Un símbolo de la crisis inmobiliaria

CINCO DÍAS

Cuando en febrero de 2007 una atrevida inmobiliaria cotizada llamada Astroc inició un súbito derrumbe del precio de sus acciones, los buenos olfateadores ya llevaban unos meses alertando de que el boom inmobiliario español había concluido. Todas las compañías dedicadas a la promoción comenzaron a ceder posiciones, y la banca, sector agitador de la actividad inmobiliaria por el crecimiento fácil de una cartera de crédito con garantía real, comenzó a encajar también el golpe lentamente. Los efectos sobre la situación financiera de las empresas inmobiliarias eran cuestión de meses, especialmente tras precipitarse también la crisis financiera mundial.

Esta semana, tras duras negociaciones con la banca acreedora, Martinsa Fadesa ha optado por el concurso de acreedores, situación que la antigua ley concursal identificaba como suspensión de pagos. Es la suspensión más voluminosa de la historia de España y supone la caída en desgracia de la promotora inmobiliaria con más actividad, con una creciente presencia en los mercados exteriores. Este sí parece que será el desgraciado símbolo de la crisis. La primera gran víctima tiene en cartera 173.000 viviendas y 30 millones de metros cuadrados de suelo de generosa calidad; unos activos valorados en casi 11.000 millones de euros, según arroja una reciente tasación. Sin embargo, la deuda bancaria supera los 5.200 millones en un momento en que hacer liquidez, vía venta de activos o vía crédito, es, como queda demostrado, imposible para alguien que hace y vende casas.

Pero de la caída de Martinsa Fadesa hay más perjudicados que sus accionistas, sus acreedores o sus humildes clientes particulares. Una suspensión de pagos no es el fin del mundo, sino un mecanismo para sacar adelante un proyecto atascado por falta de liquidez y que tiene razonable resolución si la buena voluntad de las partes accede a un sacrificio compartido. Huir hacia delante para salvar la suspensión hubiera retrasado y agravado el problema de la compañía.

Gran perjudicado con esta situación es la economía española, que proyecta una imagen exterior de extrema vulnerabilidad, cuando desde hace más de un año importantes sectores de la prensa y la banca de inversión anglosajona habían puesto bajo vigilancia todo lo que se movía en el país. Ayer, una vez más, España sufrió con más virulencia las sacudidas de los mercados financieros por el alto componente inmobiliario de su actividad y la apalancada expansión de sus corporaciones. El Gobierno, al que se le ha solicitado mediación y un pequeño socorro financiero para evitar la suspensión de pagos, se ha encontrado en una compleja encrucijada. Asumir el coste de intervenir o el del impacto que una suspensión de pagos de esta magnitud tiene en la opinión pública, tanto nacional como internacional. Ha optado por la segunda, siguiendo la tesis defendida por Pedro Solbes.

Aunque Martinsa Fadesa es la primera sociedad cotizada que pasa por el juzgado, otras de parecido tamaño han salvado los muebles por la intervención de los bancos, caso de Colonial. La economía debe prepararse para encajar nuevos episodios como éste, y los acreedores bancarios, para provisionar nuevas deudas de, al menos, cuestionable recuperación.