Familias con la hipoteca al cuello

Sandra López Letón/ elpais

Hay unas 180.000 familias en España con problemas para pagar su hipoteca, y se calcula que en un plazo de 18 meses corren el riesgo de ser desalojadas si nadie lo remedia. Sus cuotas hipotecarias han aumentado hasta en un 80% en los últimos tres años, según la Asociación América, España, Solidaridad y Cooperación (Aesco). Más optimistas son en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), donde calculan que alrededor de 75.000 familias podrían perder sus casas.

Al margen de las cifras, ninguna de estas familias se podía imaginar que el tipo de interés que ahora domina sus vidas, el Euríbor, fuera a duplicar su nivel. Por no hablar de las deudas que arrastran por contratar préstamos personales para cubrir los costes de compraventa de la casa, seguros y comisiones de las inmobiliarias, e incluso para hacer reformas. Pero los bancos no perdonan.

El 60% de estas familias son españolas, jóvenes matrimonios y parejas de hecho. El 40% restante son inmigrantes, parte de los cinco millones de extranjeros "convocados por el crecimiento económico español y seducidos por las ofertas de cómprese su casa por menos de lo que cuesta un alquiler", señala Gustavo Fajardo Celis, abogado de Aesco.

Pero a diferencia de los españoles, los inmigrantes no tienen un colchón social para salir del bache. Los nacionales cuentan con la familia, generalmente padres avalistas que hoy pagan el 50% de la cuota hipotecaria. Se calcula que unos 200.000 inmigrantes han comprado vivienda en la época de bonanza económica y bajos tipos de interés. El 60% ha sido el colectivo de ecuatorianos. Y ahora son los más perjudicados. La mayoría se ha hipotecado por unos 180.000 euros y por un plazo de 30 años. "En sus países de origen no podían ni siquiera entrar en los bancos", dice el abogado Fajardo.

La tarjeta de crédito no es la solución

Españoles y extranjeros están sufriendo pérdidas del trabajo, reducción de salarios y algunas familias llevan más de siete meses sin poder comprar alimentos. Lo poco que entra en casa es para pagar la hipoteca. Algunas cuentan cómo están recurriendo a la tarjeta de crédito para completar la cuota hipotecaria, aunque saben que no es una solución.

La situación de Rosa María Afan es desesperada. Tiene 45 años, un hijo de ocho años y una casa en Móstoles que compró en 2005. Entre su pareja y ella ingresan 1.900 euros al mes. Su hipoteca, por valor de 230.000 euros, ha pasado de 750 euros a 1.490 euros en tres años. Sabía que había firmado una hipoteca creciente, con facilidades de pago al principio, pero no conocía las consecuencias. "Me dijeron que dentro de ocho años pagaría 1.000 euros". Además, la hipoteca de Rosa está avalada con la nómina de varios amigos.

No ha dejado de pagar ni una sola letra a costa de no tener dinero para comer. "Estoy pidiendo comida y dinero, no vamos a poder poner la calefacción y la luz la pago cuando puedo". De baja por una depresión, Rosa ha intentado renegociar las condiciones de su préstamo con Caja Madrid, pero ha sido imposible. Denuncia la cantidad de productos que tuvo que contratar: tres seguros de vida, un plan de pensiones, el seguro de la tarjeta, etcétera.

El problema está en los abusos reiterados que han cometido muchas entidades. Bancos y cajas han concedido créditos a familias que no reunían los requisitos de solvencia y por más del 100% del valor de tasación, denuncia la OCU.

Abusos reiterados Ala asociación Aesco han recurrido 3.200 familias que no pueden hacer frente a la hipoteca, de las que 1.500 están en la Comunidad de Madrid. Piden ayuda y dicen que por encima de todo quieren pagar su casa. "Sólo queremos seguir pagando lo mismo que hace tres o cuatro años, antes de la subida de los intereses", dicen varios afectados. Todos ellos han constituido la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares Hipotecadas Impagables (UPVFHI), impulsada por Aesco, que lucha para buscar una salida a la inminente pérdida de las viviendas y a "la persecución de las entidades para cobrar el resto del préstamo". Estamos hablando de unos 70.000 euros, porque "el dinero que se obtiene con la subasta de la casa cubre sólo el 60% de la deuda", señalan en Aesco.

Esta asociación ha llegado recientemente a un acuerdo con el Colegio de Abogados de Madrid para ofrecer a estas familias justicia gratuita y el nombramiento de abogado y procurador de oficio para la interposición del concurso voluntario de acreedores (establecer moratorias y negociaciones de pago con los bancos para que se arbitre una situación transitoria mientras duran las dificultades económicas). Ya hay 600 familias que han presentado las solicitudes, otras 900 preparan la documentación y hay una centena de letrados para la defensa de estas personas.

