El ‘ladrillazo’ abre un agujero de más de 10.000 millones de euros en los ingresos públicos

Carlos Sánchez/ cotizalia
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Nadie se salva. Ni la Administración Central del Estado ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos. La crisis inmobiliaria ha abierto un considerable agujero en sus ingresos. Hasta el punto de que muchos responsables de Hacienda -sobre todo del Fisco autonómico y local- están en estos momentos revisando a la baja previsiones de recaudación aprobadas hace escasamente un trimestre.

La desaceleración de la actividad inmobiliaria estaba ya descontada, pero pocos -o casi nadie (al menos oficialmente)- esperaban que el aterrizaje fuera tan brusco. Dos datos conocidos en las últimas horas reflejan lo que está pasando. Los ingresos del Estado por IVA (del que se nutren también las comunidades autónomas) han caído en los dos primeros meses del año un 8,2% respecto del mismo periodo del año anterior. Pero es que en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) el descenso es de nada menos que del 16,6%. En total, y en términos absolutos, esto supone que el Estado ha recaudado 1.294 millones de euros menos durante los dos primeros meses del año que en el mismo periodo del año anterior. Si ese resultado se proyecta al conjunto del ejercicio, el resultado puede ser que el año se acabe con una caída de la recaudación cercana a los 7.700 millones de euros.

Entre los factores que explican el descenso, al margen del enfriamiento del consumo, se encuentra “la contracción de la actividad” en la construcción y la promoción inmobiliaria, tal y como puso ayer de manifiesto el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.

Segundo dato. La Generalitat de Cataluña ha presentado su avance de liquidación correspondiente al año 2007, y su conclusión no puede ser más adversa. Los ingresos derivados de los dos tributos cedidos más expuestos al parón inmobiliario: el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados han caído en picado. En concreto, en 1.246 millones de euros, lo que supone un descenso del 28% respecto a lo esperado. Cataluña había presupuestado unos ingresos por ambas vías equivalentes a 4.445 millones de euros, pero finalmente sólo ingresó 3.199 millones de euros. De nuevo, la crisis inmobiliaria se encuentra detrás del hundimiento de los ingresos, tal y como reconoció el conseller de Finanzas de la Generalitat catalana, Antoni Castells.

Incumplimiento de objetivos

En Andalucía, las cosas no parece que vayan a ir mucho mejor. La Junta ha previsto para 2008 unos ingresos por Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados equivalentes a 3.098 millones de euros, lo que supone incrementos del 6,8% y del 7,7%, respectivamente, respecto del año anterior. En un contexto de fuerte deterioro del mercado inmobiliario no parece probable que se vayan a poder cumplir esos objetivos, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una de las regiones donde la actividad inmobiliaria ha sido mayor durante los últimos años. De hecho, nada menos que el 80,7% de sus ingresos por tributos cedidos proceden del ladrillo, lo que da idea de su alto grado de exposición a un hundimiento del sector. Cada punto negativo en términos de recaudación le cuesta a la Junta de Andalucía unos 30 millones de euros.

Lo mismo sucederá en Madrid, en Murcia y, en general, en todas las comunidades en las que la actividad inmobiliaria ha sido mayor. No se trata de un asunto menor. En 2007, la suma de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos representó nada menos que el 11,6% de la recaudación por impuestos indirectos de las comunidades autónomas. O lo que es lo mismo: 18.120 millones de euros, lo que significa que si los ingresos caen un 30% -en línea con lo sucedido en 2007 en Cataluña- se estaría hablando de un retroceso en la recaudación superior a los 5.400 millones de euros.

Madrid, la más afectada

Las regiones más afectadas serán, por este orden, Madrid (donde ambos tributos aportan el 21,9% de sus ingresos totales), Murcia, (17,5%), Cataluña (16,3%) y Comunidad Valenciana (15,9%). En el polo opuesto se encuentran Extremadura y Galicia, cuya exposición al ‘ladrillo’ se sitúa, respectivamente, en el 4% y el 6%.

Los ayuntamientos no se libran de esta sangría en las finanzas públicas. Hasta el punto de que probablemente sean los más perjudicados debido a que han anclado buena parte de sus recursos en la actividad inmobiliaria. Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales -dependiente de Hacienda- refleja el papel cada vez más determinante que ocupa en sus ingresos los dos tributos que gravan directamente las actividades del ‘ladrillo’: el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como el de las plusvalías municipales) y el de Construcciones, Instalaciones y Obras. Pues bien, en 2004, en pleno ‘boom’ inmobiliario, los ayuntamientos recaudaron por ambos tributos 3.048 millones de euros, con una progresión verdaderamente espectacular, ya que en 1990 apenas se recaudaban por ambos conceptos 910 millones de euros. Si a esto se añaden otros ingresos que tienen que ver con la actividad constructora –el Impuesto de Bienes Inmuebles o la recaudación derivada de la venta de suelo municipal- se estaría hablando de un fuerte recorte en los recursos locales por el frenazo inmobiliario.

La cifra total es difícil de cuantificar con precisión, pero no estará lejos de los 10.000 millones de euros, lo que representa cerca de 1 punto del Producto Interior Bruto. Eso significa poner prácticamente a cero el marcador del superávit presupuestario, ya que en 2007 de los 2,23 puntos porcentuales que se logró 1,25 puntos correspondieron a la Seguridad Social, cuyos excedentes deben dedicarse a dotar de recursos al Fondo de Reserva. El año pasado, de hecho, con un crecimiento elevado (del 3,8%) las comunidades tuvieron un déficit equivalente a 0,17 puntos del PIB, mientras que los ayuntamientos cosecharon números rojos que representaron 0,14 puntos del Producto Interior Bruto. Y eso que el pinchazo inmobiliario había comenzado a fraguarse.