Detrás de las Torres V: V de Vivienda denuncia las cesiones de las administraciones ante las presiones de los especuladores

rojoynegro
Fotos: David Fernández
Madrid

En la mañana de ayer, un grupo de activistas de V de Vivienda ha llevado a cabo una acción de protesta con un fuerte tono satírico cuyo objetivo real era denunciar las cesiones de todas las administraciones públicas ante las presiones de los señores del ladrillo. La asamblea que lucha por el derecho a la vivienda digna ha escenificado su conversión en una promotora después de 2 años de lucha y tras entender que las administraciones hacen más caso a los promotores y constructores que a los ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda.

El primer proyecto de esta nueva y constructiva etapa, las Torres V, ha sido presentado por los dos falsos promotores, Florentino Taguas y Armando Casas, a las 3 administraciones necesarias para llevarlo a cabo (Ministerio de la Vivienda, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid). Las Torres V simbolizan el urbanismo desenfrenado que hace uso de la vivienda protegida no para garantizar el derecho constitucional a la vivienda, que es la verdadera función de esta herramienta pública, sino para sostener al sector privado de la construcción en tiempos de crisis.

Por otro lado, las peticiones realizadas por Taguas y Casas son exactamente las mismas de los verdaderos señores del ladrillo. Lo trágico es que estas exigencias han sido escuchadas con beneplácito por los poderes públicos, que ya están destinando miles de millones de euros procedentes del erario público para salvar a sus amigos. También han puesto a disposición de los constructores el suelo de los ayuntamientos, ese suelo que también pertenece a los ciudadanos y que tanta falta haría para paliar el enorme déficit de infraestructuras sociales públicas que padece este país. Esto no es desgraciadamente una broma; es la cruda realidad.

Taguas y Casas (en la imagen de la derecha, frente al edificio del Ayuntamiento de Madrid) se han dirigido en primer lugar al Ministerio de la Vivienda por su carácter simbólico como coordinador de la política estatal. Nuestros promotores han pedido que se incluya dentro del Plan Nacional de Vivienda su nueva tipología de vivienda social, la Vivienda PUFO (Promoción Útil para Forrarse Oficialmente) que bien puede ser una parodia de la VIPP, figura público privada creada en Castilla la Mancha y apoyada con entusiasmo por la ministra Beatriz Corredor. La vivienda PUFO se financia a través del gasto público pero los beneficios se los llevan los promotores, “que somos los que sostenemos la economía y el empleo precario”, como han señalado los falsos empresarios. Además, Taguas y Casas han pedido a la titular del ramo que les apoye en su pretensión de que el Instituto de Crédito Oficial, entidad dependiente del Ministerio de Economía, abra una línea de avales para financiar la construcción de las Torres V. Esta entidad pública se ha convertido en el patrocinador de los señores del ladrillo. Según el propio ICO, el saldo agregado de VPO que han comunicado las entidades interesadas en este método de financiación supone el 84,5% del saldo total estimado de VPO en el sistema financiero español. Vivienda pagada con fondos públicos para salvar a los especuladores.

Posteriormente, Taguas (no confundir con otro Taguas) y Casas han visitado la sede de la Comunidad de Madrid. Su objetivo era pedir a la presidenta regional, doña Esperanza Aguirre, que suba los módulos de la vivienda protegida para hacer esta nueva vivienda PUFO más rentable. Esto ya ha sucedido en la realidad. Recientemente la Comunidad de Madrid aprobó un incremento del precio de la vivienda protegida que oscila entre el 24% y el 31% dependiendo de la tipología. Además, nuestros 2 promotores estrella también han recalcado que la Vivienda PUFO será seguramente del agrado de Aguirre, no en vano lleva a la vivienda el modelo de concertación de lo público y de lo privado que ya está implantado en la sanidad y en la educación madrileñas.

La última escala de la presentación del proyecto Torres V nos ha llevado al Ayuntamiento de Madrid. Y es que los consistorios son fundamentales en esta operación de salvamento de los señores del ladrillo a través de la recalificación del suelo en el que se acabarán construyendo las viviendas. Nuestros promotores han pedido al consistorio el derribo y la posterior recalificación de la Plaza de la Cibeles, futuro emplazamiento de las Torres V, para criticar realmente la campaña de derribos de viviendas en la Cañada Real Galiana emprendida por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y apoyada por su homónimo en Rivas, José Masa. Recordamos que la Plaza de la Cibeles también es una vía pecuaria (al igual que la Gran Vía y que el Paseo de la Castellana); pero allí no habrá derribos porque esa cañada sí es rentable para el poder.

Al mismo tiempo, Con esta visita al consistorio se ha querido reseñar la entrega del suelo público de los ayuntamientos a los señores del ladrillo. Recientemente, la Federación Estatal de Municipios y Provincias alcanzó un acuerdo con el G 14, el gran lobby ladrillista, para facilitar suelo público destinado a la construcción de 200.000 nuevas viviendas protegidas. Esto a pesar de que el problema de la vivienda no es un problema de falta de viviendas, sino de falta de derechos y de exceso de especulación. España es el país de la UE con más viviendas vacías (más de 3 millones según el último censo de 2001; ahora el número podría rondar los 5 millones) y con uno de los ratios de viviendas por habitantes también más elevados, con 513 viviendas por cada 1.000 habitantes.

En esta nueva etapa de crisis inmobiliaria y financiera, la víctima no es el sector de la construcción, sino nuestros derechos sociales, que van a ser sacrificados para salvar a los señores del ladrillo. Y esto sí que no tiene ninguna gracia.