La crisis también llega a los conventos

B. Manrique/ larazon
Madrid

La crisis económica ha llegado al convento de Santa Cruz de Córdoba. Las 17 hermanas clarisas que lo habitan, en su mayoría jóvenes de distintos puntos del planeta, desde México o Colombia hasta la India, llevan meses intentando conseguir dinero para poder hacer frente a diversas hipotecas y así evitar que tengan que abandonar el edificio, que pasaría a manos de la Junta de Andalucía.

La actual abadesa, sor Clara Moya, llegó a este convento en 1981 y se encontró con que «la iglesia era una habitación oscura sin bancos y las losas de los claustros estaban partidas», por lo que las nueve hermanas que por entonces habitaban el monasterio, decidieron iniciar la restauración parcial del edificio para lo que tuvieron que pedir un préstamo bancario. Posteriormente, el Estado declaró el convento edificio histórico-monumental, lo que supuso una inyección económica que sólo sirvió para arreglar lo más urgente.

Con el propósito de conseguir más ingresos, las religiosas crearon en 2004 una lavandería para lo que tuvieron que ampliar la hipoteca. Sin embargo, desde junio del año pasado, el negocio ha dejado de aportarles el dinero necesario para pagar la hipoteca y hacer frente a los altos costes de conservación del convento. «Hemos pasado de lavar 1.500 kilos de ropa diaria a 150 el día que más», explica la abadesa a LA RAZÓN. En consecuencia, «hasta octubre, cuando la demanda de la lavandería suba, no volveremos a ver dinero» asegura sor Clara, que confiesa que si tienen para comer es gracias al banco de alimentos y a la ayuda de algunos benefactores, los cuales cada vez son menos por las consecuencias de la crisis, que «nos ha pillado a todos sin avisar», afirma. Su último intento desesperado por obtener ingresos ha sido la puesta en marcha desde hace unos meses de un obrador de dulces, pero con escaso éxito.

Ahora, vencidos todos los plazos, Cajasur, la entidad con la que tiene contraídos los préstamos, reclama al convento que pague las deudas en un plazo de 10 días, algo a lo que ni la comunidad de religiosas ni el Obispado pueden hacer frente. «Estamos esperando una decisión de Roma. Dios y yo tenemos que ganar», asegura la abadesa decidida a no abandonar el edificio que las monjas de la orden han habitado desde 1450.