Sociedad Pública del Despilfarro

LIBERTAD DIGITAL

Hay que introducir criterios de productividad en la elaboración de los planes presupuestarios (...) En este sentido, se puede y se debe revisar los contratos públicos, y cancelar los que no alcancen los objetivos fijados.

Aunque nadie lo crea a la vista de lo que ha hecho en sus años de gobierno, así de liberal se nos mostraba el 10 de febrero de 2004 el por entonces candidato a la presidencia, José Luis Rodríguez Zapatero, quien, entre críticas a "la burocracia y el intervencionismo económico", presentaba su programa económico ante el Colegio de Economistas de Madrid.

Aunque Zapatero olvidara pronto estas lecciones y recomendaciones que los expertos le habían dado para la ocasión, merece la pena recordar sus palabras de entonces para analizar ese monumento a la burocracia, al intervencionismo económico y a la ineficiencia que supone el Ministerio de Vivienda, en general, y la Sociedad Pública del Alquiler, muy en particular.

A punto de cumplirse tres años desde su creación, la Sociedad Pública del Alquiler tan sólo ha logrado alquilar 7.000 viviendas, lo que supone que cada uno de los más de 3000 agentes con lo que cuenta esta sociedad en toda España ha alquilado 2,3 viviendas en 2 años y ocho meses. En lugar de extraer las consecuencias lógicas de semejante despilfarro e improductividad, que ya acumula un déficit de más de 7 millones de euros, la ministra Corredor se niega a que la SPA haga balance de resultados hasta 2010.

Bien está que desde el PP se reivindiquen las desgravaciones fiscales, pero si de verdad se quiere incentivar y abaratar el mercado del alquiler lo que debe hacer el Gobierno es liberalizar los contratos y, sobre todo, dotarlos de seguridad jurídica, de tal forma que el propietario tenga certeza de que si el inquilino no cumple los términos libremente acordados podrá rescindir inmediatamente el contrato y disponer del inmueble a la mayor brevedad posible.

La razón por la que muchos propietarios no ponen en alquiler sus viviendas desocupadas –o lo hacen a precios muy altos– es que no quieren verse atrapados por inquilinos indeseables, ante los que sólo cabe recurrir a largos, inciertos y costosos litigios. Las barreras de salida actúan así como barreras de entrada, y su supresión tiene más que ver con la justicia y con la agilidad en los procesos de desahucio que con ineficientes y despilfarradores ministerios de Vivienda o sociedades públicas de alquiler, que sólo sirven para distorsionar los precios a costa del contribuyente.