Izquierda con políticas de derechas

Joan Coscubiela(*)/ elperiodico
Viñeta: Silvia Alcoba

Mi escepticismo no llega al extremo de considerar a todos los partidos iguales, pero viendo la propuesta del Gobierno catalán sobre el impuesto de sucesiones y donaciones se hace difícil no hablar de indistinción política. Las políticas fiscales son claves para definir un modelo social. A través suyo se decide cómo se reparten las cargas y pueden reducir o acrecentar las desigualdades que genera el funcionamiento del mercado. Las reformas de estos últimos años han hecho nuestro sistema fiscal cada vez menos progresivo.

Basta ver el peso que han adquirido los impuestos indirectos, que afectan negativamente a los sectores sociales con rentas bajas que dedican la mayoría de sus ingresos al consumo. O la consolidación de un impuesto sobre la renta dual, que trata infinitamente mejor los ingresos del capital que los obtenidos por el trabajo asalariado. En nombre de la competitividad, las exigencias de desfiscalización de los poderes económicos son continuas y su voracidad insaciable. Tanto como la hegemonía ideológica de la derecha, que aprovecha el desconcierto de la izquierda ante una economía globalizada que permite al capital usar la competencia fiscal entre gobiernos para imponer una armonización a la baja de los impuestos sobre el capital y el patrimonio en cualquiera de sus formas.

HACE UNOS años, unas cuantas familias, constituidas en un lobby muy potente e influyente, consiguieron una exención del 95% en el impuesto de sucesiones y donaciones, amparándose en la defensa de la empresa familiar. Lo que debía ser una política para garantizar la continuidad de la empresa familiar está siendo utilizada para eludir el pago de impuestos de unos pocos privilegiados. Desde entonces las presiones para hacer desaparecer el impuesto de sucesiones y donaciones son permanentes y parece que el Gobierno catalán ha decidido rendirse ante el empuje de los lobis. Para justificar el pragmatismo se utilizan unos argumentos que les sitúan permanentemente a la defensiva. Dicen que ahora solo pagan las clases medias porque las grandes fortunas se escapan, olvidándose que eso es gracias a una reforma anterior hecha con los mismos argumentos. Dicen que si lo hacen las comunidades autónomas del PP, Catalunya no puede hacer otra cosa, olvidando que autogobierno es también asunción de responsabilidades y que la autonomía está para ejercerla. Asumen el alarmismo de la fuga de patrimonios hacia Madrid --nuestra bestia negra--, del que nadie aporta datos, y que la recaudación de este año desmiente. El resultado, de momento, es una propuesta presentada por el president Montilla en un foro empresarial, en el que antes de que dejara de sonar el último aplauso ya se estaban exigiendo más reformas desfiscalizadoras.

La propuesta plantea la exención de hasta 500.000 euros (valor catastral) por heredero cuando se trate de la vivienda habitual del fallecido. Se modifican las tarifas del impuesto de donaciones entre familiares de manera que, cuanto más importante es el patrimonio que se dona, más importante es la rebaja fiscal. Y se anuncia una futura ley para una reforma de fondo. El objetivo evidente es intentar parar la presión de la derecha y los poderosos, pero es de una ingenuidad mayúscula. La diferencia con la Comunidad de Madrid continuará existiendo y por tanto la presión para igualar a la baja continuará. Se van a incentivar las donaciones entre vivos sin esperar al fallecimiento y así se espera mantener la recaudación. Pero el resultado va a ser un sistema fiscal más injusto, especialmente para un alto porcentaje de la población, que necesita de los ingresos fiscales para satisfacer necesidades básicas.
No deja de sorprender que el mismo Gobierno catalán que presenta esta propuesta fiscal pretenda que el indicador de suficiencia de rentas (una especie de salario mínimo para los pensionistas de Catalunya) suba solo el 2% en el 2008, alegando dificultades presupuestarias. Si se aprueba la reforma nos podemos encontrar que personas con pocos recursos, y necesitadas en sus últimos años de una residencia, se vean obligadas a cofinanciar su ingreso con el valor de su vivienda habitual y, a su fallecimiento, no tengan nada que dejar en herencia. En cambio, los que dispongan de patrimonio podrán pagarse la residencia y dejar en herencia una vivienda que quedará exenta de impuestos. Estamos ante un caso claro en el que el sistema fiscal no reduce las desigualdades, sino que las reproduce.

Y QUE NADIE SE haga ilusiones, las presiones continuarán, salvo que alguien recuerde las enseñanzas de Rafael de Campalans y de Antonio Gramsci. Decía el primero, desde la Catalunya de principios del siglo XX, que "política es pedagogía" y pedagogía fiscal las izquierdas hacen más bien poca. El segundo nos recordaba, desde las cárceles de Mussolini, que no es posible avanzar políticamente en los postulados de izquierdas sin ganar la hegemonía cultural en la sociedad. Y en materia fiscal la hegemonía de la derecha es arrolladora. Necesitamos urgentemente un debate a fondo sobre políticas fiscales y que los partidos de izquierda no se instalen en el pragmatismo del "pacto entre poderosos y clases medias", a menos que no se quiera que la abstención de un 40% de la población se convierta en estructural.

*Secretario General de CCOO Catalunya