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miércoles, julio 02, 2008

Más dificultades para el sector inmobiliario

EXPANSIÓN

Acaba de entrar en vigor la nueva Ley de Suelo, redactada la pasada legislatura con criterios muy intervencionistas, y a muchos ayuntamientos les ha faltado tiempo para utilizarla como coartada para tratar de exprimir al máximo la débil capacidad financiera de los promotores inmobiliarios y tratar de paliar así las maltrechas arcas municipales.

La ley permite aumentar las denominadas cesiones obligatorias de aprovechamiento urbanístico desde el 10% actual hasta el 15% –en algunos casos incluso hasta el 20%– , y eso es precisamente a lo que aspiran los ayuntamientos, a que las comunidades autónomas les reconozcan la potestad de exigir a los promotores esos cinco o diez puntos porcentuales adicionales de suelo en los desarrollos urbanísticos.

Se trata en la práctica de un aumento impositivo en toda regla a la transformación del suelo, una actividad que ya soporta importantes cargas urbanísticas y tributarias, y que han desencadenado en gran medida el colosal encarecimiento de la vivienda en los últimos años.

A ello se suma la exigencia de una reserva mínima del 30% de la edificabilidad para vivienda protegida, lo que alimentará una espiral inflacionista en la vivienda libre, en cuanto se revitalice de nuevo el mercado residencial.

Además, las nuevas disposiciones para expropiaciones y los criterios menos favorables para valoración del suelo están agudizando las dificultades del sector para vender sus carteras de suelo residencial en un momento de severa crisis en el mercado inmobiliario y en el que muchas compañías precisan de liquidez para afrontar su elevado endeudamiento. Estas circunstancias ilustran nítidamente la miopía intervencionista del Ministerio de la Vivienda y su torpeza al elaborar esta inoportuna Ley de Suelo.

En este contexto se enmarcan las sospechas de la CNMV sobre la fiabilidad de la valoración de activos de las inmobiliarias, en este caso de las cotizadas, por lo que tiene todo el sentido que el órgano encargado de velar por el buen funcionamiento y la transparencia del mercado extreme su celo para evitar distorsiones que en última instancia perjudicarían al inversor.

Pero eso no exime al Gobierno de su irresponsabilidad al elaborar una ley cuasisoviética, cuyo contenido ha generado desconfianza entre los inversores y las entidades financieras.

En todo caso, si bien es cierto que precisan un marco de estabilidad y suficiencia financiera, los ayuntamientos deben olvidarse de los tiempos en que se habían acostumbrado al maná de ingresos ilimitados proporcionados por el auge urbanístico, y asumir que de igual manera que la crisis está obligando a todos –empresas, familias...– a apretarse el cinturón, en su caso les corresponde aplicar una política presupuestaria austera, evitando la tentación fácil, pero nada recomendable, de cargar la mano sobre los contribuyentes.

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