El Ayuntamiento de Madrid apela a la ministra de Vivienda para cerrar las «camas calientes»

Sara Medialdea/ abc
Madrid

«Camas calientes» -que se alquilan por turnos en un mismo día-, minipisos construidos sobre sótanos, locales «habilitados» como residencia, viviendas donde se hacinan hasta 35 personas... Según datos oficiales, uno de cada cinco inmigrantes vive en menos de 10 metros cuadrados, El Ayuntamiento de Madrid ha apelado al Ministerio de Vivienda para conseguir la cobertura competencial suficiente. El departamento que dirige Carme Chacón ha mostrado su predisposición a colaborar. Una próxima reunión servirá para atar cabos.

En apenas cinco meses del año 2005, entre abril y agosto, tres incendios en vetustas viviendas o pensiones insalubres donde se hacinaban decenas de familias causaron la muerte de 48 personas en París, todas ellas inmigrantes. La dura realidad puso sobre aviso a las autoridades madrileñas de las pésimas condiciones en que en muchas ocasiones habita esta población extranjera.

Un 20 por ciento, hacinados

El fenómeno también se da en Madrid; no en vano, aquí se concentran el 20 por ciento del total de inmigrantes de España. Según datos aportados recientemente por la Secretaría de Estado de Inmigración, un 47 por ciento de los inmigrantes procedentes de América Latina, África y Asia viven en régimen de subarriendo -han realquilado una o varias habitaciones de una casa-. Y un 19 por ciento viven hacinados en menos de 10 metros cuadrados.

Los casos de «camas calientes» -alquiladas por varias personas que las utilizan alternativamente, por turnos- rondan al menos los 12.000 -según un estudio que se basa en el censo de 2001 y en una encuesta a 900 inmigrantes realizada en Madrid, Barcelona y Valencia.

Todas estas situaciones indeseables han sido estudiadas por el grupo de trabajo que, en el Ayuntamiento de Madrid, se encarga de elaborar una nueva Ordenanza de Vivienda. Pero en su cometido se encuentran con un obstáculo: «Las competencias para intervenir en estos casos no son del Ayuntamiento», explica la concejal de Urbanismo y máxima responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda, Pilar Martínez.

Apoyo estatal

La política local se decidió a tomar la iniciativa: ha enviado una carta a la nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, y otra a la delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre.

En ella, plantea el problema competencial con que se encuentra, y apunta algunas soluciones, que podrían arbitrarse a través de la llamada cédula de habitabilidad -ahora, licencia de primera ocupación-, estableciendo algún tipo de «aforo» máximo por vivienda en función de su tamaño. «Es algo -explicó- que tiene que ver no sólo con la seguridad de la vivienda, sino también con la segregación espacial, y hasta con los servicios públicos que se presten».

Control de «aforo»

Según explica la concejal, el Ayuntamiento «no puede entrar en una vivienda para comprobar cuántos viven allí, pero habría que encontrar la manera de controlar que no haya más de un número determinado de personas por piso».

La misiva fue enviada con fecha de entrada en el registro del Ministerio de la Vivienda de 16 de julio. En ella, Pilar Martínez transmite «la preocupación del Ayuntamiento por el exceso de ocupación e incluso hacinamiento apreciado en determinadas viviendas y zonas de la capital», que en ocasiones «repercuten negativamente en la integración social de sus habitantes».

Evitar consecuencias

Le recuerda que en el Ayuntamiento, «como administración más próxima al ciudadano, tenemos un conocimiento directo de ese fenómeno», y de ahí los estudios realizados para «evitar las «camas calientes» y sus consecuencias».

Pero los análisis jurídicos realizados determinan que existe «un límite competencial», y es este: la Ley reguladora de Bases de Régimen Local reconoce las competencias de los municipios en materias como protección civil, prevención y extinción de incendios, e incluso de ejecución y disciplina urbanística. Pero existe un aspecto fundamental, «la adecuación de superficie y residentes», que únicamente se toca en la normativa sobre vivienda protegida y «sólo desde el punto de vista de la adjudicación».

Al igual que los usos industrial y terciario tienen regulado el número de personas por espacio destinado al trabajo, «en el uso residencial sólo se regula a nivel edificatorio y de planeamiento, sin tener un seguimiento que permita garantizar un correcto uso». Por ese carácter privado de la vivienda, resulta «muy delicado penetrar o regular aspectos» que inciden en derechos como la inviolabilidad del domicilio.

Insiste, no obstante, en la necesidad de que las administraciones vigilen «el adecuado uso» de las viviendas, y no sólo la construcción de pisos a precios asequibles.

Es más, indica Martínez, «no puede hablarse de vivienda digna cuando se producen graves problemas», como el hacinamiento. Pero el Ayuntamiento sólo puede actuar ante un incidente puntual, y no es competente para hacer un «tratamiento preventivo» y «controlar la densidad de la población residente». Para ello precisa «amparo legal del Estado».

Predisposición ministerial

Desde el Ministerio de Vivienda, portavoces oficiales aseguraron a ABC que ya ha habido, a finales de julio, un primer contacto telefónico como respuesta a la misiva municipal. En él, «se mostró la predisposición de Vivienda por colaborar en resolver este problema».

La voluntad de entendimiento se concretará en una próxima reunión. En ella, además de las cuestiones que el Ayuntamiento plantea, el Ministerio de la Vivienda quiere tratar asuntos como la mejora de la colaboración en rehabilitación, la potenciación del alquiler para jóvenes, y el compromiso del cumplimiento de la Ley de Suelo, en lo relativo a la reserva de un mínimo del 30% para vivienda protegida.