El Ayuntamiento acusa a Aguirre de "hacer trampas" en la ley de La Cañada Real Galiana

Daniel Borasteros/ elpais
Madrid

Madrid, Rivas y Coslada, los tres municipios a los que afecta mayoritariamente la proyectada ley regional para desafectar La Cañada Real, están indignados con Esperanza Aguirre. El asunto -lo que denuncian- es que llegaron a un consenso el pasado 7 de julio y suscribieron todos un texto. Un día antes de comenzar las vacaciones, el 31 de julio, se encontraron con que la Comunidad había modificado unilateralmente uno de esos puntos. El tercero, concretamente. El que habla ahora de que en un plazo de dos años se puede vender el suelo de la vía sin un acuerdo social previo. "Es una trampa, antes no había tal plazo", advierten desde el Ayuntamiento de Madrid. "Han metido esa modificación para poder sacar a la venta el suelo cuando el plazo concluya, que es lo que querían desde el principio". Ayer elevaron su desacuerdo al Consejo Económico y Social (CES).

Ana Isabel Mariño, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, replicó asegurando que el borrador incluía plazos y que no ha cambiado nada con respecto al texto consensuado. "Si Martínez y el alcalde de Rivas no han reparado en ello, nosotros no somos responsables".

Todos los ediles afectados, en privado y en público advirtieron de su "gran enfado". De hecho, ya el acuerdo original había sido muy discutido por ciudades como Madrid. "Puede parecer un asunto inocuo, pero agrava el problema de la ocupación ilegal y puede asentar en la zona actividades como la venta de drogas o la de armas", agregó Pilar Martínez, responsable del urbanismo en Madrid.

Los tres municipios coinciden en señalar que ese punto de la ley permitirá que los clanes de la droga participen en las disputas por la venta del suelo y, a través de personas interpuestas, legalicen su situación en la zona. En La Cañada se estima que viven cerca de 30.000 personas a lo largo de 15 kilómetros.

"Cualquiera que compre suelo en La Cañada debe saber que su calificación urbanística va a ser decidida por los ayuntamientos y que nosotros vamos a declararlo todo como zona verde. O sea, que si alguien compra suelo nunca podrá construir", fue la advertencia del edil ripense.

Los sindicatos, a través de sus representantes en el CES, mostraron su "sorpresa" por la ruptura del acuerdo alcanzado el pasado 7 de julio y expresaron su deseo de que se llegue, de nuevo, a "un acuerdo que satisfaga a todos".