El asunto de las desgravaciones tributarias

Juan Velarde Fuertes/ abc

Primero lo plantearon dirigentes del PP. Después lo aceptó la nueva dirección de la Federación Socialista Madrileña. Siguió, respecto al impuesto sobre el Patrimonio, el presidente Rodríguez Zapatero. Añádase, como impulso a la baja de impuestos, la observación del buen desarrollo económico de los territorios forales. Por su parte, Gómez Navarro, al frente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, en el documento «La necesidad de mejorar la competitividad» plantea una reducción de impuestos directos y de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, compensándolos con un aumento del IVA. Este retorno de la imposición indirecta, siguiendo el sendero alemán choca con el incremento del IPC. Desde 1999 -puesta en marcha del euro- a 2000, el español aumentó un 34,1% y el alemán, un 12,5%, aparte de que según Julio Alcaide, el 30% más rico de nuestra población recibía en 2003 el 54,88% de la renta total familiar, y en 2005, el 55,70%; en cambio, el 30% más pobre, recibía en 2003, el 12,90%, y en 2005, el 12,28%. El encarecimiento derivado del aumento del IVA, generaría probablemente descontento social. En España fue tradicional el odio a los impuestos sobre el consumo.

Simultáneamente, desde nuestro ingreso en la Eurozona, quedaron claras las ventajas del equilibrio presupuestario. Un ejemplo lo dio el Gobierno de Aznar, al atajar, con serios cortes del gasto público, asumiendo el coste social, el que fue en 1995, el mayor déficit de las Administraciones Públicas españolas en el siglo XX. Ascendió, según las «Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX», coordinadas por Albert Carreras y Xavier Tafunell (Fundación BBVA, 2005) a 4.835.000 millones de pesetas.

Ahora lo que tenemos delante, al seguir Solbes el mensaje de Borrell -para equilibrar el presupuesto, aumentar la presión fiscal- frente al de Fuentes Quintana -el equilibro se consigue con rebajas en el gasto- es que en la UE-15, de 2000 a 2005, España sea quien más incrementa su presión tributaria. En cambio Irlanda frente a una presión española del 36,4%, tiene sólo una del 32,2%. Recibe el premio de una colosal inversión directa foránea -en 2004, el 25% de la norteamericana en Europa se asentó en Irlanda-, con el complemento, como se lee en el trabajo de Juan Martínez Barea, «El tigre celta. ¿Un modelo para las regiones del sur?» (Fundación Sánchez-Ramade, 2006), aparte de aumentar el empleo de alta cualificación, unas exportaciones nuevas de 60.000 millones de dólares al año, la mitad de nuestro actual déficit comercial. Claro que antes, para rebajar la imposición, el ministro de Finanzas Ray MacSharry, apodado «Mac el cuchillo», puso orden en el gasto, como sucedió en España en 1996.
Esto último precisa, a causa de una instintiva protesta social, del amparo decidido del Presidente de Gobierno al de Hacienda. Como tuvo Fernández Villaverde, en 1900, de Silvela, o Rato en 1996, de Aznar, o MacSharry del primer ministro irlandés Charles Haughey. No hay otro camino.