Denuncias por vivienda

Contra la vivienda indigna. V de Vivienda. Todos juntos podemos.

jueves, mayo 14, 2009

Polémica desgravación fiscal

EXPANSIÓN

La decisión de Zapatero de suprimir la desgravación por compra de vivienda para rentas superiores a 24.000 euros ha levantado gran polvareda política. Es un varapalo fiscal que Rajoy definió en el Congreso como “la puntilla para la clase media”.

En la práctica es una subida de impuestos en toda regla, incompatible con el escenario recesivo. La intencionalidad de Zapatero está clara: estimular artificialmente la demanda de vivienda empujando a muchos españoles a tomar ya la decisión de compra antes de perder las ayudas, que desaparecerán en diecinueve meses.

Se trata de un balón de oxígeno para los promotores –también para las entidades financieras acreedoras–, que pueden encontrar aquí una cura de adelgazamiento para el colosal stock de pisos, cifrado en un millón. Desde esta óptica, la medida es censurable.

El presidente pretende interrumpir el necesario proceso de ajuste en los precios a las nuevas condiciones del mercado, que es en definitiva lo que debe determinar el valor de un producto en función de la escasez o la sobreoferta.

Es un sarcasmo que, más allá de las evidentes restricciones crediticias, exista un problema de acceso a la vivienda cuando la demanda escasea y la oferta es abundante. ¿Se producirían más transacciones si los precios bajaran drásticamente? Previsiblemente sí.

Ahora bien, suprimir ahora la desgravación responde a un objetivo coyuntural, pese a que Zapatero lo justifica demagógicamente como un paso en el necesario cambio de modelo de crecimiento, aunque nada tenga que ver con ello. Habrá que ver si llegado el momento decide realmente asumir el coste de impopularidad de eliminarla. No sería la primera vez que rectifica.

La supresión de dicha desgravación sería acertada en el fondo, aunque Zapatero ha elegido el momento equivocado. Debió hacerse antes. La deducción por vivienda constituye un elemento distorsionador del mercado con el que ya quiso acabar Borrell en 1995. Desde entonces, a todos los gobiernos se les ha pasado por la cabeza. Lo intentó Rato y Solbes lo planteó en la primera legislatura de Zapatero. Todos desistieron por temor al coste electoral de suprimir una dádiva fiscal muy arraigada en la cultura española.

La OCDE, el FMI y el Banco de España han advertido de los efectos contraproducentes de una desgravación que tensiona los precios y que, a la postre, supone un trasvase de recursos del Estado a los constructores, que aprovechan para repercutir en los precios los beneficios fiscales de los compradores.

Los expertos estiman que la deducción por adquisición de vivienda habitual provoca un encarecimiento medio del 8%. Si el Gobierno aspira a facilitar el acceso a la vivienda, debe empezar por liberalizar el suelo y, sobre todo, estimular la exigua oferta en alquiler por la inseguridad jurídica que sufren los propietarios. Así descenderían los precios.

En todo caso, llegado el momento de suprimir la deducción por vivienda, el Gobierno debería rebajar el IRPF como mínimo en la misma proporción que el ahorro que obtendría con dicha iniciativa. De lo contrario, quedaría en evidencia su afán recaudatorio.

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