Se agudiza la crisis inmobiliaria

EXPANSIÓN

Lo que Zapatero denominó “desaceleración transitoria” fue calificada ayer de “pronunciada desaceleración” por el Banco de España, que considera que la economía registrará entre abril y junio un crecimiento interanual inferior al 2,7%, lo que en términos trimestrales significa muy probablemente que la actividad se ha estancado o, peor aún, que ha experimentado ya una contracción.

Un escenario muy determinado por el abrupto pinchazo de la burbuja inmobiliaria, del que cada día que pasa se conocen datos más reveladores de la gravedad de la crisis. La compraventa de viviendas se redujo un 39% en marzo, en coherencia con el número de casas hipotecadas, que descendió un 40%. Estos datos ilustran la intensidad del deterioro de la actividad residencial, que está acusando el fuerte repliegue de la demanda.

El desplome de la confianza del consumidor es una de las principales causas de esta situación, pero no la única, por lo que los estímulos fiscales o la creación de un tipo de vivienda híbrida entre libre y protegida, como reclaman los promotores para espolear la demanda, independientemente de su escasa ortodoxia, serían tanto como pretender apagar un incendio con un sifón.

Fundamentalmente porque existen factores tangibles que trascienden la pérdida de confianza, como la menguante capacidad adquisitiva de los españoles, cada vez con más problemas para estirar el sueldo a fin de mes por la sangría que provoca la escalada del euribor –por encima del 5%– y la presión de la inflación –repuntará al 4,4% en mayo, según Caixa Catalunya–.

Todo indica que lo peor del desplome del sector residencial está por venir, por lo que cuesta creer el ¿interesado? diagnóstico del grupo de inmobiliarias G-14, cuando afirma que los precios de la vivienda ya se han estabilizado, que han tocado fondo, tras el ajuste de los últimos seis meses.

Está claro que la demanda espera una financiación en mejores condiciones, pero también descuenta precios más bajos en el futuro, algo que el sector no parece aceptar aún.

La demanda no se reanimará mientras la ecuación imposible de pérdida de poder adquisitivo, financiación cara y precios excesivos no se vea alterada en alguna de sus variables de forma favorable para el consumidor, y en este momento la opción más verosímil es un sustancial abaratamiento de la vivienda, cuyo coste ha estado inflado en los últimos años muy por encima de la estabilidad entre oferta y demanda, un desequilibrio que el Banco de España ha venido estimando en el 30%, y que recientemente el FMI situó en el 20%.

La negativa de Solbes a sostener artificialmente la actividad inmobiliaria es muy razonable, pero el Gobierno también tiene su responsabilidad para actuar por el lado de la oferta; y puede hacerlo flexibilizando la soviética ley de arrendamientos urbanos y proporcionando a los propietarios la seguridad jurídica frente a los inquilinos de la que ahora carecen, condiciones precisas para incrementar de forma exponencial la oferta de viviendas en alquiler.

La crisis actual ofrece una buena oportunidad para que sea el mercado el que racionalice el mercado inmobiliario, y eso exige también liberalizar el suelo para evitar la indeseada especulación que ha contribuido a generar unos precios de la vivienda insostenibles.