La Cañada Real llega al Congreso

Agencias/ Laura L. Álvarez/ larazon

El Grupo Parlamentario del PP presenta una Proposición No de Ley sobre el poblado
Solicita al Gobierno regional que inste a los ayuntamientos competentes a que actúen

El problema de la Cañada Real Galiana podría tener solución si los ayuntamientos competentes actuaran. Al menos eso es lo que sostiene el Grupo Parlamentario Popular que ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) por la que se solicita al Gobierno regional que pida a los ayuntamientos competentes que ejerzan «las funciones de disciplina urbanística que les correspondan evitando asentamientos ilegales y lleven a cabo el desalojo de los que procedan».

La Cañada Real Galiana es una vía pecuaria, un camino de trashumancia que une los lugares tradicionales de pastoreo en España. Y como vía pecuaria, tiene su propia normativa que, entre otras cosas, prohíbe los asentamientos en dicha vía.

Actualmente, unas 40.000 personas viven en la Cañada Galiana, una población que, poco a poco, ha ido construyendo sus viviendas (desde chabolas a chalets de lujo) a lo largo de 15 kilómetros de esta vía. Y esos 15 kilómetros, atraviesan varias poblaciones desde Getafe hasta Rivas-Vaciamadrid pasando por Madrid. Son los consistorios de estos los municipios los que tienen la función de ejercer disciplina urbanística y llevar a cabo el desalojo de toda esta gente, una población similar en número a la de San Fernando de Henares.

La iniciativa popular también pide que se continúe con el desarrollo de medidas que permitan «la custodia y conservación» de la Cañada Real a través de las labores de vigilancia y custodia que ejercen los agentes forestales de la Comunidad de Madrid desde el pasado 7 de noviembre. Ellos son los que tienen la competencia de vigilancia, mantenimiento y denuncia en las vías pecuarias madrileñas.

El escrito registrado por el PP también solicita al Gobierno central que adopte un plan de seguridad y mantenimiento del orden público en la Cañada. Los agentes forestales, ya denunciaron cuando empezaron a patrullar la zona, que el problema de la Cañada «había dejado de ser un problema medioambiental para convertirse en uno de orden público» y que era necesaria la presencia policial (que debe ser autorizada por la Delegación de Gobierno) porque «más de una vez al ir a extinguir un incendio nos han apedreado», afirmaba uno de ellos.

La PNL apunta que la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid atribuye la vigilancia e inspección en materia de vías pecuarias «a cuantos ejercen funciones de vigilancia rural o urbana y en especial, los agentes forestales y los agentes ambientales de la Comunidad de Madrid». Por tanto los agentes forestales y la Policía «son competentes» para las funciones que se precisan en relación con la Cañada Real».

El pasado 18 de octubre se produjo una brutal batalla campal entre policías y los vecinos de la Cañada cuando se prodecedió al derribo de varias viviendas ilegales en esta zona en la que cerca de una treintena de personal resultaron heridas. El Ayuntamiento tenia autos de todos los derribos que llevó a cabo por lo que eran «totalmente legales».