Son ya 150 las familias que han sido llevadas a un proceso de ejecución hipotecaria. Es el caso de Marisol Sarango, ecuatoriana con la nacionalidad española. La primera subasta es declarada desierta, por lo que el banco se queda con la vivienda y la cede a una inmobiliaria de su cuerda. Marisol es desalojada. Pero el precio de la venta judicial sólo ha cubierto entre un 40% y un 50% del préstamo hipotecario. Así, tanto el salario como cualquier ingreso de Marisol está siendo embargado. Tan sólo queda a salvo el salario mínimo interprofesional.

Otras familias tratan de negociar con el banco antes de que sea demasiado tarde. Rommy Orlando Loaiza tiene 27 años y lleva 14 en España. Está casado con la española Silvia Quiroga y tienen un hijo de ocho años. En 2005 compraron un piso, hipotecándose al 100%, y su primera letra fue de 970 euros mensuales. La agencia encargada de la compraventa, Tecnocasa, les cobró 35.000 euros por los servicios y les aseguró que en tres años la letra les subiría unos 100 euros. "Era montador de andamios eléctricos y echando horas llegaba a los 1.700 euros, así que pensé que podía asumirlo", dice Rommy.

Subidas e intereses

Pero al tercer mes la hipoteca comenzó a subir, hasta los 1.100 euros. Rommy lleva en paro cinco meses y su cuota es ahora de 1.700 euros, de los que 1.500 euros son intereses. Está pagando lo que puede, sus 800 euros de paro y parte de lo que gana Silvia, pero no les da. Han alquilado su casa y se han marchado a casa de sus padres.

"Es increíble que el Banco Central Europeo ponga a disposición de los triunfadores de la burbuja miles de millones de euros, pero nadie se ocupe de las víctimas de ese festín", señala Quiroga. Caja Madrid les ha propuesto pagar una cuota fija durante tres años de 1.300 euros, pero tampoco pueden hacer frente a esta cantidad. "Como ven que estoy pagando parte todavía no me han dado un ultimátum", indica Rommy.

Carmen Segura cuenta cómo, sin saberlo, ella y su familia se han convertido en avalistas del piso de su hija de 23 años. Un piso que en total tiene cinco avales. Hace cuatro años se compró una vivienda de 222.000 euros y Tecnocasa les indicó que el compromiso del aval era sólo por tres años. No era verdad. "Ahora yo y cuatro familiares somos copropietarios de un piso durante 25 años y no lo podemos pagar", dice Carmen. La hija de Carmen, con depresión y un bebé, empezó a pagar 960 euros y ahora la letra suma 1.450 euros. Hace seis meses que no pagan y deben ya 8.500 euros. Todos están en el fichero de morosos Asnef. La entidad financiera vuelve a ser Caja Madrid, cuya tasa de morosidad ha pasado del 0,7% al 3,57%, cifra muy superior a otras cajas. En sólo 12 meses sus créditos de dudoso cobro se han multiplicado por cinco.

Esta caja ha propuesto a Carmen y a su familia un único plazo fijo de 1.220 euros durante 40 años, pero saben que tampoco es una solución. De momento, ingresan en el banco entre 300 y 400 euros al mes y han alquilado dos habitaciones de su casa por 500 euros.

Y es que el encadenamiento hipotecario ha sido una de las prácticas estrella durante los años del boom. "Constituye un riesgo altísimo, ya que basta que uno de los eslabones deje de pagar para que el banco, que tiene domiciliado el pago de todos los encadenados, cobre el impago", dice el abogado Fajardo.

El caso de Pilar sorprende especialmente. Tiene 45 años, es española y ha avalado a tres familias africanas con su propia vivienda. Ahora debe la hipoteca de tres casas, gana 800 euros al mes y sabe que la van a embargar de un momento a otro. Melida Carmelina Berrezueta, con un sueldo de 500 euros, ha sido avalada por tres personas con similares ingresos, pero a su vez figura como avalista de ellos, por lo que es deudora solidaria de 600.000 euros. Y, además, debe los 200.000 euros de su vivienda.

Retención de los depósitos

Diez familias han sufrido ya la retención, sin autorización judicial, de sus depósitos bancarios para el pago de deudas de otros avalados, dicen en Aesco. "Esta práctica constituye una auténtica apropiación indebida y un abuso de las entidades bancarias", señalan.

Los inmigrantes se enfrentan a otro problema. Comienzan a conocerse los primeros casos de entidades financieras que han vendido seguros a inmigrantes trabajadores con contratos por obra y servicio, sabiendo de antemano que sólo cubren la baja de titulares con contratos indefinidos, dice la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que ha impulsado un colectivo de damnificados que no pueden hacer frente a la subida de su cuota. A muchos hipotecados les han vendido el seguro por desempleo por importes que oscilan entre 4.000 y 10.000 euros cuando carecían de contrato de trabajo indefinido, requisito esencial para poder cobrar las cuotas hasta por 12 meses.