El movimiento por una vivienda digna y la defensa de los derechos sociales

Daniel Jiménez
Revista Trasversales número 6, primavera 2007

El movimiento ciudadano en defensa del derecho a la vivienda digna, surgido a raíz de las sentadas espontáneas de mayo de 2006 en las principales ciudades del país, estuvo en su origen ligado a las protestas que en Francia habían tumbado una ley que atentaba contra los derechos laborales de los estudiantes. La juventud española se miró en el espejo francés y tomamos conciencia de que aquí también era necesario defender las conquistas sociales que el neoliberalismo se está dedicando a cuestionar en los últimos tiempos. Ya no se podía mirar hacia otro lado: la imposibilidad para la inmensa mayoría de los jóvenes, y no tan jóvenes, de acceder a una vivienda digna sin hipotecar sus vidas y sin tener que transigir ante condiciones laborales cada vez más precarias, era demasiado clara, demasiado bochornosa y, sobre todo, afectaba tanto a nuestras vidas y a nuestro futuro que era imposible no reaccionar, a no ser que se carezca de conciencia y de consciencia.Cuando el primer ministro de Francia, Dominique de Villepin, informó el 16 de enero de 2006 de la Ley de Contrato de Primer Empleo (en francés contrat première embauche - CPE), también se dio el pistoletazo de salida a la última gran revuelta estudiantil en el país vecino. La magnitud de la protesta fue tal que tan sólo 3 meses después, el 10 de abril, el presidente de la República, Jacques Chirac, y el propio Villepin anunciaban la retirada de la ley.

Lo que suscitó la revuelta fue que el CPE establecía un periodo de prueba de 2 años dentro del cual se podía despedir al trabajador sin motivo jurídico alguno. Los estudiantes y los sindicatos entendieron esta medida como una agresión a los derechos sociales y decidieron movilizarse y organizar manifestaciones, huelgas y concentraciones a nivel nacional. La primera protesta fue el 7 de febrero, y reunió a unas 700.000 personas según la CGT, 520.000 según la policía. El 28 de marzo fue el punto culminante, con 2,7 millones de personas secundando una huelga interprofesional en todo el territorio (1 millón según la policía). Una cifra similar se manifestó pocos días después, el 4 de abril. Y el 10, como se ha señalado, se firmó el acta de defunción del CPE.

Mientras los estudiantes franceses echaban para atrás una ley, ¿qué hacía una buena parte de los jóvenes españoles? Competir por ver quién sacaba más gente a beber en las calles. En efecto, en marzo de 2006 se originó lo que después se llamó el macrobotellón, un acto de protesta (como defendían sus promotores) por la llamada Ley Antibotellón, que realmente es un compendio de leyes de carácter autonómico que limitan el consumo de alcohol en las calles. Varias ciudades se dedicaron entonces a rivalizar entre ellas para ver quien organizaba la mayor concentración de personas bebiendo en la vía pública. El contraste entre ambas realidades era brutal y vergonzante. Tampoco resultaba alentador el tratamiento que se dio al asunto desde los medios de comunicación, que identificaron el macrobotellón con la globalidad de la juventud española. Parecía que no había otros jóvenes que los que se dedicaban a contar las horas entre borrachera y borrachera, ni otras motivaciones para la juventud que beber en las calles. Muchos sentíamos indignación por la inconsciencia de unos y la falta de rigor de los otros. Y la canalización de esta indignación fue precisamente el detonante del movimiento por la vivienda digna.

De las sentadas a las asambleas

En esa primavera de 2006 empezaron a circular por Internet correos anónimos que expresaban este malestar. En ellos estaba presente la sangrante comparación entre la lucha contra el CPE y la “lucha” contra las leyes antibotellón. Era el momento de demostrar que la juventud española también quería defender sus derechos sociales y que sabía dónde estaban las amenazas: en la creciente precariedad de los salarios y en el abusivo precio de los pisos, tanto de la venta como del alquiler, que imposibilitaban el “disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, como reza el artículo 47 de la Constitución Española. En los correos se estableció una fecha, el 14 de mayo, para realizar una sentada espontánea en reivindicación de estos derechos en las principales ciudades del país.

