Recuperar la política de vivienda

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Si se pidiera un deseo para que la legislatura catalana, que empezó a primeros de año, y la española, que está en trance de extinción a seis meses vista, fueran fecundas, sería que los políticos de toda condición aborden con seriedad el problema de la vivienda. Los esfuerzos se han hecho, y sus resultados empiezan a aflorar, por más que se les quiera tildar, ahora, de electoralistas. En España está vigente, desde julio, la ley del suelo, que contiene los elementos necesarios para combatir, en origen, el disparatado precio de la vivienda. Apenas ha surtido efectos, aunque su efectividad habrá que medirla a medio y largo plazo, por la implicación de las administraciones autonómica y local.

En Catalunya, los elementos para convertir el acceso a la vivienda en un derecho efectivo para millares de familias se pusieron en marcha en el 2003 y ahora empiezan a asomar sus primeros resultados, que siguen una doble vía. Por un lado, el trámite legislativo iniciado en enero en el Parlament de la ley de derecho a la vivienda elaborada en la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, que desde el inicio del tripartito corresponde a un político de ICV. Y por el otro, el ejercicio de pragmatismo de quienes dirigen este departamento, a la búsqueda de un pacto con las fuerzas sociales determinantes para que se pueda cambiar, también en Catalunya, la entrega a las leyes de mercado de un bien necesario como la vivienda.

Así surgió el Pacte per l'Habitatge, que implica, sobre todo, a patronales y sindicatos. Y así también apareció, como era previsible, por los distintos intereses, el cepillado de las partes más ambiciosas del Pacte. Los promotores, por ejemplo, ya han conseguido imponer una cómoda limitación de las cesiones que deben hacer para vivienda social en los núcleos urbanos y para los pueblos de más de 5.000 habitantes. Los sindicatos, en una reacción previsible, han pospuesto su apoyo al proyecto. En el orden político, los negociadores de CiU han optado por el aplazamiento, pero no por el rechazo, de sumarse al Pacte y, tal vez, apoyar la ley en el Parlament.

La ley y el Pacte han de llegar hasta el final, aunque queden mermados por la negociación política y social. Solo así se podrá recuperar un principio olvidado hace casi una década: la política de vivienda ha de ser regida, con convicción, por los poderes públicos y no dejarla nunca más a las simples leyes del mercado.