Los inversores inmobiliarios extranjeros huyen de España

Juan Manuel Lamet/ expansion

Los escándalos urbanísticos, los problemas medioambientales, la figura del agente urbanizador y la duplicidad burocrática asustan a los compradores foráneos.

Los ladrillos españoles ya no parecen lingotes de oro. El Ministerio de Vivienda constató, en la presentación de sus últimas estadísticas oficiales, que los extranjeros no residentes en España compraron durante 2007 9.076 viviendas, un 47,3% menos que en 2006 (17.222). Además, el número de inmuebles comprados por inversores foráneos con residencia en España fue de 86.528, un 19,7% menos que las 106.730 adquiridas en 2006, según constata Vivienda. Más allá de la crisis financiera y de los precios, cuatro son las causas principales de que los inversores internacionales rechacen ahora ubicar sus segundas residencias en la costa española, antaño un auténtico manantial para los cazadores de rentabilidad:

• La corrupción. “Existe un cierto temor ante los supuestos de corrupción urbanística que en los últimos tiempos se vienen destapando en los municipios del litoral mediterráneo”, señala Lucio Rivas, técnico urbanista y socio del bufete Urbe Asesores. Ese recelo se basa en que no existen garantías de que la viabilidad de los suelos afectados cuente con todos los parabienes legales, “ya que determinadas reclasificaciones pueden obedecer a criterios de corrupción, que son destapados por los jueces, y no a motivos legales suficientemente claros”, añade.

• Las trabas medioambientales. En este ámbito entraría, por un lado, la volatilidad de muchos informes de impacto ambiental, que retrasan la urbanización en épocas de difícil acceso a la financiación. Su uso, incluso, deja en ocasiones fuertes sospechas de contaminación política. Además, el medioambiental es un ámbito íntimamente ligado con la corrupción urbanística, ya que “existe bastante temor a que determinados suelos, que han obtenido las oportunas autorizaciones administrativas para ser desarrollados, tengan impedimentos urbanísticos por tener la consideración bien de zonas verdes, bien equipamientos o bien no sean en realidad susceptibles de aprovechamiento lucrativo privado”, señala Rivas. Es decir, tal y como ha sucedido en Marbella, por ejemplo.

• El agente urbanizador. “Asusta, y mucho”, opinan desde Urbe Asesores, refiriéndose a la perplejidad que esta figura ha motivado en Reino Unido, ya que supone “la facultad de urbanizar y desarrollar urbanísticamente un ámbito por quien puede no ser propietario”. Esta institución que acuñó por primera vez la Comunidad Valenciana en 1994 “no se entiende bajo ningún concepto en el ámbito anglosajón en particular, y europeo en general, donde la propiedad cuenta con un profundo arraigo y es un derecho inalienable, por lo que es de difícil comprensión que una legislación de carácter sectorial, como la del urbanismo, se atribuya la potestad de proceder a desmantelar la idea de la propiedad romana”, apunta Lucio Rivas.

• La burocracia. “Resulta tremendamente incomprensible la duplicidad y descoordinación de las diferentes administraciones públicas concurrentes en el fenómeno urbanístico, que en muchas ocasiones mantienen criterios divergentes y hasta opuestos”, critica Rivas. “Este solapamiento competencial genera una tremenda inseguridad, ya que, en muchas ocasiones, resulta incomprensible el hecho de que contar con una licencia para edificar otorgada por una administración pública no sea una garantía absoluta”, ahonda Rivas. Puede, incluso, que un Gobierno regional, por ejemplo, reclame autorizaciones complementarias sobre una actuación urbanística local que ya había dado el pistoletazo de salida.