En Madrid, el lugar elegido para la cita fue la Puerta del Sol, ante la Casa de Correos, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El domingo 14 de mayo de 2006, miles de personas abarrotaron este enclave. Las estimaciones señalan que acudieron entre 2.500 y 5.000 personas. Tratándose de una convocatoria anónima, se puede hablar de un éxito rotundo. El clima que se vivió en las calles fue de absoluta euforia: la concentración se convirtió en una manifestación. Los asistentes decidieron que no estarían toda la tarde sentados en la Puerta del Sol, y decidieron llevar la protesta primero ante el Congreso de los Diputados y luego hacia la Gran Vía, para desembocar en la Plaza de España. Todo esto ocurrió ante la atónita mirada de la policía, que se vio desbordada por la masiva afluencia y tuvo que cortar las calles al tráfico. Los manifestantes también intentaron dirigirse al Palacio de la Moncloa, pero las UIP les cortaron el paso. Posteriormente se disolvió la manifestación tras algunas cargas policiales en las Vistillas. Fueron más de 5 horas de protestas, el germen de un movimiento ciudadano hoy claramente consolidado.

La convocatoria tuvo tanta fuerza que volvió a hacerse un llamamiento para el siguiente domingo, 21 de mayo, de nuevo en la Puerta del Sol; pero en esta ocasión no se iba a permitir la misma fiesta que el 14: los manifestantes, cuando intentaron salir de la Puerta del Sol, se encontraron con la oposición de un fuerte cordón policial. A pesar de ello, un grupo decidió concentrarse más tarde en Banco de España para seguir con las protestas; la policía reaccionó con fuertes cargas policiales y con la detención de 9 manifestantes. Esto volvió a suceder en una tercera sentada, convocada también al domingo siguiente. En total, 18 personas fueron detenidas en la segunda y tercera sentadas.

Empezábamos a ser conscientes de que este movimiento tenía un gran potencial y por eso querían cercenarlo antes de que tomara más fuerza y se convirtiera en un peligro para el poderoso sector de la construcción. Era necesario dar un paso más y constituirse en algún tipo de entidad organizada. Por supuesto que había otros grupos y asociaciones que llevaban reivindicando un cambio en la política de vivienda mucho antes que nosotros. Pero no se trataba de crear una plataforma más, sino de una asamblea ciudadana que fuera a la vez un punto de encuentro de las diversas sensibilidades concernidas por este problema, y en la que todo el mundo pudiera participar. Se lanzó una propuesta anónima por internet para intentar reunir al mayor número posible de personas. Finalmente, el 27 de mayo tuvo lugar la primera reunión de la asamblea, a la que asistimos 80 personas. Desde el primer momento, se estableció que las prioridades básicas de la Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna serían el apoyo a los 18 detenidos en las sentadas de mayo y la organización de actos de protesta y manifestaciones que mantuvieran y potenciaran el movimiento que acababa de nacer. Se pasa así de las sentadas espontáneas, no organizadas por nadie, salvo por el impulso ciudadano, del que surgió la asamblea y del que la asamblea es sólo una parte, al establecimiento de un calendario de movilizaciones, cuya primera cita fue la manifestación del 2 de julio de 2006, a la que asistieron unas 6.000 personas. Desde entonces, la capacidad de movilización de la asamblea no ha dejado de crecer. El 28 de octubre tuvo lugar la segunda manifestación, que reunió a unas 15.000 personas. La tercera y última vez que hemos salido a la calle ha sido el pasado 24 de marzo de 2007. Esta vez fueron unos 20.000 los manifestantes. Todo esto organizado por un grueso de unas 40 personas, que constituyen el “núcleo duro” de la asamblea.

La Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna se caracteriza por ser horizontal, abierta y democrática. No hay jerarquías ni cargos, cada uno de los participantes tiene la misma importancia y las decisiones se intentan tomar por consenso para recurrir lo menos posible a las votaciones. En ella participan colectivos muy diversos, que muestran las múltiples aristas del problema de la vivienda en España. Es cierto que el peso de los estudiantes es muy fuerte, pero también hay periodistas, abogados, ingenieros, biólogos, inmigrantes y activistas que participan en otros movimientos y en diversas instituciones sociales. La organización del trabajo es por comisiones especializadas en diversas áreas y con capacidad de decisión técnica. Las decisiones políticas sólo se toman en el pleno de la asamblea. El objetivo es que nadie se sienta excluido, que en nuestras acciones y propuestas nos sintamos todos reconocidos. Esta filosofía supone en su plasmación grandes dificultades y a menudo tensas discusiones entre las diversas sensibilidades, pero a la vez genera un debate de inmensa riqueza intelectual, debido al intercambio de ideas que produce este encuentro entre ideologías sumamente diversas, aunque unidas en lo esencial: la defensa de los derechos sociales.

Paralelamente a la formación de la Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna en Madrid, se formaron otras asambleas populares, de funcionamiento más o menos similar y plenamente autónomas, en el resto de España. Además de la nuestra, la más fuerte es la Asamblea Popular por una Vivienda Digna de Barcelona; pero ya hay 12 asambleas populares dentro de VdeVivienda, que es la marca que integra a todas las asambleas y bajo la que se realizan acciones coordinadas. Otro paso que se está dando es la creación de asambleas locales en los barrios y municipios de Madrid y Barcelona; por supuesto, también son completamente independientes de las llamadas “asambleas metropolitanas”. En Madrid hay asambleas en Lavapiés, Carabanchel, Leganés y Collado Villalba, pero es seguro que van a crearse muchas más. De este modo se extiende el movimiento y se evita que la única posibilidad de intervenir en él sea teniendo que desplazarse a la ciudad. Se trata de fomentar la participación, y para ello la única manera es acercar el movimiento a la gente y, a la vez, darle completa libertad orgánica para que no se sienta bajo el aparato de ninguna jerarquía.

Cómo abordar la problemática de la vivienda

El problema de la vivienda no es generacional, sino estructural: no sólo los jóvenes tienen dificultades para acceder a una vivienda digna, esto concierne a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Estudiantes universitarios que viven lejos de sus casas, licenciados mileuristas o ni siquiera mileuristas, que no pueden afrontar el esfuerzo económico que supone la independencia, hipotecados agobiados cada vez más por las constantes subidas de los tipos de interés, inmigrantes hacinados en los llamados pisos pateras, personas mayores que sufren mobbing inmobiliario porque los propietarios los quieren echar para especular con las casas… Estamos ante uno de los problemas más difíciles de afrontar por sus múltiples caras y que simboliza tal vez mejor que ningún otro las disfunciones causadas por este sistema socioeconómico del “capitalismo popular del ladrillo”.

En Madrid, los datos son escandalosos. Está entre las 25 ciudades más ricas del mundo, según la consultora Pricewaterhouse Coopers, y es la novena capital europea en inversión inmobiliaria, con 3.012 millones de euros en 2006. Pero esta bonanza económica no impide que la edad de emancipación de los jóvenes madrileños esté en 35 años, la más alta de España. Para ello deben destinar el 80% de su sueldo, según el Observatorio de la Vivienda. Y todo lo anterior no se debe a que la vivienda sea un bien escaso; todo lo contrario, hay de sobra. Según el INE, hay 3 millones de viviendas vacías (que no es lo mismo que segundas residencias) en España, 300.000 en la Comunidad de Madrid, 180.000 de ellas en la capital. En este aspecto, el artículo 47 de la Constitución Española señala que “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (a la vivienda), regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Es decir, se obliga a las administraciones a intervenir para evitar la especulación inmobiliaria. Pero tres millones de viviendas vacías significan un fracaso en este cometido. Si las viviendas están vacías, en la mayoría de los casos es porque sus propietarios no las tienen para vivir, sino para mercadear. Desgraciadamente, el intervencionismo más claro de las administraciones en este terreno ha ido en dirección contraria, para promover la especulación inmobiliaria, como ejemplifica el rosario de casos de corrupción política y urbanística que ha saltado a la palestra mediática en el último año.

