La quiebra de una gestoría deja en el aire más de 4.800 hipotecas

E. Contreras/ Gaceta de los Negocios

Se imagina que ha realizado todos los trámites para comprar su vivienda y, de pronto, recibe una carta con la notificación de que el dinero entregado a cuenta a la gestoría está bloqueado y, por tanto, sin cerrar los últimos flecos de su préstamo? ¿Y que la Hacienda Pública le reclame un dinero que usted creía pagado por la hipoteca? Situaciones similares a éstas y de otra muy diversa índole son las que enfrentan 4.871 clientes con la declaración de suspensión de pagos de Grupo Euro 56. Una gestoría especializada en la tramitación de préstamos que, al entrar en concurso de acreedores, ha dejado en el aire créditos hipotecarios formalizadas a través de ocho entidades financieras, Deutsche Bank, Citibank y la Caja Rural del Sur, entre ellas.

El problema surge cuando la firma entra en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid el pasado mes de noviembre. La normativa que establece la manera de abordar este tipo de procesos no detalla los pasos a seguir según el tipo de compañía que vaya a la quiebra. Y los administradores concursales, siguiendo el carácter genérico del texto, califican como acreedores de la firma a unos clientes que no habían prestado nada a la compañía sino anticipado un dinero para que les pagase los impuestos de la operación, tasación, registro y honorarios del notario. Dicho importe, conocido en el argot financiero como la “provisión de fondos”, pasa a engrosar la masa patrimonial de la gestoría y sus dueños, los ciudadanos que estaban pendientes de formalizar la hipoteca para cerrar la compra del piso o casa, se suman a la lista de acreedores.

Por tener una idea de los fondos bloqueados, en la hipoteca media de 150.000 euros que cifra el INE, el coste fiscal, tasación, gestoría y registro puede ascender a 3.760 euros y rondar los 15.640 si se trata de una compra-venta. No hay normas rígidas sobre el dinero que se solicita para realizar una provisión de fondos porque depende de múltiples circunstancias como si el titular del préstamo es o no cliente, pero no es extraño que el banco o caja pida 1.000 o 2.000 euros adicionales. Nos encontraríamos, por tanto, ante casi 6.000 o 18.000 euros congelados en hipotecas similares y de media por cada cliente.

El problema que surge es múltiple: por un lado, al bloquearse esos fondos, las familías corren el riesgo de que se aborte su operación; por otro lado, tendrá que esperar al final del proceso concursal para recuperar el dinero anticipado o a que se acuerde separar ese dinero de la masa patrimonial en la junta de acreedores. En el peor de los casos, esta cita podría retardarse un año en celebrarse. Además, corren el riesgo de recuperar sólo una parte de sus fondos si los acreedores negocian una quita por pronto pago.

Un año de espera

La casuística con los clientes es muy amplia pero, en general, las entidades se han solidarizado con ellos que, en muchos casos, desconocían hasta la gestoría que se ocupaba de del préstamo, y les han anticipado fondos si los necesitaban para evitar que pierdan la hipoteca y, con ella, la ocasión de adquirir la vivienda.

Es una “situación injusta”, se quejan las fuentes jurídicas consultadas. Algunos letrados han intentado convencer a los administradores concursales para que separasen los importes de los clientes del resto de la masa patrimonial, sin éxito. Al margen del riesgo de que no se formalice su operación, apuntan además la posibilidad de que el cliente tenga que hacer frente a una sanción por no tributar. Y es que algunos de los clientes afectados ven con sorpresa cómo la Agencia Tributaria les reclama un impuesto pendiente de pago.

La situación de Euro 56 es inédita y al sector financiero le preocupa que se resuelva a favor de los clientes y evitar que siente precedentes.