Denuncias por vivienda

Contra la vivienda indigna. V de Vivienda. Todos juntos podemos.

viernes, agosto 31, 2007

Viviendas al alcance de la mano

Enric Reyna, presidente de la Asociación de Promotores de Barcelona
elperiodico


El 15% de los pisos alquilados de modo fraudulento entrarían en el mercado legal si hubiera incentivos


El Ministerio de Hacienda ha alertado del importante número de viviendas que se alquilan de manera fraudulenta, sin contrato alguno y sin declarar. Casi 650.000 viviendas en la zona costera española. De ellas, más de una tercera parte en Catalunya --250.000 viviendas--, la mayoría en el Maresme, Costa Brava y Costa Daurada.

Este enfoque es eminentemente económico; sin embargo, quisiera llamar la atención sobre otro aspecto que podría llegar a paliar la falta de viviendas de alquiler en nuestro país. Para arrendar una vivienda, el propietario necesita garantías: seguridad en el cobro del alquiler y que, al término del contrato, la vivienda esté en buen estado. Sin estos dos requisitos, son muchos los propietarios que prefieren dejar sus viviendas vacías o alquilarlas temporalmente de forma incontrolada.

Actualmente está pendiente de resolver el Pacte per l'Habitatge, durante muchos años reclamado por la Associació de Promotors de Edificis que finalmente impulsa el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Un pacto que reclama una atención preferente para el alquiler y que no se ha firmado aún, al existir algunos puntos de disconformidad entre promotores y Generalitat. No dudo que al final se alcanzará el acuerdo, pero hay que tener presente que para que un pacto sea viable debe satisfacer a todas las partes.

Pero, además de lo que propone el pacto, una posible solución es impulsar la entrada en el mercado oficial de esa cantidad de unidades que actualmente se alquilan desordenadamente. Sin embargo, para que sea posible, el alquiler ha de ser atractivo económicamente, además de dar seguridad a los propietarios.

En la costa del Maresme, sin ir más lejos, se han alquilado esta misma temporada viviendas por 800 euros a la semana, o, lo que es lo mismo, 3.200 euros al mes. Generalmente se alquilan dos meses, o dos y medio a lo sumo. Es decir, el propietario percibe entre 6.400 y 8.000 euros netos. Si esta misma cantidad la repartimos en 12 meses, nos sale un alquiler de entre 500 y 650 euros al mes.

En las poblaciones en las que se da esta circunstancia, el alquiler medio mensual para una vivienda de 70 a 90 metros cuadrados se sitúa en los 570-600 euros, (unos 7.000 al año). Ahora bien, el importe del alquiler no es neto. Hay que deducir el porcentaje correspondiente al pago por renta como resultado de los ingresos del capital inmobiliario, con lo que son muchos los propietarios que prefieren entrar en el mercado fraudulento, ampa- rándose en una legislación laxa, ya que --no nos engañemos--, se hace a la luz pública y con publicidad manifiesta (por ejemplo, internet).

Con una renta anual posible de 7.000 euros a los que descontar el pago a Hacienda por renta, se puede presumir un ingreso neto de 4.500-5.000 euros, una cantidad que muchos consideraran insuficiente.

En toda Catalunya hay 240.000 viviendas que se alquilan temporalmente de manera incontrolada. Si se ofrecieran incentivos fiscales y garantías, ¿cuántos propietarios llevarían su vivienda al mercado oficial? Por lo menos podrían ser entre un 10% y un 15%. Entre 24.000 y 36.000 unidades. Para construir estas viviendas se necesita, de entrada, suelo suficiente, y tiempo: unos dos años. Sin embargo, tenemos a nuestro alcance viviendas ya construidas. Habría que ser imaginativos en los incentivos, dar seguridad al proceso y convencer a los propietarios de que les puede ser rentable.

El esfuerzo lo debemos hacer todos. Hacienda también. Y quizá valdría la pena incentivar la puesta en escena de este tipo de vivienda con una drástica reducción de la aportación fiscal del propietario.

En cuanto a los beneficios fiscales, para el arrendatario hay bonificaciones del 50% del capital que proporciona el alquiler. Ahora bien, si el arrendatario tiene entre 18 y 35 años, y determinados ingresos, la reducción es del 100%; es decir, no tributa en renta.

Pero tiene un aspecto negativo: primero, porque el propietario preferirá alquilar su vivienda a personas menores de 35 años, lo cual supone una clara discriminación; y segundo, porque en el momento de renovar un contrato, el propietario puede preferir no hacerlo y buscar a otro que sí permita la bonificación.

Por su parte, las compañías dedicadas al alquiler cuentan con una bonificación del 85% en su impuesto de sociedades, y las sociedades de inversión inmobiliaria solo tributan el 1%. Unas medidas que, si bien son válidas para compañías y sociedades, no solucionan el problema de los particulares.

Hay que incentivar fiscalmente la entrada de estas viviendas de propiedad privada en el mercado del alquiler, con medidas que igualen la carga impositiva de los particulares a las de empresas y sociedades de inversión. No olvidemos que la suma de las aportaciones de los propietarios podría llegar a suponer un volumen muy importante de viviendas incorporadas al mercado de alquiler en todo el país de manera inmediata.

Puede hacerse y debe hacerse. Y ello no presupone obviar el Pacte per l'Habitatge, que debe ser consensuado por todos los agentes del sector y convertirse en una realidad para poder construir vivienda asequible, tanto de alquiler como de venta, y hacerse en el tiempo más corto posible.

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