Un mes para acceder a un finca

Un juez de Madrid concede a dos forestales la primera autorización para entrar a una finca privada con un retraso de más de 30 días

J. S. G. / El País - Madrid - 09/10/2007

Ha sido necesario que transcurra más de un mes para que los agentes forestales puedan acceder a una finca privada en la localidad de Lozoya. El pasado 1 de octubre recibieron una autorización judicial que lo autorizaba. Con este permiso los guardas podrán comprobar qué hacía una excavadora en medio del monte a finales de agosto. Al ver cómo la máquina abría un camino supuestamente no autorizado, los agentes remitieron a la Comunidad de Madrid una solicitud para entrar en la finca y poder investigar los hechos. Esto ocurrió a finales de agosto. Unos diez días después, la Consejería de Medio Ambiente traspasó la reclamación al juzgado contencioso administrativo de Madrid, que ha tardado 21 días en resolver. En total, el proceso se ha prolongado durante más de un mes. La excavadora probablemente ya no esté allí. "Las autorizaciones no son tan urgentes, porque ahora podrán comprobar qué ha hecho la máquina. Si hay un camino sin permiso se sanciona", explica un portavoz de Medio Ambiente.

"La ley está bien para hechos consumados, pero no previene", dice un abogado

Pero los agentes forestales sostienen que este proceder acaba con "el principio de prevención". "Después de un mes el daño ya está hecho. Antes podíamos pedir la suspensión cautelar de la obra", señala Francisco Cabezos, responsable de CC OO.

Es la primera orden judicial que permite a los guardas forestales acceder a una finca privada tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes, que sacó adelante el Gobierno regional en julio. La flamante norma regional impide a los guardabosques entrar en una propiedad privada sin no es con autorización judicial, salvo en caso de incendios.

Los forestales han manifestado su rechazo a la norma regional alegando que limita su trabajo. "No podemos acceder libremente a una parcela para comprobar si hay un delito. Nos cercenan la capacidad preventiva si cada vez que sospechamos de algo ilegal tenemos que esperar a una orden judicial", explica Cabezos.

El auto del contencioso administrativo número nueve de Madrid concede a los agentes forestales dos meses para acceder al bosque privado y exige al Ejecutivo regional que identifique al propietario antes de tres días y que informe al juzgado de la evolución de la investigación. Además, establece que los guardabosques podrán "inspeccionar la apertura de una pista forestal con maquinaria pesada en una ladera con pendientes superiores al 30%".

El abogado Juan Manuel López, experto es delitos urbanísticos, asegura que el auto será un hecho aislado. "Ha tardado poco para como están los juzgados. Hay señalamientos para procesos abreviados para 2010. Y para dentro de dos y tres años para los ordinarios. Es raro que haya tardado tan poco", indica. López critica que la norma regional "está bien para hechos consumados, pero se carga la actividad preventiva". El 80% de los montes de Madrid son privados y en la región sólo hay 250 agentes forestales que sólo podemos investigar cuando el delito ya es evidente", asegura Cabezos.

Un portavoz de la Comunidad de Madrid aseguró ayer que el auto, con fecha 1 de octubre, supone un "espaldarazo para le ley de Aguirre". Y precisa: "Esta orden ha sido tramitada a través de los servicios jurídicos de la Comunidad. Lo que hace es conceder la presunción de inocencia a los propietarios de los bosques".

Antes de esta resolución del contencioso dos juzgados de instrucción, uno de Alcobendas y otro de Colmenar, se declararon incompetentes para otorgar los permisos. Los tribunales indicaban que no era necesario una orden para entrar en las fincas no habitadas y recomendaban que estos asuntos se tratasen en el contencioso administrativo.

Las solicitudes las presentaron agentes forestales después de aprobarse la Ley regional. Días después la Comunidad obligaba a los guardas que presentaran las solicitudes en Medio Ambiente para tramitarlos directamente. "Creen que son agentes judiciales y son funcionarios de la Comunidad, tienen que seguir los pasos que siguen todos los trabajadores", insiste un portavoz regional.