BE están obligando a las entidades a “provisionar el valor de ese suelo de acuerdo con los parámetros que fija la nueva Ley”.

Al margen de lo señalado, como “caja bandera” que es, la de CCM se ha visto forzada a entrar en algunos proyectos de matiz político más o menos faraónicos, caso del aeropuerto de Ciudad Real o del parque temático El Reino de Don Quijote de La Mancha, que difícilmente van a poder salir adelante a menos que se haga cargo de los mismos algún grupo especializado (caso del norteamericano Harrah’s Entertaiment) dispuesto a tomar el control y hacerlo avanzar.

Como no podía ser de otro modo, la división en el Consejo de la entidad se ha trasladado también a la propia línea ejecutiva, entre el propio Moltó y su director general, Ildefonso García Ortega, un antiguo técnico del Banco de España a quien Moltó ha arrastrado a esa política de grandes operaciones, según las fuentes, y que ahora podría cargar, próximo a la jubilación como está, con la responsabilidad de lo ocurrido.