El Gobierno aprueba el anteproyecto para crear las firmas cotizadas de inversión inmobiliaria

Servimedia/ suvivienda
Madrid

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, llevó al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley por el que se regulan las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi), un compromiso llevado el pasado día 10 por el presidente del Gobierno al Pleno del Congreso de los Diputados en el que explicó la situación económica.

Este nuevo instrumento, que ya existe en una mayoría de los países de la UE, tiene como objetivos fundamentales continuar con el impulso del mercado del alquiler en España, "elevando su profesionalización, facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, incrementar la competitividad en los mercados de valores españoles y dinamizar el mercado inmobiliario".

Además, esta figura permite al pequeño y mediano accionista invertir en activos inmobiliarios de manera profesional, con una cartera de activos diversificada y sin que tenga que asumir el coste de adquisición de estos activos, y disfrutando desde el primer momento de una rentabilidad mínima, mediante la percepción de un dividendo anual, apunta el Gobierno.

Estas sociedades gozarán de un régimen fiscal favorable, y estarán exentas del Impuesto de Sociedades siempre que cumplan algunos requisitos.

En primer lugar, la actividad principal de estas sociedades ha de ser la inversión en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler (viviendas, residencias para personas dependientes, locales comerciales, garajes, hoteles, oficinas, entre otros).

Además, su activo debe estar invertido, al menos en un 75%, en inmuebles urbanos dedicados al arrendamiento y adquiridos en plena propiedad.

Anualmente deberán distribuir entre sus accionistas al menos el 90% de los rendimientos obtenidos en los alquileres y, en su caso, de las plusvalías generadas por la venta de inmuebles, que hayan permanecido en alquiler un determinado periodo de años.

Otro de los requisitos es que las sociedades estarán obligadas a cotizar en un mercado organizado, debiendo cumplir con los requisitos de transparencia e información que establece la Ley del Mercado de Valores. Y se limitará la participación máxima de un solo accionista para evitar una excesiva concentración.

Finalmente, se les exigirá un capital mínimo de 15 millones de euros y podrán optar por crear la Socimi o por transformar una sociedad preexistente.