Opiniones bajo sospecha

DENUNCIAS POR VIVIENDA

Para la buena formación de una ciudadanía crítica es necesario avalar la libertad de expresión, lo que ampara a la mayor parte de las opiniones que se emiten en un régimen democrático como el nuestro. La opinión casi nunca debe ser respetada -se puede disentir desde lo nimio a lo obvio, desde lo mínimo a la mayor-, pero siempre ha de respertarse a las personas que emiten sus opiniones, por muy equivocadas que puedan estar. Ayer propagó la prensa la noticia de que un locutor de radio muy popular ha sido condenado por injuriar a otro ciudadano, un periodista de otro medio, un director de periódico; considera la juez que el locutor denunciado, con sus insultos personales, menoscabó el honor del periodista denunciante. La justicia dirime, por medio de multas, cuando se lesionan intereses por la emisión de opiniones en los medios de comunicación de masas.

Sin embargo, ante un fenómeno tan complejo y tramado de intereses como la creación (y ocultación) de la burbuja inmobiliaria que se ha cocinado en España en los últimos veinte años, las opiniones resultan (o resultaban; ya cualquier tertuliano se ha autoconvencido de que él/ella siempre denunció la especulación urbanística) de alto riesgo. El grupo de jóvenes anónimos que se unió en asamblea para analizar y denunciar el alto precio de la vivienda, se encontró con el muro de silencio oficial: ni Administraciones ni medios de comunicación de masas recogían sus análisis ni sus críticas, pues eran los encomendados, los intermediarios, a la hora de ocultar la ingente estafa piramidal de la burbuja inmobiliaria, bajo la argucia de que en el capitalismo popular del ladrillo la compra de un inmueble es (era) la garantía de los ahorros de toda una vida. Aunque el piso es caro, si se revaloriza un 8 o un 10 anualmente, siempre serás más rico -argumentaba el empleado de banca ante el cabeza de familia, generalmente, poco ducho en educación financiera, hasta convencerle para que estampara su firma en el contrato del crédito hipotecario-. La banca, de hecho, ha sido la principal beneficiada por este subidón de precios sobre un bien básico que, supuestamente, retóricamente, garantiza la Constitución del 78.

A la infamia del ninguneo (por ser unos don nadie... para estos pijoteros; por ser molestos... para quienes llevan las riendas del poder) se había adelantado la criminalización de los movimientos sociales desde los púlpitos públicos y la presión policial, el enjuiciamiento a algunos activistas pro vivienda por el simple hecho de protestar en la calle (que debería ser de todos, pero ya parecen haberlo olvidado) ante una injusticia elemental: la falta de acceso a una vivienda digna en alquiler o comprada y las condiciones deplorables del mercado laboral para millones de personas, jóvenes o no. (El 60% del mercado laboral español no llega a un tope salarial de 1.200€/mes, según un informe de la Ocde. Y casi un tercio de la población activa no supera el umbral de pobreza, según el mismo informe del mismo organismo.)

De postre, tuvimos que merendarnos las opiniones de algunos plumíferos al servicio de intereses electorales (de partido político) o empresariales (de empresa de comunicación). Sin embargo, estos escritores, travestidos ocasionalmente de sicarios de la pluma, voceros de su señor, acólitos de su mini lobi mediático, no tendrán juicio ni amonestación de la alta instancia ni, por tanto, castigo alguno, pues trabajaban codo con codo con el opresor y de cara al mentidero. Lo que no les impedirá después, que es ya mismo, que se les llene la boca de transparencia informativa y las virtudes que otorga cultivar el espíritu. ¡Criaturitas! Profesionales, intachables; ciudadanos, detestables.