Consideramos que es necesario dar un uso social a esas viviendas vacías. Pensamos que allí donde haya viviendas vacías y se detecte entre la población una necesidad no cubierta de acceder a una vivienda, es necesario gravar esas viviendas vacías fuertemente, como bienes de lujo. El dinero obtenido de esos impuestos se destinaría a la rehabilitación y a la construcción de viviendas de alquiler social. Si el propietario de la vivienda vacía no quiere pagar este fuerte impuesto, se le debe dar la opción de incluir su vivienda en una bolsa de alquiler social, por la cual el arrendatario pagaría un precio que garantizase el mantenimiento del edificio, no un precio de lucro económico para el arrendador. No se trata de sacar la vivienda vacía al mercado, porque si el mercado contempla unos precios tan desorbitados como los actuales la medida no puede ser efectiva de ninguna manera.Siempre hablamos de alquiler social, porque entendemos el derecho a la vivienda digna como derecho al alojamiento, no como derecho a la propiedad de una vivienda. Entendemos que es necesaria la existencia de la propiedad privada y del mercado libre de la vivienda. Por tanto, si alguien quiere una vivienda en propiedad, es allí adonde debe acudir. La labor del Estado no es crear propietarios, sino garantizar este derecho al alojamiento, al igual que hace con otros derechos constitucionales, como el derecho a la educación o la sanidad.

En cuanto al valor del suelo, la asamblea entiende que es un bien social y tiene que ser protegido, estableciéndose una moratoria para la construcción. Es preferible la rehabilitación de viviendas a la construcción, que sólo se deberá acometer allí donde realmente sea necesaria. En este caso, el suelo urbano que se genere se desligará del valor de mercado, que incorpora expectativas inmobiliarias, pudiendo así ser expropiado a un precio sólo de aprovechamiento agropecuario o similar.

La construcción de este parque público de viviendas sociales en alquiler debe cubrir las necesidades reales de alojamiento de los ciudadanos. La edificación será a través de una constructora pública para romper la precariedad laboral en el sector y eliminar los beneficios de las constructoras privadas a costa de las viviendas sociales. Todo el gasto público en vivienda tendría que destinarse a promover este parque de viviendas en alquiler, eliminando la política actual de subvencionar la compra y el alquiler mediante ayudas fiscales.

Por último, la asamblea no sólo está preocupada por la generación de vivienda social, sino también por el modelo de ciudad en el que éstas se ubican. Es necesario promover un nuevo tipo de urbanismo en el que los vecinos sean los protagonistas y los que decidan cómo será el lugar en el que van a vivir. Los barrios deben ser centros vitales, con comercios integrados y centros sociales donde se fomente la participación en la cultura popular y la reflexión crítica. Y por supuesto, este nuevo urbanismo tiene que establecer como una de sus prioridades el respeto al medio ambiente, apostando por el uso de las energías renovables en áreas como el transporte público y el consumo energético de las viviendas. Si la ciudad es donde debemos vivir, es necesario apostar por la auténtica calidad de vida.

A estas propuestas de la asamblea se ha unido últimamente un nuevo eje de trabajo sobre la precariedad laboral. Se realizaron unas jornadas de debate sobre este problema los días 2 y 3 de marzo. Pensamos que la precariedad laboral y la dificultad de acceder a una vivienda son caras de la misma moneda, y expresan por igual la inmoralidad de este sistema socioeconómico neoliberal, que trata a las personas como activos financieros, en lugar de como fines en sí mismas. Nosotros no reivindicamos un cambio de sistema, pero pedimos una auténtica democracia, que sólo puede ser aquella en la que los gobernantes atienden los verdaderos problemas de los gobernados. Es hora de que la clase política reflexione y sea consciente de que su actual cuestionamiento se debe a que es vista por los ciudadanos como una casta burócrata y endogámica con sus propios intereses, los cuales excluyen a los que están fuera del juego; pero también es la hora para la reflexión de los propios ciudadanos, porque la democracia es en definitiva un ejercicio de expresión de la soberanía de todos nosotros, y no sólo de los políticos, y por tanto deben ser los ciudadanos los que tomen el protagonismo y se sitúen en la vanguardia de la lucha. No ha habido ni un sólo avance en el campo de los derechos sociales que no se haya iniciado en la base de la sociedad. Por eso, cuando alguien ajeno a la asamblea me pregunta si creo que lo que estoy haciendo valdrá para algo, siempre contesto lo mismo: “eso depende de ti”.