Los partidos y el Estado autonómico

Antonio Papell/ canarias7

Maurice Duverger, en su celebérrima "Sociología Política", fue el divulgador que nos enseñó a la mayoría de los actores y espectadores de la Transición las características y el funcionamiento del sistema de partidos. Por él sabemos que éste depende, esencialmente, del sistema electoral que se implante: los sistemas electorales mayoritarios a una o dos vueltas dan lugar a modelos bipartidistas; por el contrario, los sistemas proporcionales, a los pluripartidistas.

Aquí optamos, después de algunos debates (Fraga por ejemplo era partidario del sistema electoral mayoritario, parecido al británico), por la proporcionalidad corregida, que ha dado lugar a un régimen intermedio, a mitad de camino entre aquellos modelos puros. Tenemos en efecto dos grandes partidos estatales que representan el centro-derecha y el centro-izquierda-; una pequeña formación de izquierdas, residual, que todavía mantiene viva la llama del histórico comunismo (la única oposición real al franquismo durante la dictadura) y un enjambre de formaciones nacionalistas en la periferia, varias de ellas relevantes en sus respectivos ámbitos de implantación. El experimento centrista que fundó Suárez después de hundirse la UCD terminó también fracasando.

Nuestra Constitución, que había de interiorizar el 'problema territorial' y de ofrecer una fórmula de solución en línea con la insinuada por la Segunda República, entronizó el original Estado de las Autonomías, cuya plasmación dio lugar a las 17 comunidades autónomas actuales, inicialmente clasificadas en 'nacionalidades' y regiones, división que se ha ido amortiguando con el tiempo. Lógicamente, los grandes partidos estatales se han organizado internamente de acuerdo con esta estructura territorial. El PSOE, adaptando a ella su modelo federal; el PP, haciendo lo propio sin utilizar esta terminología.

La evolución espontánea de los acontecimientos a partir de la realidad histórica preexistente en el arranque de la Transición ha dado lugar a algunas peculiaridades. Así, el PSOE asimiló al PSC, formado en 1978 y que a su vez era fruto de la síntesis de los varios socialismos preconstitucionales de Cataluña, y le otorgó una gran autonomía. Simétricamente, el PP llegó en 1990 a un acuerdo con la Unión del Pueblo Navarro con la que consiguió concentrar todo el centro-derecha en una sola formación. Pero, al menos hasta ahora, PP y PSOE han mantenido clara su definición estatal, que es necesaria para que ambos cumplan la función principal que han de desempeñar: la de vertebrar el Estado mediante la alternancia entre ambos al frente del Gobierno de la nación.

Por eso mismo resultan inquietantes algunos signos que podrían indicar una ruptura de tales criterios. Durante la reforma estatutaria catalana, el PSC, con Maragall al frente, ha vuelto a solicitar en tono preocupante más autonomía y el regreso a un grupo parlamentario propio en el Congreso. Ahora, un sector del PSN ha protestado airadamente por la 'injerencia' de la dirección federal del PSOE al imponer sus criterios en materia de pactos (como se sabe, ha impedido el pacto con Nafarroa Bai). Y la Unión del Pueblo Navarro, favorecida por la abstención del PSN, ha sugerido la conveniencia de formar un grupo parlamentario propio, independiente del popular

Nada hay que objetar a la descentralización administrativa y funcional de los grandes partidos, pero conviene dejar sentado -para que nadie se llame a engaño- que PP y PSOE son y deben seguir siendo organizaciones compactas y homogéneas que tienen un papel decisivo en la preservación del espíritu constitucional, en el afianzamiento del régimen, en la anulación de las tensiones centrífugas y en la estabilización del Estado, que ha de ser la sede de determinados principios vitales como la igualdad y la solidaridad, y de otros subsidiarios pero igualmente valiosos, como la unidad de mercado.

Es pues pertinente pronunciarse con cierta claridad ante los intentos, no necesariamente maliciosos, de desvirtuar este papel de las dos formaciones principales sobre las que se asienta el régimen político. Y resultaría asimismo muy tranquilizador que PP y PSOE tuvieran la complicidad suficiente para que las minorías no puedan introducirse entre ellos a manera de cuñas. En este sentido, los dos partidos principales tendrían que recuperar los consensos básicos y que asumir conjuntamente la defensa de la Constitución, incluyendo claro está los designios de la progresiva transformación de la Carta Magna, que debe adaptarse al paso del tiempo.

En suma, no estaría de más que PP y PSOE aprendieran a combinar la rivalidad que han de profesarse y que está en la esencia del pluralismo con cierta grandeza en la defensa conjunta del régimen. Así desistirían con más facilidad de su propósito quienes legítimamente aspiran a transformaciones que no caben en la almendra constitucional.